El Ejecutivo deberá suspender la difusión de obras 40 días antes de los comicios
Aprueba el IFE acuerdo de neutralidad que deben acatar funcionarios públicos
Con el apoyo de todos los partidos y coaliciones -incluido el respaldo "con desgano" de Acción Nacional-, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó este domingo el acuerdo de neutralidad de los funcionarios públicos. Con ello, los ejecutivos federal, estatales y municipales deberán cancelar la difusión de obra pública 40 días antes de los comicios y estarán impedidos de asistir a actos electorales en días hábiles.
Tras destacar que ésta es la medida más importante que en materia de neutralidad del Poder Ejecutivo haya adoptado el IFE, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, destacó que "es indispensable que el diálogo entre electores y los candidatos se desarrolle de manera directa y abierta, sin que medie influencia o presión al elector y sin ventajas indebidas para ningún candidato".
Tanto la representación del PRI, que designó a Fernando Solís Acero -quien salió del IFE en medio de una polémica cuando ocupaba el cargo de secretario ejecutivo-, como la de la coalición Por el Bien de Todos, con Horacio Duarte, destacaron la importancia del acuerdo para contener el intervencionismo presidencial en la contienda. Con matices, ambos pugnaron -infructuosamente- por ampliar su vigencia a 60 y 90 días, respectivamente.
Sería el representante del PAN, Germán Martínez, la voz discordante en la sesión extraordinaria, al considerar que en los tiempos del "presidencialismo imperial priísta" la limitación del Ejecutivo compensaba la falta de libertades. A su juicio, las condiciones actuales ya no justifican del todo la pretensión de silenciar al Presidente, pues, estimó, en democracia la gestión de gobierno debe ser objeto de intercambios deliberativos "y los gobernantes no pueden ser acallados cuando su actuación se somete a escrutinio libre".
Martínez criticó los alcances del acuerdo y remató: "en democracia no se puede afirmar que Luis Echeverría es un corrupto y un represor; en la democracia mexicana no se pueden criticar las debilidades de carácter o los argumentos de los adversarios, se debe aguantar estoico el embate de los oponentes; en democracia se debe poner la otra mejilla para el gobernante; se ha dado carta de naturalización a criticar sin ser criticado; un ciudadano que hace política debe detenerse a pensar dos veces antes de llamarle autoritario a Mario Marín".
La respuesta de Duarte fue casi inmediata, al señalar que, más allá de los ejercicios teóricos del panista, lo concreto era impedir que el Ejecutivo use de manera facciosa los recursos públicos en favor o en contra de un candidato. "El poder no puede ser propiedad de un partido político y si bien es cierto que llegó a su fin el presidencialismo imperial, también es cierto que llegó la pareja presidencial."
Duarte destacó la importancia que tendrá en la campaña este paso para garantizar la neutralidad del Poder Ejecutivo en las campañas, pero lamentó que la restricción para difundir la obra sólo abarque 27 por ciento de la campaña. Asimismo, destacó la importancia de limitar la participación de funcionarios públicos, pero reprochó que solamente se hayan considerado los días hábiles, pues aun cuando los funcionarios descansan, mantienen su cargo.
Críticas
Quienes también criticaron duramente el activismo presidencial fueron los priístas Solís Acero y Martha Tamayo. El primero consideró fundamental este acuerdo para atemperar la participación de los funcionarios públicos y crear un espacio propicio para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de los candidatos.
Solís Acero destacó que en la campaña de promoción "de la presunta obra pública del gobierno federal se ha utilizado la presencia del Ejecutivo y su participación discursiva en giras de trabajo, con el propósito evidente de tener un lenguaje de apoyo al candidato del partido gubernamental y la denostación y -en algunos casos- el vituperio en contra de algunos abanderados".
Tamayo criticó que en la actualidad se tenga que ver la imagen presidencial hasta en la sopa, y deploró la pretensión del presidente Vicente Fox de hacer creer al ciudadano que sus visiones sobre el crecimiento económico y del empleo son ciertas, "sólo a partir de la lógica mercadológica de 'toma Coca-Cola'". Ambos priístas consideraron necesario que se eximieran las horas inhábiles entre semana para que los funcionarios pudieran asistir a actos públicos.
Las coaliciones Alianza por México y Por el Bien de Todos pidieron a los consejeros que se consideraran parte de las restricciones las intervenciones negativas en contra de otros candidatos, porque forman parte de una campaña de apoyo al aspirante oficial.
En respuesta, el consejero Virgilio Andrade justificó el hecho de marginar este punto en función de que en las contiendas electorales, no habiendo relección, la gestión y políticas públicas son sujetas a juicio en las campañas políticas. Por ello, mantener la libertad de réplica es un derecho elemental de los gobernantes.
Por su parte, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar destacó la importancia de limitar la difusión de la obra pública durante 40 días, porque la pretensión es quitar el sesgo electoral a la promoción. De igual forma, justificó -junto con Andrade y Alejandra Latapí- lo que consideró era una "militancia pasiva" de los funcionarios, porque al tener acceso privilegiado a medios de comunicación y ejercer un liderazgo en la comunidad, deben tener limitantes en su ejercicio.
Finalmente, Ugalde llamó a los partidos a difundir los términos del acuerdo entre sus militantes distinguidos y destacó la importancia que tiene para la vigencia del mismo el respaldo de todos los partidos, por lo que llamó a los gobernantes a su estricto cumplimiento.
En este mismo sentido dijo que el IFE mantendrá su postura de que los gobiernos puedan mantener la difusión de obra en los periodos que no fueron restringidos. Con estos dos aspectos, los ciudadanos tendrán la libertad de conocer las propuestas de candidatos y los logros de gobierno.