Reiteran que el proceso para definir beneficiarios no fue justo ni transparente

Ex braceros continuarán la lucha ante la insuficiente ayuda social que les ofrecen

FABIOLA MARTINEZ

Para las organizaciones de ex braceros, el "apoyo social" por 38 mil pesos que ha empezado a entregar el gobierno federal no es suficiente, y el proceso para definir a los 8 mil beneficiarios de este año (7.6 por ciento del total de solicitantes) no fue justo ni transparente.

Por ello, grupos como la Unión Binacional de Organizaciones de Trabajadores ex Braceros continuará su lucha "por la verdadera devolución de los ahorros", descontados a miles de campesinos y obreros que laboraron en Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1942-1964.

Ese grupo hizo un llamado a sus similares -como la Alianza Braceroproa- para integrar un frente nacional. "No importa cuánto tiempo tardemos en esta nueva etapa de lucha, pero no aceptamos que el gobierno presuma que con ese 'apoyo social' nos está haciendo un gran favor y que la problemática quedó solucionada... No estaremos condicionados a la Secretaría de Gobernación", señalaron integrantes de la Unión Binacional.

La organización -impulsada por el diputado federal Valentín González Bautista-, la cual agrupa a la mayoría de los ex braceros y con la que el gobierno había negociado, ha marcado ahora distancia de los funcionarios, al considerar que "existen demasiadas irregularidades en el proceso" de finiquito.

La problemática de los ex braceros constituye uno de los asuntos pendientes de los que deberá informar el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Felipe González, antes de dejar el cargo para buscar la senaduría por Aguascalientes. El funcionario, sin embargo, considera que todas las protestas provienen de un "pequeño grupo" encabezado por "delincuentes" que, según él, sólo buscan seguir "su negocito" de quitarles dinero a los ancianos.

Como se ha difundido, desde hace más de cinco años cientos de ex braceros o sus beneficiarios empezaron a organizarse para recuperar sus ahorros. Según la versión del gobierno del presidente Vicente Fox, no existen documentos en los que se compruebe quiénes y en qué lapso laboraron en los campos o redes ferroviarias en el vecino país, durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

De ahí que, con base en un acuerdo del Congreso de la Unión, se integró un fideicomiso -con vigencia 2005-2010- que este año que concluye y para el próximo cuenta con una bolsa de apenas 298.5 millones de pesos, monto con el que resultarán beneficiados cerca de 8 mil ex braceros cada año.

Es decir, para el término del plazo legal del fideicomiso posiblemente sólo habrán recibido dinero menos de 40 mil ex braceros, una mínima parte si se considera que en 2003 Gobernación integró un padrón de 104 mil personas y se calcula que hay más interesados en recuperar sus ahorros, sólo que no quisieron desprenderse, entonces, de los documentos originales que los acreditan como ex trabajadores migrantes.

A pesar de que los pagos son resultado de una larga lucha de diversas organizaciones (inclusive más de siete años) y la partida de este año fue delimitada por la Cámara de Diputados, la administración foxista ensalza el inicio del pago a ex braceros como "un apoyo social" de este gobierno, el cual será aderezado -según promesas de funcionarios- con recursos de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Desarrollo Social.

Uno de los aspectos que detonaron en el descontento de la Unión Binacional, más allá de la férrea lucha de la Alianza Braceroproa, que llegó incluso a traspasar la seguridad en el rancho de la familia del presidente Fox, fue la actitud de Gobernación, calificada por los dirigentes sociales de "desprecio, prepotencia y burla", principalmente porque mucha gente que cumple con los requisitos quedó fuera del padrón de beneficiarios.

El plan de acción de la unión va en diversas vías: por un lado, la movilización en las calles, y por otro el seguimiento a una demanda judicial en Estados Unidos. Cuenta además con estudios actuariales en los que se calcula el millonario adeudo con este sector, mucho más allá de los 38 mil pesos autorizados.

Los dirigentes de la unión (María Reyes Cruz, de Tabasco; Ana María González, de Durango; Taurino Castregón, de Guerrero; Cayetano Sandoval, de Querétaro; Gabriel Ortiz, de Sonora; Eutimio González, de Michoacán; Guadalupe López, de Tabasco; Mario Silva, de Durango, y Juanita Rangel, de Nuevo León, por mencionar algunos) reconocen que, en principio, será necesario "restructurar" los grupos de ex braceros, que han resultado divididos en los años recientes.

Lo cierto es que tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los primeros beneficiados (menos de cuatro mil, hasta el cierre de este año), las protestas han sido regionales, debido principalmente a que la mayoría de los inconformes son personas de la tercera edad, de por sí cansadas, pobres "pero con coraje y dignidad" para reclamar lo que consideran justo.

Por lo pronto, advierten que de no encontrar respuesta a sus peticiones empezarán a movilizarse e incluso a cerrar caminos, pese a la advertencia del equipo de Felipe González de que si incurren en esa estrategia irán a parar a la cárcel, como ocurrió con Ventura Gutiérrez, líder de la Alianza Braceroproa.