Jornada en defensa del agua
Con la realización hoy y mañana de la Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra y el Agua, y contra su Privatización dan inicio en nuestro país las jornadas en defensa de este vital recurso público. Convocadas por 18 organizaciones civiles y redes, que desde octubre del año pasado conformaron la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), con la solidaridad de organizaciones internacionales semejantes, las jornadas tienen como objetivo llevar a cabo una serie de actividades antes y durante la realización del cuarto Foro Mundial del Agua, que tendrá lugar en esta ciudad del 16 al 22 de marzo, con el fin, entre otras cosas, de alertar a la opinión pública sobre las implicaciones de su privatización, promover su control democrático y transparente, fomentar el respeto a la naturaleza y el uso sustentable del ambiente, y sobre todo reivindicar, con fundamento en la legislación internacional, el derecho humano al agua.
En efecto, de conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho humano al agua es el derecho que todos tenemos a disponer en cantidad suficiente de líquido de buena calidad, de manera física y económicamente accesible, para el uso personal y doméstico. Este derecho, reconocido igualmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Programa 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de la ONU sobre el Agua, está estrechamente relacionado con otros, como el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda y el medio ambiente sano, según se desprende del artículo 11, párrafo 1, sobre el derecho a un nivel de vida adecuado.
Los organismos multilaterales, y en particular los estados, tienen por tanto la obligación de respetarlo, no interviniendo arbitrariamente en los sistemas tradicionales de distribución del agua, ni contaminándola, por ejemplo; de protegerlo, regulando y vigilando que terceros limiten u obstaculicen su acceso a toda la población, y de cumplirlo, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su ejercicio por todas las personas, sin discriminación alguna.
Contrariamente a esto, y bajo el supuesto falso de que el mercado produciría los incentivos correctos para la asignación de este recurso, desde hace más de 20 años los organismos internaciones de comercio y financiamiento, como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Foro Mundial del Agua, presionan a los países para que desmantelen su servicio público de dotación y reformen sus leyes para que las empresas, especialmente las trasnacionales, controlen y hagan negocios con el líquido. Aquí mismo, en México, este proceso se inició en el sexenio de Miguel de la Madrid, con la devolución y descentralización sin recursos de la administración, infraestructura e inversión para el agua potable a los gobiernos y municipios; prosiguió con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en el sexenio de Carlos Salinas, que permitía ya en el sector rural concesiones sobre el uso y explotación de este servicio, por periodos variables de cinco hasta 50 años, con la posibilidad incluso de comerciarlas entre particulares; continuó en 1994 con el reglamento de esta ley, que discrimina la participación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de educación superior y los centros de investigación en los llamados Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, y concluyó con la reforma integral de dicha ley en 2004, que contrariamente a lo establecido en el artículo 27 constitucional, abandona parcialmente su esencia social y le abre francamente el camino a la privatización de un bien estratégico de la nación.
Gracias a ello, hoy día en al menos 13 grandes ciudades los sistemas de agua tienen participación privada, y 24 plantas de tratamiento han sido concedidas o convenidas con capital privado nacional o extranjero (Suez, Vivendi, Aguas de Barcelona, Bechtel, etcétera). En contraste, el Congreso no ha dictaminado ninguna de las iniciativas que se le han presentado para recuperar el sentido constitucional y de cumplimiento de los principios de defensa de los derechos humanos en esta materia, entre ellas la adición de un párrafo V al artículo 4 de la Constitución, garantizando el derecho humano al agua en los términos del derecho internacional, y la reforma correspondiente al artículo 3 bis de la LAN, que entre otras cosas establezca criterios e instrumentos jurídicos para su cumplimiento. En este como en otros tantos asuntos, será la sociedad civil, con la solidaridad internacional, la que seguirá pugnando por sus derechos y la soberanía de la nación.