Usted está aquí: sábado 21 de enero de 2006 Capital Buscan consignar al funcionario que liberó al zar de los contratos de protección

Es definitivo que la sala octava penal revisará la exoneración del pederasta

Buscan consignar al funcionario que liberó al zar de los contratos de protección

La procuraduría local solicitó a la CNBV rastrear las cuentas bancarias de los investigados

AGUSTIN SALGADO

A petición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investiga las cuentas bancarias del secretario de acuerdos del juzgado 15 de lo penal, Miguel Angel Pérez, quien otorgó la boleta de libertad al presunto pederasta Ramón Salvador Gámez Martínez.

De acuerdo con el titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz Vázquez, existen elementos de prueba suficientes como copias de los "contratos-compromisos" que el llamado zar de los contratos de protección obligaba a firmar a las menores de edad.

Se espera que antes de que finalice febrero la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), que revisa la sentencia absolutoria, emita una resolución. El Ministerio Público cuenta con una semana para presentar más pruebas en contra de Gámez

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) desistió en su intención de trasladar de sala penal el expediente del líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) interpusiera un recurso de apelación ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Ayer por la mañana, el titular de la procuraduría capitalina, Bernardo Bátiz Vázquez, informó que la exoneración que el secretario de acuerdos del juzgado 15 de lo penal, Miguel Angel Pérez, otorgó a finales del mes pasado al llamado "zar de los contratos de protección" será revisada en la octava sala penal, tal como se había anunciado en un principio.

"Hubo una respuesta muy positiva del tribunal que fue revocar la determinación para que se le cambiara de sala. En un principio recayó en la octava, pero después se le envió a la quinta (con el argumento de que en agosto de 2005 dicha instancia conoció otro caso en el que esta involucrado Gámez Martínez), solicitamos que se revocara esa decisión y nos hicieron caso. El expediente queda definitivamente en la octava sala, que va a designar a un ponente y va a ser la que resuelva", explicó al término de la reunión del gabinete de seguridad y justicia.

Por su parte, un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Servidores Públicos ya analiza la averiguación previa que se inició en contra del secretario de acuerdos del juzgado 15 de lo penal, Miguel Angel Pérez, quien otorgó la boleta de libertad a Gámez Martínez.

Bernardo Bátiz no descartó que en los próximos días Miguel Angel Pérez sea consignado ante las autoridades: "en toda averiguación previa hay esa posibilidad (...) nosotros consideramos desde el principio que hay una incongruencia entre las constancias de autos y la sentencia firmada. Entonces el siguiente paso que daremos es consignar el expediente a un juez para que determine si tenemos razón".

Explicó que el delito del cual acusan al secretario de acuerdos corresponde a la administración de justicia y consiste "en resolver sin tomar en cuenta lo que obra en el expediente". Como ejemplo mencionó que la sentencia no tomó en cuenta los textos que firmaban las menores antes de mantener relaciones sexuales con Gámez Martínez: "son documentos que en términos familiares o del lenguaje común llamaríamos contratos. Son una serie de compromisos que firmaban ellas en una libreta que él les proporcionaba. Esos documentos que niega la juez que estuvieran ahí, están en el expediente, obran en los autos".

 
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