Lydia Cacho*

Un juicio político contra el periodismo

Hace unos días, en otro texto, describí la manera ilegal y el trato hostil que recibí durante mi detención en Cancún el viernes 16 de diciembre y el traslado de 20 horas de carretera a manos de la Policía Judicial de Puebla, en cumplimento de una orden de aprehensión de la cual nunca fui enterada. Se trató de un secuestro "seudolegal" mediante un operativo que buscaba castigarme antes aún de ser llevada ante el juez, con tortura sicológica y aflicción física. Sigo convencida de que la presión sobre el gobernador poblano a las pocas horas de mi detención impidió que en ese trayecto se consumara una agresión mayor.

El carácter irregular de mi detención y posterior encarcelamiento tomó sentido cuando resultó evidente, en lo siguientes días, que mi aprehensión y el juicio correspondiente habían sido negociados entre el demandante y el gobierno de Puebla. De manera increíble las propias autoridades admitieron tanto la colaboración, como el hecho de que para ellos mi caso ya había sido juzgado y sentenciado. ¡Mucho antes incluso de que pudiera presentar pruebas para defenderme de la denuncia por difamación! Es tal la prepotencia y la costumbre de usar la ley con fines represivos, que estos funcionarios hacen caso omiso de la separación de poderes y de la legalidad. La procuradora de Puebla asume que hay dos clases de personas: las y los ciudadanos y las y los periodistas. Para ella quienes ejercen el periodismo no deben recibir citatorios sino ser aprehendidos directamente. Y el gobernador añadiría: no sólo deben ser aprehendidos sino también condenados, antes de presentar pruebas en su defensa.

Consecuentemente, y para sorpresa de nadie, el viernes 23 de diciembre, la juez quinta de lo penal me declaró auto de formal prisión, una semana después de mi aprehensión, pese a las pruebas presentadas. Actualmente me encuentro en libertad bajo fianza, en el inicio de un juicio que podría concluir con una sentencia de cuatro años de cárcel y una multa.

Algo está cambiando

Hace no muchos años el comportamiento del gobierno de Puebla y el uso descarado de la justicia por parte de los poderosos no habría generado mayor sorpresa. En esta ocasión, en cambio, la respuesta de condena ha sido abrumadora. Organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y del derecho a la información se han expresado a favor de mi caso (Amnistía Internacional, el CPJ de Nueva York, la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras muchas). Multitud de ONG en México y el mundo, la Cámara de Diputados, el gobierno de Quintana Roo, los noticiarios y los diarios prácticamente de todo el país, cientos de colegas y amistades, una docena de articulistas nacionales; dos países me han ofrecido asilo político, e incluso senadoras y políticos priístas han rechazado el proceder del gobernador Mario Marín.

Esta respuesta se debe en mucho a dos factores con los cuales las víctimas de injusticias en México no suelen contar. Por un lado, la exposición que me proporciona mi oficio periodístico y mi trayectoria a favor de los derechos humanos, y por otro el descaro y los excesos cometidos por las autoridades poblanas.

Sin embargo, en el fondo la respuesta tiene que ver con el hecho de que mi caso hace evidentes dos terribles anacronismos de las leyes de imprenta e información en México:

1. La "criminalización" de las y los periodistas. El nuestro es uno de los pocos países occidentales en donde aún se castiga con cárcel este tipo de delitos. En el fondo la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, y la Constitución misma, consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma. Desde luego, es sensato que las leyes prevean penalidades económicas para estos delitos, pero no la cárcel.

2. La difamación, tal como la definen las leyes, se traduce en una acusación absurda. El Código de Puebla (artículo 357), muy similar a otros en todo el país, señala: "La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien." Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer cuatro años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. En otras palabras, Arturo Montiel podría demandar prácticamente a todos los medios del país que divulgaron datos de su fortuna inexplicable, porque esa divulgación afectó sus posibilidades a la Presidencia. La estricta aplicación de ese artículo mandaría a prisión a buena parte de los periodistas mexicanos. Más aún, el espíritu del artículo haría imposible el ejercicio del periodismo en México.

Son leyes, pues, absolutamente anacrónicas y, por lo mismo, se aplican muy de vez en cuando en nuestro medio. Sin embargo, están ahí como una espada de Damocles para ser usada cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada.

Yo no pedí estar aquí; fueron ellos los que prácticamente me secuestraron y me obligaron a defenderme. Las autoridades de Puebla han dicho que al recurrir a los medios he politizado el asunto, pero han sido ellos los que convirtieron una querella entre dos particulares en un asunto político al involucrarse directamente el Ejecutivo para forzar una aprehensión y una sentencia. Aunque la denuncia debió ser presentada en Quintana Roo, donde sucedieron los hechos, o en el Distrito Federal, donde fue publicado el libro, tramposamente se registró en Puebla, donde el demandante se siente dueño de la justicia (un dato curioso: la demanda fue presentada en el Misterio Público Especial para Delitos Electorales. En efecto, justicia divina, el papel membretado de ese tribunal reza "Misterio Público" en lugar de Ministerio Público). Con todo eso, ¿qué esperaban? ¿Que aceptara pasivamente lo que es una evidente compra de la justicia por parte de un magnate amigo de políticos?

Preferiría estar en Cancún, haciendo mi trabajo de todos los días. Pero ya que estoy en esta batalla en contra de mi voluntad, sería conveniente convertir este caso en el pretexto para cambiar de una vez por todas esas oscuras leyes, vestigios del antiguo régimen.

Es tal la indignación que ha generado la persecución política de la que he sido objeto que bien podría convertirse en el motor de algo más importante, más trascendente, para dejar atrás esta absurda mordaza o amenaza al ejercicio periodístico y al derecho de la sociedad a ser enterada de las malas prácticas y los vicios de la vida pública.

En lo que a mí respecta no tengo dudas de que ante un tribunal imparcial soy inocente de ambos cargos. Las menciones de Kamel Nacif en el libro carecen de dolo, y son extraídas del propio testimonio de las víctimas del pederasta Succar Kuri que se encuentra en expedientes de la PGR. Y por lo que respecta al daño a la reputación de Nacif, fácilmente puedo comprobar que tal reputación se encontraba ya en entredicho por las numerosas notas periodísticas, publicadas antes de la edición del libro, relativas a su detención por la FBI, sus relaciones con el juego y el presunto lavado de dinero en Las Vegas, los escándalos con el Fobaproa y las denuncias por acoso sexual en sus maquiladoras.

El libro Los demonios del Edén, origen de esta denuncia, lleva como subtítulo "El poder que protege a la pornografía infantil". Nunca como ahora estoy convencida del enorme poder de estas redes, capaces de mover gobiernos y violar las leyes en detrimento de los que se atreven a denunciar sus prácticas y defender a sus víctimas.

Nota: Jean Succar Kuri es un hotelero de Cancún, de origen libanés, actualmente preso en Chandler, Arizona, sujeto a juicio de extradición para responder por los delitos de pederastia y pornografía infantil. La denuncia por parte de sus víctimas y la orden de aprehensión en su contra se efectuaron antes de que yo conociera a las niñas objeto de abuso. Posteriormente, en mi carácter de directora del Centro Integral de Atención a Mujeres víctimas de la violencia, conocí su caso y apoyé su recuperación física y sicológica. Me decidí a escribir un libro cuando me di cuenta de las poderosas redes de apoyo con las que contaba Succar Kuri, las cuales le habían permitido fugarse y amenazaban con dar "carpetazo" al proceso judicial y eventualmente dejarlo libre.

Camel Nacif es mencionado cuatro o cinco veces en mi libro. Su nombre aparece en los testimonios de las víctimas, quienes lo señalan como uno de los amigos que solían acudir a reuniones de Succar, y éste mismo lo menciona como uno de sus poderosos protectores. Para explicar quién era Nacif, me remití a notas periodísticas publicadas en el pasado, que dan cuenta de los antecedentes de este empresario en escándalos en Las Vegas por lavado de dinero, antecedentes de acoso sexual en sus maquiladoras, denuncias laborales en sus empresas y su condición de beneficiario del Fobaproa.

*Lydia Cacho Ribeiro. Periodista, directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres, CIAM Cancún AC. Premio Estatal de Periodismo 2002. Especialista en violencia de género para la UNIFEM, Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer. Autora del libro Los Demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil. Editorial Grijalbo, 2005