Magistrados analizan el fallo emitido en su favor por el juzgado 15 penal
En manos del TSJDF, el castigo o la exoneración del presunto pederasta
Hasta ahora, el poder económico del líder sindical ha podido más que las pruebas en su contra
A finales de la década de los noventa, Ramón Salvador Gámez Martínez aún acudía a los hoteles de paso ubicados en las inmediaciones de la estación Salto del Agua del Metro. Sus encuentros con adolescentes se realizaban de manera furtiva, duraban unos minutos y al final "el pago" iba acompañado de la promesa de un rencuentro próximo.
Pactados con anterioridad la hora y el día, el llamado zar de los contratos de protección estacionaba su automóvil en una de las entradas de la estación del Metro, la menor se subía al vehículo y se dirigían a algún motel cercano. Fue hasta el 4 de noviembre de 1999 cuando Gámez Martínez adquirió, por 647 mil 919 pesos, el edificio ubicado en el número 119 de la calle de Doctor Olvera, colonia Doctores, en la delegación Cuauhtémoc.
Ya sin la necesidad de rentar un cuarto de hotel, Gámez Martínez convirtió el segundo piso de la propiedad recién comprada en su "centro de diversión sexual".
Una cama de masajes, la presencia de doña Esperanza, quien vivía en el primer piso y de vez en vez atendía a las adolescentes corrompidas, completaron el cuadro.
Sin embargo, seis meses después la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del DF integró un expediente en su contra, y el 20 de abril de 2005 un grupo de policías judiciales adscritos a dicha fiscalía lo aprehendió. Esa misma tarde lo trasladaron al edificio central de la procuraduría capitalina y 48 horas después Gámez Martínez fue consignado al juzgado 15 de lo penal, con sede en el Reclusorio Oriente. De acuerdo con declaraciones ministeriales de tres mujeres -dos de ellas menores de edad-, Gámez Martínez mantenía relaciones sexuales con ellas a cambio de dinero.
"Subimos unas escaleras y estaba abierta la puerta del primer cuarto. Caminamos por un pasillo y al ver la puerta abierta vi hacía adentro, donde estaba un señor pelón, de ojos claros y güero, sentado en un sillón. A su lado había varias niñas o jovencitas como de mi edad. Unas estaban recargadas en él y otras sentadas a su lado.
"En el otro cuarto había un hombre alto, güero, no me acuerdo cómo estaba vestido, pero en el cuarto había aceites y una cama como de consultorio, que hasta arriba tenía un hoyo. Pensé que era un masajista", relata en su declaración ministerial una joven de 16 años de edad.
"El pago" variaba de acuerdo al estado de ánimo del líder sindical. Las primeras veces el fajo de billetes era más grande. La señora Esperanza y quienes contactaban a las adolescentes, como la secretaria de Gámez Martínez y una cajera de nombre Elsa que laboraba en un centro comercial, les advertían que bajo ninguna circunstancia fueran a contar el efectivo enfrente del señor, "ya que era una cosa de muy mal gusto".
"Metió su mano izquierda dentro de mi bata. Me tocó los senos en forma de caricia, me dijo que estaba muy bonita y luego me besó en la boca. Se desvistió, me recostó en la cama y me practicó el sexo oral. Después me penetró vía vaginal. El estaba arriba de mí. Una vez que eyaculó en mí Brenda le limpió el pene y yo me levanté de la cama y me vestí. El señor Ramón sacó de su bolsa del pantalón unos billetes y me los entregó en las manos", relató una adolescente de 17 años sobre su primer "encuentro" con Gámez Martínez.
Al zar de los contratos de protección no se le veía a diario en el edificio de la colonia Doctores. "Viaja mucho", explicaba la señora Esperanza a las menores de edad. "Es medio dueño de Isla Mujeres", argumentaba la cajera del centro comercial.
En el estado de Quintana Roo se asegura que Gámez Martínez es dueño de por lo menos dos predios en la isla: una residencia con valor comercial que supera los dos millones de dólares y un terreno ubicado en una de las zonas más exclusivas.
El "señor Ramón" inició su carrera de líder sindical en la década de los ochenta, y de acuerdo con el testimonio de miembros de agrupaciones sindicales, como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), "es titular de más de 2 mil contratos de protección". En todos, aseguran los críticos de Gámez, se privilegia a los patrones en perjuicio de los trabajadores.
No obstante las evidencias presentadas por la representación social, en diciembre del año pasado el secretario de acuerdos del juzgado 15, en funciones de juez "por ministerio de ley", decidió otorgar la libertad al presunto pederasta. Su argumento fue el "desvanecimiento de pruebas".
De inmediato, agrupaciones como la CROC cuestionaron dicha determinación. Expertos penalistas cuestionaron que las autoridades del juzgado 15 no tomaran en cuenta el principio básico de que el Estado debe tutelar las garantías de los menores de edad, y la apelación que realizó la PGJDF ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal obligó a la juez Beatriz Elena Moreno Cárdenas a explicar la decisión, el pasado 5 de enero. Luego de argumentar que las menores de edad se contradijeron en varias ocasiones durante sus declaraciones, y describieron circunstancias inexistentes, como la presencia de un lunar en el pecho de Gámez, el cual no existe, la impartidora de justicia estableció: "una de las menores sí dice que tuvo relaciones (sexuales) con él, pero declara 'yo quise tenerlas', aunque el consentimiento es lo menos importante, porque no estamos hablando de una violación, ni de abuso sexual, estamos hablando de corrupción de menores".
-¿Y ello no es suficiente (para que continuara el proceso penal)? -se le cuestionó.
-No, no es suficiente -sentenció.
En las próximas horas se realizará la audiencia de visita en la octava sala penal; luego de cumplir con dicho trámite, los tres magistrados que integran la instancia superior contarán con un mes para determinar si se libera una nueva orden de aprehensión en contra de Gámez Martínez o si se ratifica el auto de libertad "por desvanecimiento de datos".