ONG crean frente para modificar la norma del Código Civil, que data de 1944
Leyes de Chihuahua prohíben el matrimonio a seropositivos
La legislación es anticonstitucional, pues anula garantías individuales que sólo puede limitar la Constitución Política federal, afirma visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
En 1998, cuando Socorro decidió contraer matrimonio con Emilio, estaban a punto de cumplir cuatro años de vivir en unión libre, y aunque no le disgustaba su forma de vida, el trámite civil era necesario para acceder a los servicios de salud municipales de los que su pareja era beneficiario. Recientemente le habían diagnosticado cáncer cérvico-uterino, enfermedad que no podía costear en un hospital privado.
Cuando acudió al Registro Civil de Ciudad Juárez, Chihuahua, para realizar los trámites burocráticos, supo que tenía que practicarse una serie de exámenes médicos. Uno de ellos, el referente a la detección de los anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultó positivo.
Luego de asumir la noticia, Socorro y Emilio mantuvieron firme su decisión de casarse. Sin embargo, las autoridades lo impidieron, pues la fracción VIII del artículo 144 del Código Civil de la entidad prohíbe a personas seropositivas contraer matrimonio, hecho que a consideración de especialistas y activistas de organizaciones civiles, violenta las garantías individuales de quienes han sido afectados por la epidemia.
Legislación que data de 1944
Aunque la disposición no hace referencia explícita al VIH-sida, porque fue redactada en 1944, época en la que se desconocía la existencia del virus, los responsables del Registro Civil se niegan a legalizar la unión de parejas en las cuales alguna o ambas partes se encuentren infectadas. Para ellos no se trata de actos discriminatorios, sino de decisiones basadas en un "estricto apego a la ley".
Entre los impedimentos que establece dicha fracción para llevar a cabo el contrato de matrimonio se encuentran: "La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean además contagiosas o hereditarias".
Como consecuencia de la aplicación de la norma muchas parejas han tenido que salir de Chihuahua para concretar sus proyectos de vida. Después de casarse en alguno de los estados vecinos, regresan a sus lugares de origen y continúan con su vida cotidiana. Socorro optó por esta medida, pero su acceso a la seguridad social fue tardío porque su caso era uno de los primeros que se registraban en la entidad. El cáncer se complicó y por la falta de atención falleció.
Para Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), el artículo 144 del Código Civil es anticonstitucional, porque anula las garantías individuales, mismas que sólo puede limitar la Constitución Política federal.
En entrevista con esta agencia, el funcionario señaló que a pesar de que se trata de una disposición general, los responsables del Registro Civil "le han dado connotaciones de VIH-sida". Aseguró que la restricción es violatoria de los artículos primero y cuarto constitucionales, referentes a la protección de las garantías individuales y al derecho a formar familias.
En ese sentido, organizaciones civiles como Compañeros AC, encabezada por María Elena Ramos, se manifestaron abiertamente en contra de la norma, por lo que buscan su modificación o derogación. Al respecto, y con la asesoría de la CEDH, preparan una iniciativa de ley que garantice a las personas seropositivas el derecho a contraer matrimonio en cualquier municipio de la entidad.
"Estamos en una situación en la que se anteponen fuertes juicios morales al respeto de los derechos humanos. La prueba es que las autoridades no piden exámenes de dopaje a pesar de que la fracción habla de embriaguez e inhalación de sustancias tóxicas ilegales. De respetarse al pie de la letra, el matrimonio se permitiría a muy pocas personas", externó la activista.
Para María Elena Ramos no es un tema únicamente relacionado con los derechos humanos, y supone que podría haber intereses económicos derivados de la realización de las pruebas de VIH, pues el Registro Civil de Ciudad Juárez proporciona a quienes desean tramitar el matrimonio fichas específicas para acudir a un laboratorio de la localidad, donde no se ofrece consejería, lo que contraviene lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana para la prevención y el control del VIH-sida.
"En ese lugar el personal carece de preparación y únicamente se limita a dar los resultados, ha habido casos de severas crisis emocionales después de que las personas se enteran de su seropositividad. Las autoridades del Registro Civil no les hablan de las organizaciones civiles con experiencia en el tema en donde pueden practicarse los exámenes a menor costo con una adecuada consejería. Definitivamente alguien está siendo beneficiado por esta situación", añadió.
Con una antigüedad de poco más de 60 años, el artículo comenzó a aplicarse a los chihuahuenses durante el gobierno del panista Francisco Barrio para evitar el surgimiento de "casos de sida pediátrico". Sin embargo, de acuerdo con De la Rosa Hickerson, los orígenes de la disposición ya son obsoletos, por lo que es necesario "elaborar una redacción que dé prioridad a la libertad que tiene el ser humano a escoger a su pareja y vivir con ella, urge una ley adaptada a la realidad social de nuestros días".
Actualmente, el visitador documenta la inconstitucionalidad de la norma con la finalidad de asesorar y reforzar la iniciativa que impulsa conjuntamente María Elena Ramos con Ema Granados, directora de Fátima AC, organización civil dedicada a fomentar la prevención del VIH-sida.
Urge la ayuda de legisladores
Para lograrlo, Gustavo de la Rosa considera necesario "sensibilizar" a los legisladores del Congreso estatal para reforzar su capacidad de tolerancia, y aunque define a la actual legislatura como "receptiva y tolerante", no descarta la posibilidad de que haya quienes se opongan a la modificación de la ley.
Aunque han cabildeado el tema con los legisladores, hasta el momento ninguno de ellos se ha comprometido a defender la iniciativa en la tribuna. Sólo César Jáuregui, actual coordinador de la bancada panista, los apoyó y asesoró en la elaboración del documento, pero esto ocurrió cuando no era diputado. Esta agencia intentó en varias ocasiones entrevistar al diputado Jáuregui para conocer su opinión, sin embargo, su equipo de trabajo siempre argumentó viajes fuera de la ciudad y excesiva carga de trabajo.
Hasta el momento las activistas no han establecido contacto con él, sin embargo, se dicen confiadas en que Jáuregui "es una persona sumamente comprometida y sensible con la que podemos trabajar en equipo para modificar la ley".