Negroponte presionó a empresarios mexicanos

Compañías estadunidenses, en contra de la ley Torricelli

CARLOS FAZIO

Repudiada mundialmente, la ley Torricelli, patrocinada por la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) de Jorge Mas Canosa, tuvo un singular rechazo en Estados Unidos: un grupo de corporaciones estadunidenses, algunas de ellas casas matrices de firmas mexicanas que sostenían comercio o estaban realizando inversiones en Cuba, no sólo se opusieron a la ley sino que ejercieron presión contra ella. Según el Wall Street Journal, no se conocían actividades anticubanas del representante demócrata de Nueva Jersey, Robert Torricelli, hasta que los fondos de la fundación comenzaron a alimentar su cuenta bancaria.

Los primeros efectos del "espíritu Torricelli" también se habían hecho sentir en Buenos Aires, donde las filiales argentinas de las empresas estadunidenses Continental y Cargill decidieron suspender la venta de cereales a Cuba en cumplimiento de la ley. En noviembre de 1992, Carlos Lage, secretario del Consejo de Ministros de Cuba y principal artífice de las reformas económicas, acusó en La Habana a Estados Unidos de obstaculizar el crecimiento de las inversiones externas en la isla mediante el acoso a los potenciales inversionistas.

Lage aseguró que "diplomáticos" estadunidenses en el exterior "llevan a cabo una campaña para desalentar las inversiones extranjeras" en Cuba. "Hablamos de embajadores que hostigan a los inversionistas. Hablamos del triste y ridículo papel de un embajador que tiene como misión ver quién viene a invertir en Cuba, para entonces llamarlo, amenazarlo y presionarlo", indicó.

La alusión fue obvia: en México, el embajador John Dimitri Negroponte había presionado a Lorenzo Zambrano, de Cementos Mexicanos (Cemex), e intentado desalentar a los empresarios de Monterrey Mauricio Fernández Garza y Danny Tafich, quienes estaban en proceso de formación, junto con el Estado cubano, de la empresa mixta International Textil Corporation. Pese a las presiones estadunidenses, la lógica del mercado se iba imponiendo lentamente en Cuba. Según afirmó entonces Fernández Garza, Estados Unidos se estaba quedando fuera del proceso de modernización de la economía en Cuba.

La situación llevó a un grupo de corporaciones de Estados Unidos a oponerse a la ley Torricelli. Destacaron los testimonios presentados ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes por la compañía Otis Elevators, la empresa Carrier, la Amstar Corporation, compañía azucarera que tenía pendiente una reclamación a Cuba por indemnización, y el World Trade Center de Tampa. Además, importantes compañías como la Continental Grain y la Cargill (cuyas filiales habían suspendido sus ventas desde Argentina), la firma Gillette y la Johnson & Johnson, todas con fuerte presencia en Europa y América Latina, también se opusieron al proyecto y estuvieron involucradas en un cabildeo activo contra el mismo.

En la coyuntura, esos ejemplos podrían ser asumidos por el sector de empresarios mexicanos ligados a subsidiarias estadunidenses. En particular destacaban Aditivos Mexicanos (Chevron Corp.), Almexa Aluminio (Alcoa), Black & Decker Industrial (The Black & Decker Corporation), Elevadores Otis (United Tecnologies Corporation) e Industria Eléctrica de México (Westinghouse Electric Corporation).

El caso Sheraton

Sin embargo, aun antes de entrar en vigor, la ley Torricelli llegó a México de la mano del María Isabel Sheraton. Por "órdenes superiores", Luis Gómez, gerente residente del hotel de Paseo de la Reforma 325, canceló un contrato al Instituto Nacional de Turismo (Intur) de Cuba, que tenía previsto realizar su segunda Bolsa Turística en el salón Independencia de esa cadena hotelera, en diciembre de 1992. La cancelación, justificada por Gómez bajo el argumento de que el Sheraton, por pertenecer en parte a capital estadunidense, no debía dar servicio a ninguna empresa que estuviera vinculada con Cuba, motivó una fuerte protesta diplomática de la embajada cubana ante Tlatelolco, pasando el asunto a manos del presidente Carlos Salinas de Gortari.

La primera reacción del canciller Fernando Solana fue de cólera. Una fuente de Tlatelolco comentó entonces que, en la mañana del 18 de noviembre de 1992, durante una reunión interna de trabajo y ante un numeroso grupo de directores de área de Relaciones Exteriores, Solana planteó que "Estados Unidos no va a mandar aquí. No van a pasar por arriba de las leyes mexicanas". De inmediato el canciller envió una minuta al presidente Salinas, luego de lo cual comenzó a estudiar qué se podía hacer.

La ley Torricelli, firmada por Bush el 23 de octubre, entraría en vigor el 1º de diciembre. Repudiada por la Comunidad Europea y Canadá, México parecía ser de nuevo un "caso test", como había ocurrido con el secuestro en territorio mexicano del médico Alvarez Macháin, capturado por la DEA en el marco del asesinato del agente Kiki Camarena en 1985 y trasladado en forma ilegal a Estados Unidos, donde sería juzgado. México volvía a ser el conejillo de Indias a fin de experimentar la extraterritorialidad de leyes intervencionistas de la Casa Blanca y el Capitolio.

Fuentes diplomáticas confirmaron entonces que para las autoridades mexicanas se trataba de un caso "grave" y "delicado", sobre el cual no había antecedentes jurídicos.

Consultado al respecto, el entonces vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Reta, confirmó: "las empresas constituidas en México se rigen por las leyes del país, independiente del origen de su capital, y no es admisible que se pretenda hacer valer la legislación de un país en otro". Ante lo espinoso del caso, que violaba la soberanía mexicana, adelantó que se estaba estudiando una respuesta jurídica que podría llegar acompañada de una sanción ejemplarizante contra el infractor: el María Isabel Sheraton.

Pero ya entonces aparecieron los primeros indicios de que, en aras de preservar "incontaminadas" las negociaciones en torno del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el hecho fue visto como un "incidente menor" por las secretarías de Comercio y de Turismo.

La segunda Bolsa Turística de Cuba estaba prevista a realizarse del 19 al 21 de enero de 1993. El objetivo del acto, según comentó Roberto Rizo, director de la oficina de Información Turística de Cuba en la capital mexicana, era ofertar los nuevos productos cubanos en esa área. En la primera Bolsa, en enero anterior, habían participado varias compañías mexicanas de tarjetas de crédito (Banamex, Carnet, Bancomer), líneas aéreas, como Cubana y Mexicana de Aviación, y operadores turísticos mexicanos (Taino, Viñales Tour, etcétera). El acto había reunido a dos mil participantes.

El 15 de octubre Rizo había contratado con el gerente de alimentos y bebidas del Sheraton, Nicholas Russ, el salón Independencia. El día 20, Intur abonó como depósito de garantía 31 millones 600 mil pesos, según constaba en el recibo 1104 del María Isabel Sheraton. Pero el gerente Luis Gómez comunicó a los organizadores su decisión de cancelar el contrato. Argumentó que había recibido "instrucciones de más arriba"; que se cancelaba por "decisión superior".

El hecho tenía implicaciones serias por cuanto el Sheraton es una empresa de servicios sujeta a las leyes mexicanas. La fuerte nota de protesta cubana, dirigida por la vía diplomática a Tlatelolco, demostraba que el asunto tenía graves implicaciones políticas. En virtual cumplimiento de la ley Torricelli cuando ésta aún no entraba en vigor, el Sheraton se negó a realizar una actividad comercial pactada en un contrato y pasó por alto las regulaciones establecidas por el gobierno mexicano. El acto, motivado por consideraciones político-ideológicas, constituía una flagrante violación de la soberanía de México.

Una vez más, el embajador de Estados Unidos, John Dimitri Negroponte, les había tomado el pelo a los mexicanos. Varias veces había afirmado públicamente que la ley Torricelli no se aplicaría en México. Ahora, sus amigos del gabinete económico estaban preocupados. Salinas, quien había condenado la ley, tuvo la decisión en sus manos.

El 20 de noviembre, feriado nacional en México, Tlatelolco reaccionó:

"Ante los intentos de una empresa mexicana con capital estadunidense de acatar la llamada ley Torricelli en territorio nacional -decía el boletín B-2365 de la Secretaría de Relaciones Exteriores-, el gobierno de México precisa lo siguiente:

"1. Las empresas mexicanas en territorio nacional se rigen exclusivamente por las leyes del país, independientemente del origen de su capital.

"2. Es inadmisible que empresas establecidas en nuestro país pretendan hacer valer la legislación extranjera en territorio mexicano por encima de la legislación nacional.

"3. En consecuencia, el gobierno de México adoptará las medidas que juzgue convenientes para impedir el acatamiento en territorio nacional de disposiciones extranjeras."

Pero el gobierno mexicano no tomó ninguna medida. Los que sí tomaron por asalto el vestíbulo del hotel Sheraton fueron los de la Promotora de Solidaridad Va por Cuba. El 4 de diciembre de 1992, cuando el reloj marcó las 12 horas, sus militantes surgieron como de la nada y, ante el asombro de huéspedes y transeúntes, ocuparon la vía de acceso al hotel. Ante los azorados guardias que walkie talkie en mano no terminaban de reaccionar, los manifestantes explicaron, a una sola voz, el porqué de su medida: "Repudio a una empresa que acató la ley Torricelli". Y una consigna copó el espacio: "Cuba sí, Sheraton no".