Piden ante tribunales federales suspender de inmediato el programa de escuchas por ilegal
Demandan grupos civiles al gobierno de Bush por espionaje
Estas acciones legales "espurias" no hacen nada por proteger a EU, responde la Casa Blanca
En febrero, audiencias legislativas para determinar la licitud de la actividad gubernamental
Nueva York, 17 de enero. En el primer reto legal al gobierno de George W. Bush por su política de espionaje doméstico, dos agrupaciones nacionales de derechos civiles presentaron hoy demandas ante tribunales federales acusando al gobierno de violaciones constitucionales por su programa de intervención de comunicaciones de ciudadanos estadunidenses sin autorización judicial.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han solicitado, por separado, que los tribunales ordenen la suspensión inmediata del programa secreto por ilegal e inconstitucional, mientras se determina si la operación fue empleada para monitorear las actividades de unos 10 abogados, activistas políticos, periodistas y otros estadunidenses, lo cual, argumentan, sería un abuso de la autoridad presidencial con ecos a los programas empleados por el gobierno para espiar a opositores a sus políticas en los 60 y 70.
Fueron los abusos de hace unas décadas los que llevaron al Congreso a promulgar la ley que limita las operaciones de espionaje doméstico y obliga al Ejecutivo a solicitar autorización explícita para realizar vigilancia -incluso electrónica- a estadunidenses dentro del país.
El gobierno de Bush insiste en que estas actividades son legales y ofrecen un instrumento crítico para defender la seguridad nacional. Estas operaciones, ha declarado el vicepresidente Dick Cheney, ya han salvado vidas estadunidenses. El gobierno insiste en que no viola la ley, ya que el presidente tiene esta autoridad como comandante en jefe en tiempos de guerra, y también bajo la autoridad que le otorgó el Congreso al aprobar medidas para defender el país después del 11-S.
Las dos demandas tienen la intención de detectar si el programa fue empleado para intervenir comunicaciones internacionales de dos grupos de demandantes. CCR sospecha que el programa podría haber sido empleado para monitorear las comunicaciones de cuatro de sus abogados y un asistente legal que están trabajando en casos legales en torno a detenidos en Guantánamo y otros lugares en el extranjero. La demanda de la ACLU se presenta en nombre de académicos en universidades, el editor de una revista, Greenpeace y un grupo de defensa de la comunidad islámica.
Entre los demandantes que participan en el caso presentado por la ACLU está James Bamford, escritor, periodista y uno de los expertos más reconocidos sobre la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entidad secreta que realiza el monitoreo de comunicaciones y que está al centro de esta controversia. Bamford declaró al New York Times que "esto es un regreso a los malos días de la NSA", cuando la agencia realizó espionaje doméstico contra opositores del gobierno de Richard Nixon.
Bill Goodman, director de CCR, informó que hoy su organización presentó su demanda ante el tribunal federal en esta ciudad contra el presidente Bush, el director de la NSA y los directores de las otras agencias de seguridad para retar el espionaje sin autorización judicial ni legislativa de personas dentro de este país. En conferencia de prensa Goodman declaró: "hoy, después del Día de Martin Luther King, nos entristece que esta vigilancia electrónica ilegal que en otra época se enfocó en ese gran estadunidense, de nuevo sea característica de nuestro gobierno. Como en el caso de King, esta actividad ilegal es disfrazada como asunto de seguridad nacional. En realidad, refleja un intento del gobierno de Bush por ejercer el poder sin restricciones y sin la interferencia inconveniente de las otras ramas del gobierno".
Goodman y los abogados de CCR: Michael Ratner, Shayan Kadidal y David Cole, señalaron que CCR ha sido uno de los principales opositores a las prácticas de detención ilegal, tortura y programas de inteligencia del gobierno de Bush, y representa a cientos de hombres bajo detención indefinida sin cargos formales en Guantánamo.
Por ello, la organización mantiene comunicación internacional con personas en el extranjero en relación con estos casos, y muchos de sus clientes han sido acusados de pertenecer a Al Qaeda. Por lo tanto, señalaron, no tienen duda de que sus comunicaciones han sido sujetas al programa de espionaje doméstico de la NSA y otras agencias. La demanda presentada hoy busca proteger el derecho de estos abogados a representar a sus clientes sin vigilancia ilegal del gobierno.
"El presidente violó su juramento al puesto para asegurar que las leyes de esta nación sean fielmente ejercidas, y en lugar de esto violó secretamente una prohibición criminal promulgada por el Congreso", acusa CCR.
El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, opinó hoy que "estas demandas espurias... no hacen nada para mejorar las libertades civiles o proteger al pueblo estadunidense". Insistió en que el programa de espionaje "es una herramienta vital" para la seguridad nacional del país.
Aunque aún no hay pruebas de que la NSA haya espiado a estos individuos o gente como ellos dentro de Estados Unidos, se especula ampliamente que el programa de vasto alcance -según algunos expertos, la NSA tiene la capacidad de espiar las llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas de todo residente de este país-, seguramente ha intervenido comunicaciones fuera de los límites expresados por el presidente a sólo aquellos que podrían estar ligados a organizaciones "terroristas".
Estas demandas buscan comprobar si ha sido el caso. Pero también se centran en la acusación de que este programa viola de manera explícita la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que sólo autoriza el espionaje electrónico con órdenes de jueces federales de un tribunal especializado creado por esta ley. Este es el eje de la controversia -y la acusación de abuso del poder Ejecutivo- que estalló después de que el New York Times reveló a mediados de diciembre la existencia de este programa secreto y que ahora está, junto con los escándalos de corrupción y más, en el centro del debate político en Washington.
Prometen investigar a fondo
La legalidad de este programa será tema de audiencias legislativas programadas para febrero, y el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, ha prometido una extensa investigación del asunto, recordando que en principio, si un presidente violó la ley, el recurso legal es el proceso de destitución.
Por su parte, el ex candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente, Al Gore, acusó ayer a Bush de poner en riesgo la Constitución por su expansión del poder. "El Ejecutivo fue descubierto espiando a gran número de ciudadanos estadunidenses y abiertamente ha declarado que tiene el derecho unilateral de continuar sin respeto a la ley establecida por el Congreso para prevenir tales abusos", acusó.
Mientras, el New York Times reportó este martes en su primera plana que la inteligencia enviada por la NSA a la FBI desde el inicio del programa secreto, unos meses después de los atentados del 11-S, nunca dieron fruto en detectar potenciales amenazas o sospechosos "terroristas", y más bien llevaron a pistas inútiles o a estadunidenses inocentes.