El ejército fue obligado a ocupar el poder, asegura el comandante Angel Bertolotti

Pueden volver a ocurrir los enfrentamientos del pasado, estima jefe militar uruguayo

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de diciembre. A pocas horas de culminar el año en Uruguay bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, de la coalición de izquierda Frente Amplio, la amenaza de algunos sectores militares volvió a la escena luego que el comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti, consideró que los enfrentamientos del pasado entre civiles y militares podrían volver a ocurrir.

Consideró que las desapariciones sucedidas en ese país durante la pasada dictadura (1973-1985) son "costos de guerra", y dijo que aunque "esas cosas no deberían volver a pasar el 'nunca más' está supeditado a los escenarios que se produzcan".

A punto de dejar su cargo en febrero, Bertolotti, en reportaje publicado por el semanario uruguayo Búsqueda, sostuvo que el "nunca más" es hasta "que se produzca otro conflicto, porque la historia lo demuestra y lo vemos en el mundo actual", y añadió que "en ese difícil escenario, se puede haber cometido algún error (...) la pérdida de los puntos de referencia sucede en los grandes ejércitos, incitados por los grandes líderes políticos, religiosos, etcétera".

Una ola de rechazos respondió a estas declaraciones, precisamente cuando se busca la verdad desde el gobierno, que solicitó a las fuerzas armadas entregar informaciones sobre las desapariciones durante la dictadura y cuando en los últimos meses se encontraron restos humanos en cuarteles y lugares cercanos a éstos.

Bertolotti cree que de alguna manera fueron "obligados" a ocupar el poder, que la sociedad uruguaya tiene "responsabilidades", y trató de justificar las desapariciones de personas al afirmar que "de una forma u otra, si bien no estaban involucrados en la lucha directa, con los fierros (armas) en la mano la estaban apoyando".

Más de 200 uruguayos desaparecieron, la mayoría en Argentina, y en este último caso se trató de operaciones conjuntas entre las dictaduras de ambos países, como quedó demostrado en testimonios e informes que reconocen los vuelos de traslados de detenidos desde Buenos Aires a Montevideo.

Familiares de desaparecidos y organismos humanitarios rechazaron las expresiones de Bertolotti y advirtieron que los militares tienen el compromiso de decir la verdad y el destino de las víctimas, y que cualquier otro mensaje atenta contra la democracia "aún en transición, porque la impunidad impide la democratización de fondo".

Este no es el único dolor de cabeza para Vázquez y su equipo, ya que hay descontento y divisiones en el Frente Amplio, donde siempre se han buscado alternativas de unidad desde su fundación en 1971.

Pero temas como la participación uruguaya en las maniobras militares Unitas, que dirige Estados Unidos, o la polémica firma de un tratado de inversiones con el país del norte, entre otros, ha desatado movilizaciones de descontento en las bases.

Fue muy violenta en estos últimos días la sesión del Parlamento donde se debatió y aprobó el acuerdo de protección de inversiones estadunidenses, que supone ventajas en el comercio bilateral, en el que nadie cree.

La sesión incluso estuvo a punto de terminar con golpes entre legisladores, mientras se producían movilizaciones populares en los alrededores y fuertes protestas contra los legisladores frenteamplistas.

El acuerdo había sido firmado por el ex presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado, antes de dejar el gobierno a Vázquez, quien realizó algunas modificaciones y negoció el proyecto durante la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata.

Aunque se aprobó por unanimidad, apelando en el caso del Frente Amplio a un mecanismo interno de disciplina, quedó una amarga sensación muy distante de cuando se festejaba en las calles la llegada al gobierno de un frente de izquierda.

Como si las aguas no estuvieran caldeadas, este día fueron cortados dos puentes que comunican a Uruguay con Argentina, y las relaciones diplomáticas se tensaron.

El tema es que el gobierno uruguayo decidió permitir la instalación de dos papeleras de empresas extranjeras en costas del río Uruguay, límite entre ambos países, y los vecinos de esa zona creen que provocarán daños irreparables al medio ambiente.

En la ciudades argentinas de Gualeguaychú y Colón, en Entre Ríos, miles de manifestantes bloquean los puentes, impidiendo el paso a turistas que van a Uruguay. En Concordia, otra ciudad entrerriana, sólo hay demoras en el paso hacia Uruguay.

"Lamentamos profundamente desde la Asamblea Ambiental llegar a este tipo de medidas tan antipáticas. Pero son para concientizar a la gente", dijeron vecinos.

Ayer, el gobierno del presidente Néstor Kirchner anunció que enviará 200 gendarmes a la zona para controlar el tránsito durante la protesta, que está respaldada por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

El gobierno uruguayo reafirmó que la decisión para instalar las papeleras es "irreversible", y se afirma que su similar argentino habría propuesto al uruguayo financiar el traslado de las mismas o buscar el dinero para hacerlo, iniciativa que costaría entre 10 millones y 14 millones de dólares.

El tema está llevando a cambios de notas en forma permanente entre las cancillerías y plantea un problema serio en las relaciones entre ambos países.