El problema se inició la tarde del 3 de febrero; la cancillería enredó aún más el asunto
La expulsión de los 16 cubanos por parte del Sheraton detonó el conflicto
Washington ordenó al establecimiento aplicar extraterritorialmente la ley Helms-Burton
Es sólo un problema ''entre particulares'', aseguró el canciller Luis Ernesto Derbez
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Acceso al hotel, ayer
Foto: Alfredo Domínguez
La cronología del cierre del hotel Sheraton María Isabel se inició la tarde del viernes 3 de febrero, cuando una delegación de 16 ciudadanos cubanos -entre ellos funcionarios de alto rango- fueron desalojados del establecimiento por instrucciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El viceministro primero del Ministerio de la Industria Básica de Cuba, Raúl Pérez de Prado, quien formaba parte de esta delegación, denunció ese mismo día que el desalojo se produjo por instrucciones de Washington, bajo el argumento de que se violaba la ley Helms-Burton, que prohíbe a empresas estadunidenses de todo el mundo realizar transacciones con Cuba.
Así, la delegación que llevaba a cabo el primer encuentro en su tipo para conocer las oportunidades de negocios en el sector petrolero, del gas y eléctrico en la isla, tuvo que suspender la reunión y trasladarse al hotel Colón Misión Reforma, como lo informó Juan Fleites, director de la empresa comercial Cupet de Cuba.
El lunes 6, la cancillería mexicana se apresuró a señalar que éste era un asunto "entre particulares", por lo que no tendría que intervenir. En tanto, la vocera de la embajada de Estados Unidos en México, Judith Bryan, avaló la acción tomada por el Sheraton al señalar que esta compañía tenía que acatar las leyes de Estados Unidos.
El 7 de febrero, ante la nota diplomática enviada por el gobierno de Cuba por el desalojo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya se investigaba el caso y que, de comprobarse ''violaciones a la Ley de Protección al Comercio y la Inversión'', se aplicarían ''sanciones administrativas'' a dicho establecimiento turístico.
El canciller Luis Ernesto Derbez por fin entraba al asunto, pero tibiamente sostuvo que se enviarían los antecedentes de este caso a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) y al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para que investigaran los hechos. Sin embargo, el funcionario reiteró en ese momento que el desalojo se debió a un acto de ''discriminación'' y no a la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton, de Estados Unidos, con lo cual dicho hotel podría sufrir sanciones, pero ninguna de ellas correspondería aplicarla a la cancillería.
Ese mismo 7 de febrero, integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba clausuraron simbólicamente el Sheraton e intentaron prender fuego a una bandera de Estados Unidos.
Al día siguiente, la jefa delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, aseguró que había elementos suficientes para proceder a la clausura temporal, revocación de la licencia de operación e imposición de una multa al hotel Sheraton María Isabel, luego de que se confirmara que violó diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Fue hasta el 9 de febrero cuando el titular de la Secretaría de Economía, Sergio García de Alba, tomó la palabra en este caso y dijo que la dependencia a su cargo tenía competencia para verificar la aplicación del artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor. Según informó la cancillería, había iniciado un proceso administrativo de investigación para el cual el Sheraton tenía hasta el 2 de marzo para responder y luego la secretaría tenía otros 10 días para integrar el expediente o emitir una resolución, es decir, hasta el 12 de este mes, pero antes actuó la jefa de la delegación Cuauhtémoc para clausurar el establecimiento turístico.