Pensar los acuerdos
En el contexto del 16 Congreso Nacional de Economistas, Carlos Slim presentó el llamado Acuerdo de Chapultepec. El Colegio Nacional de Economistas me invitó a comentarlo, y a continuación presento algunas de las opiniones hechas la noche del miércoles pasado.
El Acuerdo nacional para la unidad, el estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo convoca a conciliar y a construir cuanto antes un contexto de exigencia desde la sociedad para que los políticos y los gobernantes piensen y decidan en torno a objetivos que se consideran fundamentales. No es, como han dicho algunos observadores, un giro al viejo corporativismo autoritario, sino, más bien, el reconocimiento de que ni el mercado más amplio y perfecto (que no es nuestro caso) ni la democracia más productiva y representativa (que tampoco lo es) pueden, por sí solos o combinados, producir el clima y el esfuerzo social necesarios para poner al país en la senda de un crecimiento sostenido y alto, como el que se requiere para alcanzar las mínimas metas de equidad y bienestar indispensables para darle sustento a la democracia. El acuerdo es un instrumento apropiado para sociedades complejas, e indispensable para países heterogéneos y desiguales como México.
Para contribuir al avance del acuerdo, hay que asumir que en el curso del cambio estructural para la globalización de la década pasada se incurrió en tres grandes excesos, de los que no se ha salido y que el gobierno actual quiso continuar de manera simplista y acrítica. Es preciso hacerlo, para entrar pronto a una pauta de expansión promisoria. No hay que confundir medios con fines, como se insiste en el acuerdo, pero tampoco hay que olvidar que objetivos como los propuestos implican costos y la posposición de satisfacciones que deben distribuirse equitativamente, si se quiere propiciar un clima de cooperación económica y social.
1. Para integrarnos en el proceso globalizador que irrumpió impetuoso después de la caída del muro de Berlín, se hizo una opción radical por el Norte y nos olvidamos del Sur, sin considerar que ahí también se daban procesos de cambio e integración que no podían sernos indiferentes. Lo peor es que aparte del Sur como metáfora (América Latina, India, China, Africa), también nos olvidamos del sur de México, donde se concentran grandes recursos y población, así como pobreza, los más bajos índices de desarrollo humano y la casi absoluta falta de acceso al mercado nacional y mundial. El estado del sur de México es la medida multidimensional de nuestro subdesarrollo.
2. Se optó, también de manera radical, por el mercado externo y se descuidó el mercado interno, que se segmentó y apenas creció. Con ello se dio lugar a un "trialismo", como lo ha llamado Enrique Hernández Laos, que no puede producir crecimiento sostenido y alto, ni empleo formal y digno.
3. Peor aún: se apostó de manera ingenua por el mercado y contra el Estado, precisamente cuando las dislocaciones sociales y regionales producidas por el cambio estructural y la propia evolución democrática demandan un Estado fuerte y legítimo. Hoy constatamos que no hay mercado sólido sin Estado robusto, pero el daño se hizo.
¿Qué hacer ahora? Primero, admitir que las decisiones más ambiciosas del cambio estructural acelerado ya dieron de sí. Ni el TLCAN ni el resto de los tratados de libre comercio firmados en estos años podrán por sí solos asegurar el crecimiento de la demanda externa o de la IED que la economía requiere para aumentar su ritmo de crecimiento y sostenerlo. Es preciso buscar nuevos senderos de globalización a partir de nuestras estructuras y capacidades actuales para "nacionalizar" la globalización. En particular, urge replantear nuestra relación con el Norte y urgir a los socios a una nueva ronda que busque ampliar el comercio pero sobre todo la inversión y la cooperación para el desarrollo del socio más débil.
El desafío es hacer que la apertura externa trabaje a nuestro favor. Para ello hay que admitir que mucho de lo que se logre depende de lo que hagamos internamente, en las relaciones sociales que determinan la velocidad y la calidad de la acumulación de capital, y en la orientación de la política económica y social. De poco sirve, como se dijo recientemente, saber que se cuenta con finanzas públicas sanas pero vulnerables. Sin un Estado fiscal activo, capaz de promover y de redistribuir, como propone el acuerdo, el avance será magro y frustrante.
Quizás, como lo sugirieron José Casar y Jaime Ros (Nexos, 10/04), lo primero deba ser una reforma de la política macroeconómica, pero esto no es fácil hacerlo en medio del cuasi estancamiento económico que vivimos y de la confrontación política exacerbada por el agotamiento de la "primera" alternancia. El acuerdo, sin embargo, invita a imaginar una reforma de esta suerte.
Hacia delante, es indispensable una estrategia nacional de inversiones. Poner en el centro la inversión productiva y fomentar procesos regionales que integren el mercado interno al externo. Aquí, también, urge una nueva ronda con las empresas trasnacionales que tanto promovieron el TLCAN. Difícil será avanzar si la inversión nacional privada y pública se mantiene entrampada a la espera de reformas mitológicas.
También es crucial renovar los mecanismos de mediación del conflicto social. El presidencialismo autoritario se fue y el corporativismo vive vida vegetativa, aunque el gobierno busque revivirlo hoy con los peores artilugios. Pero, a la vez, es claro ya que ni los partidos ni el Congreso pueden encauzar eficazmente las contradicciones sociales acumuladas por el cambio y acentuadas por el estancamiento productivo y el enfrentamiento político. Es indispensable airear el pacto social, reconstruirlo y propiciar formas de entendimiento y acuerdo entre las fuerzas sociales. La UNT propone un consejo económico y social que impulse un "corporativismo social" expresamente sujeto al mando democrático, de partidos, Congreso, división de poderes, y lo mismo ha hecho David Ibarra en su más reciente libro (Ensayos sobre la economía mexicana, FCE, 2005).
La convocatoria de Chapultepec es un importante punto de partida, pero no hay que olvidar que el diablo está en los detalles. El balance entre medios y fines, y entre los propios instrumentos a usar, tiene que ser producto del debate ideológico y político, pero también del rigor analítico y técnico. Y los economistas y otros profesionales pueden rescatar en esto su papel de conciencia crítica y racional.
Por último, pero no al último. Hay que darle a la protección social un estatuto constitucional, como condición para aumentar la cohesión y fortalecer el piso social de la democracia y del mercado interno. Para superar la contradicción fundamental que congela nuestro presente: pobreza, más concentración del ingreso, más precariedad laboral, contra mercado dinámico y consolidación democrática.