"Se mantiene la injusticia", sostiene el Centro Pro
Hay que continuar presionando a las autoridades, afirman ONG
Activistas en pro de los derechos humanos afirmaron que el traslado del proceso jurídico que se sigue a la periodista Lydia Cacho, de Puebla a un juzgado de Cancún, Quintana Roo, es un paso favorable mas no la solución, porque el juicio continuará y aún no se le declara inocente. Por ello, coincidieron en que la presión de organizaciones civiles y la sociedad debe continuar.
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que el traslado del caso "es un avance pequeño, aunque la injusticia se mantiene", ya que continúa sujeta a proceso.
El defensor de los derechos humanos aseveró que lo que suceda en los próximos días en los juzgados de Quintana Roo será "relevante, porque lo que se pondrá en juego no sólo es la inocencia de Lydia, sino que ese tipo de delitos criminaliza el ejercicio periodístico, por lo que debe eliminarse".
Refirió que el caso puede convertirse en parteaguas para que las leyes sean revisadas y los delitos de difamación y calumnia derogados, como han recomendado organizaciones internacionales.
Por su parte, Edgar Cortez, presidente de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que el hecho de que Cacho vaya a ser juzgada ahora en Cancún no es señal de que se va a realizar un juicio justo. "Hay que continuar con la presión, porque no hay sentencia absolutoria, sólo se cambió de jurisdicción." Confió en que el envío del expediente garantizará una actitud más imparcial del Poder Judicial.
"La presión tanto nacional como internacional que se ejerció contra la justicia poblana sin duda influyó en la decisión de la juez para que el caso ya no continuara en Puebla. La experiencia ha demostrado que a los gobiernos les preocupa su imagen, sobre todo internacionalmente", afirmó Cortez.
El presidente de la red insistió en que uno de los temas de fondo es que continúen existiendo obstáculos en la labor de los periodistas y defensores de los derechos humanos.
Mientras tanto, Mario Solórzano, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, declaró que la sociedad "debe estar muy vigilante" de que el proceso se siga conforme a derecho, ya que "aún no es un triunfo, hay que esperar que se resuelva. Se podrían presentar irregularidades, porque siempre están latentes en cualquier proceso penal".
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en ningún momento han existido elementos para seguir el juicio contra Cacho. Este se sigue, añadió, porque "el Poder Judicial continúa vinculado con el tráfico de influencias y permanece secuestrado por el poder económico".
El activista subrayó que el cambio de jurisdicción "no es garantía de un juicio justo, sobre todo por la fuerte relación entre (Vicente) Fox y (Kamel) Nacif". La presión nacional e internacional debe continuar "para que el caso no se olvide y se haga verdadera justicia", destacó.