Tribunal revocaría suspensión que impide detenerlo
Pediría ex presidente guatemalteco el beneficio de libertad bajo fianza
Ante la posibilidad de que un tribunal federal revoque en los próximos días la suspensión definitiva que impide a la Agencia Federal de Investigación (AFI) detener al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, sus abogados solicitarán al juzgado décimo de distrito del Reclusorio Oriente, encargado del procedimiento de extradición que enfrenta el ex funcionario, el beneficio de la libertad provisional bajo fianza para su cliente.
Fuentes cercanas al caso revelaron que la petición se presentará una vez que el sexto tribunal colegiado determine si da la razón a la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a que no procede conceder la suspensión a Portillo, quien está acusado de haber incurrido en peculado durante su periodo presidencial.
Ayer, el sexto tribunal colegiado desechó un recurso de inconformidad que presentaron los abogados de Portillo, con la finalidad de que la PGR fuera declarada impedida para interponer el recurso de revisión del amparo que en primera instancia se concedió al ex presidente guatemalteco.
Con ese fallo, el mismo tribunal continuará el estudio del expediente del juicio de garantías que inició Portillo para evitar que fuera detenido en nuestro país.
En caso de que el órgano jurisdiccional revoque la suspensión provisional que hace tres meses obtuvo Portillo del juzgado quinto de distrito de la ciudad de México, el extraditable estaría en posibilidades de ser detenido, a no ser que el juzgado décimo le conceda el beneficio de la libertad provisional bajo fianza.
El ex presidente del vecino país del sur fue requerido en extradición por el gobierno guatemalteco, con la finalidad de que sea juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de malversación de 120 millones de quetzales (unos 16 millones de dólares).
De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que en tres o cuatro meses el juzgado décimo de distrito emita su opinión jurídica sobre el caso, es decir, dé su recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sentido de que procede la extradición o que no es posible jurídicamente.