Amalia García: no hay anomalías en obras públicas
Zacatecas, Zac., 10 de febrero. El gobierno del estado, que encabeza Amalia García Medina, consideró que el objetivo de los empresarios que se inconformaron con la licitación para construir un hospital comunitario en el municipio de Nochistlán, lo que derivó en la anulación de dicho concurso, "es opacar el trabajo honesto" de esa administración.
En un comunicado de prensa emitido la noche del viernes, el gobierno zacatecano sostuvo que en esa administración no existe "ni tráfico de influencias, actos simulados o creación de empresas satélites".
Lo anterior es una respuesta a la denuncia que hizo a La Jornada el arquitecto Ernesto Williams Aguilar Méndez y el ingeniero Francisco Robles, publicada el pasado jueves, donde señalan que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anuló el fallo que otorgó el gobierno de Zacatecas a la empresa Sahara para construir un hospital por haber detectado irregularidades en una licitación pública nacional.
Indica además que la misma dependencia federal analiza una segunda impugnación al concurso para edificar otro nosocomio en el municipio de Loreto, obra valuada en 13 millones de pesos.
"La transparencia en el ejercicio de la función pública es una convicción de la gobernadora Amalia García, que no ha dado ni dará lugar a irregularidades que contravengan ese principio esencial. A este lineamiento se han ceñido invariablemente las dependencias gubernamentales; por lo tanto, los señalamientos de los propietarios de las constructoras Conjunto Aguilar Pichardo, SA y Rocosa SA carecen de veracidad", sostiene el boletín.
"La titular de los Servicios de Salud en el estado, Esperanza Avalos, sostuvo que sus acusaciones (de los constructores) de 'tráfico de influencias', 'actos simulados' y 'creación de empresas satélites' tienen el claro propósito de opacar el trabajo honesto del gobierno zacatecano", continúa.
Los denunciantes, Ernesto Williams Aguilar Méndez y Francisco Robles, reiteraron que la empresa Sahara continúa con la obra de Nochistlán, pese a que la dependencia federal ordenó que se anulara el fallo y todos sus efectos.