Afirman que la medida de etiquetar las llamadas de reclusorios las perjudica

Reas extranjeras piden a autoridades tarifas telefónicas accesibles

El derecho de hablar no se les ha quitado, pero tienen que pagar, afirma Encinas

AGUSTIN SALGADO

La decisión de "etiquetar" las llamadas provenientes de los centros de reclusión es una medida positiva, pero las autoridades del Gobierno del Distrito Federal no deben eludir su obligación de brindar una alternativa viable para que los presos de origen extranjero accedan al servicio de telefonía internacional a precios accesibles, así lo advirtió el dirigente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Cortés.

El viernes pasado, internas extranjeras del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, denunciaron que desde que entró en vigor el convenio para la Seguridad y Control de las Comunicaciones Telefónicas en Centros Penitenciarios, "en los hechos" se mantienen incomunicadas con sus familiares, debido a que les resulta imposible asumir el gasto que representa comunicarse vía telefónica a sus países de origen mediante el servicio ofrecido por la compañía de Teléfonos de México (Telmex), que es el único al que pueden acceder actualmente.

La diferencia de costos entre Telmex y alguna de las compañías internacionales que ofrecen tarjetas de prepago, como Andina o Planet Connection, es considerable. Por mencionar un sólo ejemplo: el costo por minuto establecido por Telmex para comunicarse desde una caseta telefónica a Europa y Sudamérica es de 20 pesos, mientras que con una tarjeta de Andina de 100 pesos es posible hablar más de 45 minutos a cualquier ciudad de Colombia.

El problema radica en que para utilizar las tarjetas de prepago internacional es necesario comunicarse a una línea telefónica local que trabaja de manera automatizada, por lo cual, al ofrecerle la alternativa de aceptar o no la llamada proveniente de un reclusorio, simplemente se corta la comunicación.

"Creo que esta medida no debe significar o convertirse en un mecanismo que en los hechos impida la comunicación de los internos extranjeros con sus familias", explica el secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

"Un componente de la readaptación social es poder mantener de manera adecuada y fluida la comunicación entre internos y familiares y en este caso, sobre todo por cuestiones de costo, se dificulta para los internos e internas. Me parece que es una responsabilidad del gobierno encontrar alguna alternativa y en caso contrario pues estaría incumpliendo con uno de los derechos fundamentales", abunda el activista.

Al término de la reunión del gabinete de seguridad y procuración de justicia, el director general de Prevención y Readaptación Social del GDF, Antonio Hazael Ruiz, señaló al respecto: "lo que tendríamos que encontrar es una solución técnica. Estamos en espera a que los especialistas, los técnicos de Telmex, nos den una respuesta. Lo que sí puedo decir es que estamos interesados en que ellas puedan tener una conversación con sus seres queridos, con sus familiares".

A pesar de que en ningún momento las internas de Santa Martha Acatitla han solicitado un subsidio o un trato especial para ejercer su derecho a la comunicación, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, estableció: "hay que señalar que el derecho a comunicarse con sus familiares está garantizado, que ese es el principio fundamental y es un derecho humano que nosotros lo vamos a respetar. Ya la cuestión de las tarifas no es asunto nuestro, ahí cada quien tendrá que pagar el costo de sus llamadas".

Al respecto, Edgar Cortés, dijo: "Es cierto que no les impiden la comunicación, pero la realidad es que las nuevas circunstancias limitan o pueden limitar significativamente el tema de la comunicación. No creo que se pueda plantear el problema como un asunto de tarifas porque a fin de cuentas en este momento los presos extranjeros no tienen una alternativa, no pueden decidir qué opción utilizar.

"Por la vía de los hechos, este problema sí puede traducirse en una seria limitación y es una responsabilidad del gobierno brindar una alternativa, ya que el derecho no es únicamente que exista la posibilidad de comunicación sino que hayan las condiciones para ello. No se trata sólo de cumplir con la formalidad, sino que el derecho se pueda ejercer y en estas circunstancias por términos de costo, éste derecho esta limitado."

En la denuncia realizada por las reas extranjeras en ningún momento se critica la medida para "etiquetar" las llamadas telefónicas de cárceles ni tampoco se niega que aún existe la posibilidad de realizar llamadas desde el interior, únicamente se establece que, en su caso específico, el precio para hacerlo se ha encarecido enormemente.