Escándalos y críticas erosionan la "presidencia imperial" del mandatario republicano
2006, decisivo para que los estadunidenses recuperen libertades conculcadas por Bush
Nueva York, 28 de diciembre. El año concluye con el viejo cuento de la ropa del emperador, o sea, de repente se nota que no tiene.
El año empezó con el retorno triunfante de George W. Bush a la Casa Blanca para comenzar otro periodo de cuatro años después de su relección gozando de una mayoría suficiente en la única encuesta que cuenta -la de las urnas- y con su Partido Republicano que aumentaba su control en las tres ramas del gobierno, y con la aparente garantía de que su proyecto de nación podría implementarse por completo.
No sólo eso, además de seguir ampliando su "guerra contra el terror", el presidente había anunciado iniciativas ambiciosas para reformar el sistema del Seguro Social, una reforma migratoria, promover sus recortes de impuestos para los más ricos, desmantelar más programas sociales e impulsar el mercado y el comercio "libre" -la libertad pues- por todo el mundo.
Al año concluyó con la presidencia y el Partido Republicano en crisis. Bush ahora goza de algunos de los niveles más bajos de aprobación desde que llegó a la Casa Blanca, con la mayoría de su pueblo opuesto a la guerra en Irak, con su iniciativa para reformar el Seguro Social casi anulada y su respuesta inepta ante Katrina, lo que ha generado un huracán de críticas.
La Casa Blanca sigue bajo investigación criminal por filtrar el nombre de una agente de la CIA en un acto de venganza contra opositores a sus políticas (incluyendo cargos formales contra uno de sus más altos funcionarios y con otros más pendientes) y su política nacional e internacional está bajo intensa presión debido a las prácticas de secuestro y tortura, en momentos en que se añaden revelaciones de que Bush posiblemente violó la ley al ordenar el espionaje doméstico, sin autorización judicial, a ciudadanos estadunidenses.
Mientras tanto, sus aliados en el Congreso están bajo investigación, con el líder de la mayoría republicana en la Cámara, Tom DeLay, que espera un juicio por violar leyes electorales, el líder del Senado, Bill Frist, bajo investigación por posibles delitos en el manejo de su fortuna personal, y con la posibilidad de que en estos próximos días estalle la crisis de corrupción más grande en décadas que podría acabar con las carreras de por lo menos una docena de legisladores, incluyendo el propio DeLay.
Cuando el diario New York Times reveló la semana pasada que Bush había ordenado a la Agencia de Seguridad Nacional intervenir las llamadas internacionales de ciudadanos estadunidenses sin solicitar autorización judicial, estalló el escándalo más reciente que ha azotado a esta presidencia.
Legisladores prominentes de su propio partido están por lanzar una investigación sobre si esta orden ejecutiva violó la ley, abogados y jueces han cuestionado su validez legal y algunos analistas han señalado que la revelación podría ser motivo para proceder con la destitución del mandatario.
La primera reacción de Bush y su equipo fue apoyar la decisión como necesaria para defender a la nación ante la amenaza del "terrorismo" -hasta afirmó que había refrendado la orden más de 30 veces-, y afirmó que el acto criminal, en este caso, fue la filtración de la orden ejecutiva a los medios de comunicación, ya que eso ayudaba al enemigo y que los responsables habían cometido "un acto vergonzoso".
Insistió en que cuando el Congreso aprobó la respuesta armada ante los atentados del 11 de septiembre de 2001, le había otorgado el derecho para suspender la ley relacionada con esto, y que también el presidente tiene dentro de sus poderes la autoridad de hacerlo durante tiempos de guerra.
Más aún, Bush advirtió que "un debate abierto sobre esa ley le informaría al enemigo 'aquí está lo que vamos hacer'", o sea que los que continúan insistiendo en investigar lo sucedido sólo están ofreciendo asistencia al "terrorismo".
Pero esa ley, llamada Vigilancia de Inteligencia Extranjera, no se puede suspender, señalan expertos como el profesor en leyes David Cole. La legislación tendría que primero ser enmendada, ya tal como ésta prohíbe intervenciones telefónicas de ciudadanos estadunidenses sin previa autorización judicial o legislativa.
Esa legislación, promulgada en 1978, precisamente en respuesta a los abusos de agencias de inteligencia al "vigilar" a ciudadanos estadunidenses -particularmente a dirigentes opositores y críticos del gobierno-, ahora está provocando controversia no sólo por las denuncias de los contrincantes del presidente republicano, sino por integrantes de su propio partido.
El senador Lindsey Graham, fiel defensor del presidente, declaró que "aun en tiempos de guerra uno tiene que seguir el proceso" legal. Y el senador Arlen Specter, presidente del Comité Judicial, declaró que el espionaje doméstico es "injustificable" y que es "clara y categóricamente erróneo".
Vale señalar que el New York Times informó que aunque ya contaba con la información de las órdenes secretas del presidente para autorizar el espionaje electrónico de sus ciudadanos desde hace un año, aceptó la solicitud del gobierno de demorar hasta ahora la publicación de sus reporteros.
Esto, una vez más, provocó que algunos de nuevo cuestionaran al Times y sus decisiones, al señalar que es posible que si esa información se hubiera publicado hace un año, justo en medio del año electoral presidencial, junto con otras cosas podría haber cambiado el resultado final.
En este caso, como en otros, la presidencia ha insistido en que tiene la autoridad de obrar en secreto y sin justificación legal en tiempos de guerra, y con ello afirmar el poder del Ejecutivo, o lo que algunos llaman la "presidencial imperial".
Críticos como Jonathan Schell, de The Nation, señalan que "los abusos del poder presidencial de Bush son los más extensos en la historia de Estados Unidos".
Los críticos señalan como ejemplo de estos abusos lanzar una guerra ofensiva utilizando justificaciones falsas, autorizar un sistema de tortura en violación de las leyes nacionales e internacionales, el secuestro y tortura de extranjeros, el arresto de ciudadanos y extranjeros, sin presentar cargos formales y negándoles derechos básicos como acceso a un abogado.
En todos estos casos, el presidente Bush y su equipo han insistido que es justificable bajo la autoridad del Poder Ejecutivo en tiempos de guerra.
Apenas el viernes pasado, el vicepresidente Dick Cheney continuó defendiendo el derecho de Bush a ordenar el espionaje domestico. El presidente, declaró, "necesita tener poderes constitucionales intactos... en términos de conducir la política de seguridad nacional".
Esa justificación es la misma empleada para ampliar los poderes de esta presidencia desde el 11 de septiembre de 2001. Pero tal vez esto ha llegado a su límite.
El New York Times opinó a finales de la semana pasada que "finalmente hay señales de que el sistema democrático esta intentando frenar la presidencia imperial".
A la vez, el público sigue cuestionando -y reprobando- las políticas bélicas de este gobierno, y con cada nueva revelación de abusos de poder gubernamental, junto con más investigaciones legales y más evidencia de corrupción, ahora con pruebas de que Bush y Cheney están espiando a sus ciudadanos -la imagen de Big Brother siempre es negativa entre casi toda la gama política estadunidense-, otra prenda de la ropa del emperador parece desaparecer.
Dicen algunos que cada vez está más en juego la esencia de lo que se dice es una democracia constitucional, con límites y contrapesos al poder. En 2006 se comprobara si eso es cierto.