Unánime condena de feministas y defensores de derechos humanos al acoso judicial contra la periodista Lydia Cacho

La detención el pasado viernes 16 de diciembre, de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, acusada por el empresario Kamel Nacif Borge, por el delito de difamación, generó protestas de grupos defensores de derechos humanos y feministas. La también directora del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) de Quintana Roo salió libre el sábado 17, después de pagar una fianza negociada de 30 mil pesos.

Cacho Ribeiro denunció que durante las 30 horas que duró su detención "ilegal" fue "víctima de tortura sicológica" y que las amenazas de muerte en su contra continúan.

Fue detenida por la policía en su casa de la ciudad de Cancún, los policías la llevaron a mil 500 kilómetros de ahí, a la ciudad de Puebla, por cargos de difamación.

Cacho Ribeiro ha sacado a la luz los abusos de pederastas y la violencia en contra de las mujeres. El año pasado publicó el libro Los Demonios del Edén en el que denunció la participación del empresario Kamel Nacif Borge, en una red de pornografía infantil.

Ha sufrido amenazas e intimidaciones a consecuencia de sus actividades de derechos humanos, situación por la que autoridades le proporcionaron cierta protección policial, lo que le ha permitido continuar con su trabajo.

Amnistía Internacional (AI) México consideró que la detención y posterior liberación bajo fianza de la periodista constituyen "un acoso judicial, amenaza su derecho a la libertad de expresión y la hace más vulnerable a las intimidaciones. Llamó a todas las organizaciones, medios de comunicación, activistas, feministas y sociedad en general para que soliciten a las autoridades federales y estatales se garantice su seguridad.

AI sección México, en un comunicado vía Internet solicitó que se aplique la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de convertir la difamación en un cargo civil no susceptible de ser castigado con prisión y exige garantías de seguridad para la defensora de los derechos humanos, porque este hecho "puede alentar a otros a amenazarla o atacarla".

La forma en la que fue detenida generó una airada protesta. Medios de información de Europa y Sudamérica, grupos feministas y de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión publicaron amplios espacios para criticar el operativo policiaco contra la periodista.

Cacho se encontraba enferma al momento de su detención. En un documento elaborado a unas horas de su liberación escribió: "las cosas fueron maquinadas para fabricar una orden de arresto. Cuando hay una denuncia por difamación, la o el juez pide que la o el periodista acuda para responder a la demanda. El problema es que a mí los citatorios del juez nunca me llegaron, pero al juzgado le hicieron pensar que yo los ignoré. Ese desacato, del que yo estaba ajena, es lo que desencadenó la orden de aprehensión por parte del Juez Quinto de lo Penal en Puebla, ciudad en donde origina la denuncia mi demandante.

"Esta es una violación a mis garantías individuales más elementales, porque no se puede girar una orden de aprehensión sin asegurarse de que la o el acusado no ha recibido los citatorios".

Explicó que no le permitieron acceder a teléfonos ni a contactos con su abogado, le impidieron tomar medicinas o ropa de abrigo para el viaje a Puebla. "La fuga se realizó con el apoyo de judiciales de Quintana Roo, quienes escoltaron al convoy para permitir que escaparan con fluidez sobre el tránsito local. Participaron al menos una decena de agentes locales para sacarme a la carretera", dijo. (Con información de CIMAC).