Paralelismo entre éste y el caso de Lydia Cacho; el gobierno ofrece garantías

Dice Martín Barrios que su detención es una venganza de patrones textileros

El activista se queja de vejaciones en su primer día en el Cereso de la capital poblana

EMIR OLIVARES ALONSO Y LA JORNADA DE ORIENTE

La situación jurídica del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán (CDHL), Martín Barrios Hernández, detenido el jueves pasado por el presunto delito de chantaje contra el empresario Lucio Gil Zárate, es incierta, ya que se amplió el periodo de presentación de pruebas por su defensa, informó Sergio Cházaro, consejero del Instituto Electoral del estado de Puebla y miembro del equipo de abogados del detenido.

Afirmó que el denunciante argumenta que Barrios le pedía 150 mil pesos para parar un movimiento de 163 obreros maquiladores que exigían una justa liquidación, ya que fueron despedidos por Gil Zárate en represalia por las acusaciones que los trabajadores presentaron en su contra ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El consejero electoral indicó que Barrios Hernández se encuentra bien de salud, tranquilo y con buen ánimo, pero está indignado por la situación.

Durante su primera declaración ministerial, el presidente de la CDHL se dijo inocente de los cargos que se le imputan, que no conoce al empresario Gil y consideró que la causa que se le inició es una venganza directa de los patrones textileros de la región tehuacanera.

En diálogo con medios de información, después de rendir su declaración, reveló que en su primer día como prisionero del Centro de Readaptación Social de San Miguel de la capital poblana vivió un clima de hostigamiento, ya que fue obligado a servir de comer a los delincuentes de alta peligrosidad; le hicieron pasar la noche en una celda reducida con 14 personas más, por lo que no pudo conciliar el sueño; además tuvo que llenar un contenedor de basura sin que se le permitiera mudar de ropa después del trabajo. Sin embargo, trascendió que el lunes podría abandonar el penal.

El activista denunció varias irregularidades en su detención: al igual que con Lydia Cacho, no se le notificó que estaba demandado; la denuncia en su contra fue interpuesta en la agencia del Ministerio Público especializado en secuestros -la de la periodista, en la dedicada a la indagación del narcotráfico-; los policías judiciales que lo detuvieron fueron los mismos que aprehendieron a la autora de Los demonios del Edén y que también han ejecutado órdenes contra líderes de otros movimientos sociales, como los campesinos de La Magdalena Axocopan que se oponen a un proyecto gubernamental que pretende extraer agua de su territorio para llevarla a Atlixco.

Barrios consideró que el gobierno del priísta Mario Marín Torres se ha puesto al servicio del gran capital y no del lado de las causas sociales, como demuestran su detención y el juicio que se inició contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Mientras, representantes de organizaciones defensoras de los maquiladores se reunieron con el subsecretario de Gobierno estatal, Armando Toxqui, quien les prometió que Barrios sería trasladado a un lugar seguro y digno, además de que hablaría con el denunciante para tratar de esclarecer el caso y que el gobierno del estado analizaría "en lo que les corresponde" la situación del activista. El lunes o martes de la próxima semana, los luchadores sociales se volverán a reunir con el subsecretario de Gobierno para continuar con el análisis del asunto.

Recordaron que hace dos años Barrios fue golpeado por varios sujetos y, aunque se levantó la denuncia correspondiente, las autoridades no han esclarecido los hechos, porque le solicitaban que revelara quién podría tener intención de agredirlo.