Activistas realizan un plantón en el aeropuerto internacional de Tijuana
Critican a aerolíneas mexicanas por cobrar el traslado de cadáveres de migrantes
Las compañías tienen la obligación moral de retornar a su lugar de origen a las personas que ellas mismas transportaron a la frontera para ingresar a EU, dicen ONG
Tijuana, 28 de diciembre. Integrantes de la Fundación Legal Rural de California y de la Coalición para la Defensa del Migrante realizaron un plantón frente al aeropuerto Internacional de Tijuana para criticar que las aerolíneas mexicanas cobren el traslado de ataúdes a territorio nacional.
Los activistas mostraron una instalación artística que representa un avión de Aeroméxico con la leyenda "Migrante express", del que salen billetes que los migrantes gastan para comprar sus boletos hacia la frontera norte del país y, en contraste, otro avión de Mexicana con un ataúd como cargamento.
La dirigente de la fundación, Claudia Smith, señaló que las aerolíneas mexicanas tienen la obligación moral de pagar los gastos de traslado de los connacionales muertos en su intento de cruzar a Estados Unidos, ya que ellas mismas los trasladaron a la frontera para intentar ingresar al vecino país sin la debida documentación.
Advirtió que esta obligación es en correspondencia con las ganancias que representa el pago de boletos de avión desde distintos puntos el país hacia Tijuana y Mexicali, y aunque no existen cifras oficiales, la activista comentó que en cada vuelo viajan, en promedio, 40 por ciento de migrantes con la intención de cruzar la línea internacional.
Tan sólo en estas épocas, los vuelos de la ciudad de México hacia Tijuana y Mexicali tienen un precio de 2 mil 750 pesos, viaje sencillo. La mayoría de los pasajeros normalmente proceden de entidades del sur de México que viajan a la capital del país y de allí se trasladan en avión hasta la frontera.
Por su parte, el director de la Casa YMCA en Tijuana, Oscar Escalada, aseguró que en promedio 500 migrantes mueren al año en la frontera entre México y Estados Unidos, de los cuales uno por ciento corresponde a personas menores de edad.