¿Quién defiende a la Cofepris?
Imitando a Vicente Fox, Julio Frenk cerró 2005 maquillando "logros" y mal encubriendo el retorcido proceder de la Secretaría de Salud (Ssa) en materia de las responsabilidades gubernamentales con las industrias del tabaco y el alcohol.
En su última conferencia de prensa (Los Pinos, 15/12) presumió una "reforma" institucional "muy profunda": la que "creó" la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que dispone de autonomía "técnica" y administrativa para "toda" la función regulatoria. Ello se ha traducido, dijo, en una simplificación "sin precedentes": se eliminaron 70 NOM y 20 trámites "de alto impacto".
Pero, ¿alguien ha "ganado" algo con su existencia? Sin duda sus bien pagados responsables y tal vez alguno que otro interés legítimo en la arena de la política pública.
Para empezar, Frenk designó al frente del nuevo aparato -merecedor inmediato del singular Premio Innova, que distribuye Ramón Muñoz desde su oficina en Los Pinos- al abogado Ernesto Enríquez Rubio. ¿Quién es este adalid de la "revolución" regulatoria? Aunque su biografía y foto no aparecen en la página electrónica de Cofepris ni en la de la Ssa, es sabido que, como buena parte del equipazo del "cambio" que reclutó Frenk (Roberto Tapia, Héctor Hernández Llamas, Gabriel García Pérez, María de las Nieves García, entre muchos otros), se trata de un turbio y más que histórico priísta.
Además de hacer las tristes veces de "zar" del Consejo Nacional para las Adicciones (Conadic) en el último año de Ernesto Zedillo -del cual luego salió destituido el siniestro Guido Belsasso-, Enríquez despliega una intachable currícula de oscuros servicios. Acompañó estrechamente al profesor Carlos Hank González en casi todas sus responsabilidades públicas y en muchas de las privadas. Roberto Zamarripa documentó su desempeño en Costa Rica, donde operó como prestanombres de Hank en algunas empresas agrícolas que fueron investigadas por el Congreso de ese país por actividades supuestamente ilegales (Reforma, 12/9/05).
El "regulador" Enríquez era el enlace entre Hank y los ex presidentes ticos Rafael Angel Calderón y Miguel Rodríguez Echeverría, ambos bajo proceso penal por corrupción vinculada a sobornos de empresas europeas especializadas en salud y telecomunicaciones. Entre 1993 y 1998 viajó 38 veces a Costa Rica, hasta que las investigaciones lo implicaron. Entonces las redes políticas quedaron bajo la responsabilidad de Manuel Gurría Ordóñez, vinculado a Roberto Madrazo.
Con esta vasta "capacitación" y antecedentes de alcurnia, ahora los pasos de Enríquez acompañan la "profunda" revolución "regulatoria" de Julio Frenk. No sorprende que la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados demandara su inhabilitación al concluir que los convenios firmados con tabacaleras y alcoholeras "son ilegales".
En el primer caso, la firma de Cofepris autoriza que por cada cajetilla vendida se done un peso al fondo de gastos "catastróficos" del fraudulento "Seguro Popular", mientras en el segundo grupos de interés coludidos con el gobierno maniobraron para eliminar la venta de alcohol del 96 en las farmacias, según acusaciones del presidente de la comisión, el priísta Víctor Hugo Islas.
"Trabajamos para que el gobierno federal aclare las razones que lo llevaron a firmar convenios al margen del Congreso de la Unión y de la opinión pública", sentenció. En el expediente negro de Enríquez, según los legisladores, obran la entrada al país de leche contaminada, carne en mal estado, maíz transgénico e información del mal manejo de residuos tóxicos, todo lo cual demuestra que la Cofepris de Enríquez-Frenk es un "elefante blanco que no garantiza la salud de la población. Su actuación denigra al servicio público".
Después de seis comparecencias y numerosas llamadas a Enríquez que no fueron atendidas, Islas aseguró: "Quedan comprobadas las irregularidades en su gestión al descuidar el cumplimiento de sus responsabilidades y prestarse de mediador para atender asuntos que no le competen con los intereses de las grandes empresas del tabaco y el alcohol. Exigimos su destitución y el inicio de un proceso penal".
Poco antes el diputado panista Miguel Angel Toscano había demandado investigar si las empresas tabacaleras habían intentado sobornar a funcionarios del foxismo para evitar que se aumentara el impuesto a los cigarros: "Hay que investigar cualquier rastro de corrupción en la Ssa y la Cofepris". Y relató que Enríquez "me dio la espalda a última hora" respecto del impuesto al cigarro: "En una primera llamada me dijo que apoyaba; en una segunda alertó sobre que se ponía en riesgo el convenio de las tabacaleras con la Ssa y en la última me dijo que de plano ya no la apoyaba".
Pero para Frenk el freno al impuesto extra al tabaco "evitó" que la Ssa "perdiera 2 mil 800 millones de pesos destinados a la atención de mujeres y niños con cáncer" que "cubre" su fantasmal "Seguro Popular". Y cuestionado sobre los presuntos sobornos, se apresuró a responder "honestamente, lo dudo".
No puede extrañar esta manifestación de "honestidad", viniendo de un también priísta desde el remoto 1985, aunque el foxismo (después de los financiamientos de Guillermo Soberón -Funsalud- y Pablo Escandón Cusi -Nadro- a la campaña presidencial de Fox) haya optado por presentarlo como "candidato de la sociedad civil".
De resultar electo en 2006, ¿se atrevería Roberto Madrazo a llamar a cuentas al turbio Enríquez y deshacerse de ese auténtico fraude que, financiado con opacos impuestos al tabaco, ni es "seguro" ni mucho menos "popular"?
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco