Magistrado plantea que se pudo manipular la liberación de Rubén Omar Romano
Exigen jueces castigar a funcionarios que permitieron falsear operativo
La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar y sancionar a los funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que en diciembre pasado permitieron manipular un operativo de captura de una banda de presuntos secuestradores, entre quienes figura una ciudadana francesa, porque acciones como ésa desacreditan la labor policiaca, coincidieron jueces y magistrados federales en materia penal.
Consultados por La Jornada, los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) indicaron que "es muy común" que la AFI "filtre" a los medios de comunicación la información que le conviene "para mejorar la imagen de la policía" o "presente en la televisión en horarios estelares los casos que resultan escandalosos y dan buenos créditos a la PGR".
Agregaron: "en repetidas ocasiones ha sucedido, porque nos enteramos cuando nos solicitan cateos o intervenciones telefónicas, que la AFI tiene perfectamente ubicadas a bandas delictivas o a víctimas de algún secuestro, y luego, cuando se registran escándalos políticos que pudieran afectar la imagen gubernamental, hacen alarde en los medios de comunicación de su eficiencia, como para generar cortinas de humo".
Incluso, un magistrado federal del primer circuito indicó: "Son todo un caso (los agentes de la AFI), se infiltran en todos lados y cuando lo requieren manipulan las investigaciones para favorecer o perjudicar a quien sea. ¿O tú crees que fue casual que el (21 de septiembre de 2005) día en que murió (Ramón) Martín Huerta (ex secretario de Seguridad Pública federal, quien falleció tras desplomarse el helicóptero en que viajaba rumbo al penal de La Palma), la AFI liberara a Rubén Omar Romano (técnico del equipo Cruz Azul que estuvo secuestrado 65 días)? Claro que no".
Muchas veces, abundaron, los agentes federales presentan sus "informes manipulados" a la autoridad ministerial, ya que "se incluyen horarios y fechas alteradas a conveniencia de la autoridad policiaca".
Los juzgadores, quienes solicitaron el anonimato, indicaron que un caso suscitado la semana pasada, el cual causó duda entre los funcionarios del PJF, fue una solicitud de cateo en el Distrito Federal, presuntamente para ubicar al colombiano Estephan Bartis Marín, ligado al cártel de Juárez, quien sin embargo había sido detenido por la AFI horas antes de que un juez federal concediera la orden de cateo correspondiente.
A su vez, abogados penalistas entrevistados telefónicamente señalaron que otros casos como el de la francesa Florence Cassez, acusada de formar parte de una banda de secuestradores, "no trascienden al ámbito jurídico, ni afectan las investigaciones de la autoridad frente a los tribunales", sólo representan un tema de carencia de "ética profesional", que surge por la necesidad de las instituciones de procuración de justicia de mejorar la "pésima imagen" de los cuerpos policiacos.
Para el abogado Marcos Castillejos, hechos como el del pasado 9 de diciembre en un rancho ubicado en la carretera federal a Cuernavaca, Morelos, donde se recreó para los medios de comunicación la liberación de tres personas que estuvieron secuestradas, no deberían existir, pero se repiten constantemente.
Refirió que "es una muy mala costumbre proceder a ese tipo de exhibiciones (que hace la AFI), aunque no debemos olvidar que es importante que la policía envíe mensajes de prevención y combate al delito, pero sin manipular hechos".
A su vez, el penalista Juan Velásquez indicó que difundir la acción de las policías y hacer campañas mediáticas cuando cumplen con su deber "no está mal; lo que me parece totalmente reprobable es que se dé alguna recreación de hechos inventados o que nunca hubieran sucedido".