A tres años del siniestro, sólo un detenido de 23 indiciados; 12 funcionarios se ampararon
Herida abierta, el incendio en el mercado Hidalgo de Veracruz
Según informe oficial hubo 29 muertos; familiares de niño desaparecido afirman que es la "víctima 30"
Ampliar la imagen
Oscar Daniel Campos Triana, a la edad de 10 a� en compa�de su maestra de primaria y a la derecha, cuando era beb�en brazos de su madre, Petra. Ambos, mam� hijo, fueron v�imas del incendio en el mercado Hidalgo en diciembre de 2002. Pese a que iban juntos, el cuerpo del menor nunca fue localizado FOTO Horacio Zamora
Foto: Horacio Zamora
Veracruz, Ver., 30 de diciembre. Se llamaba Oscar Daniel Campos Triana. El 31 de diciembre de 2002 acompañaba a su madre, Petra, en las compras previas a la cena de fin de año. El mercado Hidalgo, en el populoso centro de este puerto, era un hervidero de gente. El estruendo provino de fuera, de los puestos ambulantes que ofrecían toda clase de juegos pirotécnicos, pero la explosión atrapó a todos en segundos. Aunque el cuerpo nunca apareció, a Daniel se le recuerda como "la víctima número 30".
Hace tres años el incendio causado por palomas y cohetes devoró en minutos puestos ambulantes, negocios formales y vehículos, y mató a 29 personas. Hoy sólo la vendedora Jova Macario Romero permanece en el reclusorio Ignacio Allende acusada de haber comenzado el fuego. De los 23 indiciados originalmente, 12 funcionarios municipales tramitaron amparos para evadir la prisión.
Los deudos se han cansado de señalar al ex alcalde panista Ramón Gutiérrez de Velasco como responsable directo del siniestro por permitir la venta de cohetes a cambio de las mordidas que cobraban sus inspectores. Tampoco hay sentencia definitiva en la indagatoria. Lo que fue cerrado por las autoridades es el caso del pequeño; "se buscó hasta donde se pudo", dice Marco Antonio Aguilar Yunes, subprocurador regional de Justicia.
Este mes, Oscar Daniel habría cumplido 13 años. Las pocas fotografías que conservan sus familiares están colocadas junto al nacimiento. Nunca se encontró su cuerpo. Su padrastro, Samuel Contreras, y sus tíos maternos Julia, Ignacio y Teodoro Triana Campos, desistieron de encontrarlo.
Las autoridades aseguran que por el tiempo transcurrido debieron cerrar la etapa para su localización; sin embargo, los familiares acusan que la búsqueda se detuvo sin atender las peticiones para practicar exámenes de ADN a los cuerpos recolectados tras el siniestro y determinar si alguno pertenecía a Oscar Daniel. Sus deudos sólo tuvieron el cuerpo de la madre.
"Lo buscamos en todos los hospitales, permanecíamos en oficinas de la policía, hicimos guardia cuando identificaban los cuerpos, suplicamos que lo buscaran, pero nada; sólo esperamos que esté descansando en paz", dice Julia Triana, hermana de Petra.
El 3 de enero de 2003, cuando se realizaba la limpieza de la zona, entre los escombros se localizó el pie izquierdo de un niño que se presumió era Oscar Daniel, pero las autoridades se negaron a practicarle exámenes de ADN y no se pudo comprobar oficialmente su muerte. El argumento fue que la extremidad perteneció a Luis Antonio Amado Arreguín, otro niño de 12 años, que sí fue identificado.
Historias como la de Oscar Daniel se rememoran en el tercer aniversario de la tragedia, como la de las 13 personas que quedaron atrapadas en el negocio de ropa El Armario y murieron asfixiadas por el humo antes de ser alcanzadas por el fuego. Antes de morir, algunos lograron hacer llamadas por sus teléfonos celulares pidiendo auxilio.
A unos días de la ceremonia nupcial, una pareja de novios decidió buscar algunos arreglos florales en la zona de mercados, de donde nunca salieron. "Se fueron juntos, al menos", se dijo cuando fueron identificados.
El único recuerdo de las víctimas es una placa de metal colocada en la esquina que forman las calles Miguel Hidalgo y Juan Soto.
Desde su arresto, el 28 de junio de 2004, la comerciante Jova Macario, a quien se acusa de homicidio culposo y se exige reparar un daño por 10 millones de pesos para obtener su libertad bajo caución, no se ha cansado de repetir que fueron inspectores municipales los que iniciaron intencionalmente el fuego para amedrentar a los vendedores que "se negaban a entrarle con su cuota".
Mientras, los deudos recuerdan con amargura las declaraciones del gobernador Miguel Alemán Velasco, quien se negó a interrumpir sus vacaciones en el extranjero para atender la tragedia. "No soy bombero", soltó a los reporteros cuando fue interrogado varios días después del siniestro, al llegar a la zona de mercados, la cual ya se encontraba limpia de escombros y del olor a carne quemada.
Las procuradurías general de Justicia del Estado y de la República solicitaron en junio de 2003, seis meses después de la explosión, librar 28 órdenes de aprehensión, cinco giradas por un juez federal y 23 por el fuero común contra el mismo número de personas, bajo las causas penales 23/2003 y 29/2003.
Doce se dirigieron contra los entonces funcionarios Carlos Díaz Mendiola, regidor de comercio, y los directores de Comercio, Carlos Camacho Carvajal; Fiscalización, Roberto Velásquez Vinay; Protección Civil, Fernando Martínez Boneta, y Comercio Ilegal, Yari Garduza. El resto fue para inspectores del área de comercio.
En el desahogo del expediente 1388/2002 se llamó a declarar al entonces edil Gutiérrez de Velasco, señalado por vendedores y familiares de las víctimas de tolerar la venta clandestina de material explosivo a cambio de sobornos. Incluso a su padre, el empresario Carlos Gutiérrez de Velasco Oliver, se le acusó poseer bodegas cercanas al mercado Hidalgo donde se almacenaban los explosivos.
El ex alcalde transfirió a sus subalternos la responsabilidad sobre el área de comercio informal. La última comparencia judicial de Gutiérrez de Velasco se realizó el 21 de septiembre de este año.
A pesar de las acusaciones públicas, desde el ayuntamiento se proporcionó apoyo jurídico gratuito a los 12 funcionarios y a varios se les dio cobijo en nuevos cargos tanto en el organigrama municipal como en el PAN.