Usted está aquí: jueves 16 de febrero de 2006 Política Sugiere constitucionalista que intervenga PGR

Si las cintas son reales, Marín es un delincuente que dirigió un secuestro: Valdés

Sugiere constitucionalista que intervenga PGR

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El doctor en derecho constitucional Clemente Valdés no esconde su molestia y preocupación por la "colusión" del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, con el empresario Kamel Nacif para afectar a la periodista Lydia Cacho, y puntualiza: "Cualquier persona puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra esos sujetos, porque hay una violación gravísima a la Constitución, y no sólo hubo incumplimiento, sino burla al sistema de derecho en el que decimos vivir".

En entrevista con La Jornada, el especialista en temas jurídicos refirió que de comprobarse que son reales las grabaciones que difundió este diario el martes, quedaría al descubierto que en Puebla no existe división de poderes y que su procuradora y los jueces locales son "cómplices subalternos" del gobernador, al encubrir las "arbitrariedades" de su jefe.

El autor del libro La prescripción de los delitos de los gobernantes precisó: "Lo que tenemos ahora son indicios muy fuertes de que el señor Mario Marín ha incurrido en delitos especialmente graves, y siendo gobernador de un estado, podrían configurarse, entre otros, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

"Si esto es así, si se confirma que son reales las transcripciones que publicó La Jornada, se impone como urgente la actuación de la PGR, pues con los indicios que hay en este momento, la procuraduría federal debe abocarse al conocimiento del caso, aunque parece adecuado mas no imprescindible que se presentara una denuncia de hechos.

"No se está tratando de una querella por parte de la periodista Cacho, pues no es únicamente lo que ella haya padecido por este motivo, sino que es algo muchísimo más grande; se trata de un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales y básicos relacionados con la libertad personal que no es posible pasar por alto", indicó el jurista.

Agregó que el gobernador poblano debería dejar el cargo ante la gravedad de los hechos, "pero creo que no debemos hacernos ilusiones sobre la posibilidad de una renuncia".

Refirió que es indispensable partir de que las pruebas que se tienen, las grabaciones que se han dado a conocer, efectivamente sean auténticas. "Si esto es así, no es el caso de que tengamos que ocuparnos de si Cacho actuó bien o mal en su investigación periodística, esto no es el tema, sino que es mucho más serio y rebasa cualquier irregularidad o acto de violación a la libertad de expresión.

"Lo importante aquí es que estamos presuntamente frente a un delincuente (Mario Marín) en funciones, un alto empleado del gobierno de Puebla que daba indicaciones y fue capaz de dirigir un secuestro", puntualizó.

Valdés sostuvo que el asunto más preocupante de los hechos es que todo parece indicar que un alto empleado puede cometer estos delitos cotidianamente. "Y es que aun imaginando que la acusación contra el empresario (en referencia al libro de Cacho, Los demonios del Edén) hubiera sido calumnia o difamación, un proceder como el del gobernador es intolerable en un régimen republicano."

Indicó que el caso es preocupante porque "tal parece que se vuelve a las peores épocas de la dictadura que vivimos más de 50 años, cuando los gobernadores perpetraban todo tipo de actos criminales".

 
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