Unicamente serán juzgados por el ilícito de homicidio
Exoneran a dos paramilitares del delito de delincuencia organizada
Tuxtla Gutierrez, chis., 20 de enero. Los líderes paramilitares Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres fueron exonerados del delito de delincuencia organizada por un juez penal, quien consideró que sólo se les seguirá juicio por el ilícito de homicidio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró que al juzgar a dichas personas como delincuentes comunes y dejar a un lado la organización que formaron, se fomenta la impunidad con que actuaron los grupos paramilitares, los cuales, bajo el cobijo de autoridades de las pasadas administraciones federal y estatal, asesinaron a decenas de indígenas de las zonas Norte y Altos.
Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres -máximos líderes de la organización paramilitar Paz y Justicia, quienes fueron detenidos en febrero de 2004 y actualmente se encuentran presos en el penal El Amate- interpusieron ante el juez un amparo contra el proceso penal que se les sigue por delincuencia organizada y homicidio calificado, delitos cometidos en el periodo 1997-1999 en la zona norte de Chiapas.
Actualmente Samuel Sánchez y Albino Torres sólo son procesados por el delito de homicidio como delincuentes comunes, no como parte de un grupo organizado que actuaba contra sus opositores políticos.
Según documentó el CDHFBC, en los expedientes penales de los dos dirigentes paramilitares existen elementos suficientes para probar los ilícitos y su probable responsabilidad; sin embargo, el agente del Ministerio Público que lleva el caso no interpuso el recurso de revisión ante la determinación del juez de distrito de conceder el amparo promovido ni apeló de la decisión.
El hecho, según el organismo de derechos humanos, "evidencia la impunidad propiciada por el sistema judicial mexicano en torno de los crímenes cometidos como resultado de la aplicación de la estrategia contrainsurgente en territorio chiapaneco".
En octubre de 2004 el CDHFBC acusó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad en la creación, financiamiento y encubrimiento del grupo paramilitar Paz y Justicia, que cometió crímenes graves contra la población civil en la zona norte de la entidad entre los años 1995-2001.