Editorial
Las carencias de México en materia migratoria
El gobierno de México carece de una política migratoria clara para defender los derechos humanos y laborales de los mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos y de los centroamericanos que atraviesan territorio nacional rumbo al sueño americano. Esta ausencia se ha traducido en una grave incapacidad del gobierno actual para hacer frente a las estrategias represivas y policiacas impuestas por Washington en la línea divisoria, en abusos cometidos contra los migrantes incluso por empresas nacionales y en el incremento de detenciones de trabajadores centroamericanos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), este año la miseria y la falta de oportunidades expulsaron a unas 399 mil personas en su mayoría a Estados Unidos, lo que representa unas 4 mil más que el año pasado y 40 mil emigrantes adicionales respecto del inicio de este sexenio. Esta situación es especialmente preocupante en estados como Zacatecas, ya que ahora 35 por ciento de la población de esa entidad reside en suelo estadunidense. Esta tendencia a la baja representa una inquietante pérdida de mano de obra y de tierras cultivables, entre otros daños a la economía nacional. Además, si se mantienen las tasas de éxodo de trabajadores, en su mayoría jóvenes, a partir de 2030 el país sufrirá un proceso de envejecimiento demográfico, tal como advirtió el Conapo.
Por otra parte, con las nuevas medidas aprobadas en Estados Unidos para frenar la migración como la construcción de cientos de kilómetros de vallas y muros fronterizos y un incremento en el número de agentes, es de esperarse un aumento en la cantidad de personas que fallecen en su intento por cruzar la frontera, al buscar lugares más peligrosos e inhóspitos para ingresar a territorio estadunidense: según el director de la Casa de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Tijuana, Oscar Escalada, cada año mueren en promedio unos 500 migrantes, de los cuales uno por ciento son menores de edad. Si bien estos decesos se conocen desde hace varios años, el gobierno mexicano ha hecho muy poco por acabar con este lento genocidio y se ha limitado a emitir declaraciones condenatorias. Esta pasividad resulta más escandalosa si se tiene en cuenta que ninguna medida servirá para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos: únicamente en el sector de Tucson, Arizona, la Patrulla Fronteriza detuvo a 439 mil migrantes durante el año fiscal 2005 (del primero de octubre de 2004 al 30 de septiembre siguiente).
Asimismo, la falta de una estrategia migratoria ha permitido que se cometan abusos contra estos trabajadores. Por ejemplo, integrantes de la Fundación Legal Rural de California y de la Coalición para la Defensa del Migrante realizaron ayer miércoles una manifestación frente al aeropuerto internacional de Tijuana para protestar contra las elevadas tarifas que exigen las aerolíneas mexicanas para transportar ataúdes a territorio nacional. Resulta obvio que los deudos de una persona que se interna en Estados Unidos sin papeles y a riesgo de su vida no cuentan con los recursos necesarios para pagar los onerosos costos de este servicio.
Además de estos perjuicios, México se ha quedado sin autoridad moral para reclamar a Estados Unidos su política migratoria debido a que el gobierno aplica medidas represivas similares en la frontera sur: en los primeros 10 meses de este año, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 206 mil centroamericanos, 70.6 por ciento más que en 2002. Se trata de personas que son hacinadas en condiciones insalubres en las estaciones migratorias y que sufren hasta abuso sexual; de hecho, 185 agentes del INM han sido cesados por violar sus derechos humanos.
En consecuencia, el país se encuentra en una posición de debilidad sobre el tema migratorio, dejando en la indefensión a millones de mexicanos y centroamericanos.