Pasaron de contrabando adiciones que neutralizan los $25 mil millones que obtendría
Confisca el gobierno recursos de Pemex mediante Ley de Ingresos
Se anula fondo de estabilización petrolera porque se reparten excedentes entre los estados
Con la obligación de tener un mayor superávit se le impide disponer de más flujo: experto
En la reciente aprobación de la Ley de Ingresos para 2006 se convalidó una maniobra contable para confiscar los recursos adicionales que el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) aportaría a la recuperación y el desarrollo de la empresa, por medio de adiciones que pasaron de "contrabando", con lo que prácticamente se neutralizan los casi 25 mil millones de pesos que eventualmente obtendría la petrolera, afirmó Sergio Benito Osorio, experto y consultor en temas energéticos.
Asimismo, prácticamente se eliminó el Fondo de estabilización de ingresos petroleros que debería de acumularse y servir para apoyar el crecimiento de Pemex y como reserva estratégica para superar caídas abruptas en los precios. En su lugar se repartirán entre las entidades federativas los excedentes sin importar el riesgo o la eventualidad.
Así, el régimen fiscal aprobado contiene disposiciones para obligar a ampliar la extracción de petróleo hasta por 77 mil barriles para el año que entra y 180 mil barriles diarios para 2008, y de no lograrse esta meta Pemex deberá pagar un derecho adicional distribuible plenamente a los estados.
Sergio Benito, quien fue presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, explicó que esta sola disposición otorga un nivel de cobertura a las entidades federativas que no tiene la Federación.
Pero adicionalmente en la Ley de Ingresos se incorporaron dos elementos más: un aprovechamiento de 6.5 por ciento a eNtregar a los estados sobre el valor que resulte de la exportación, cuando el precio supere los 36.50 dólares por barril, y que pudiera significar 500 millones de pesos por cada dólar adicional. Esta disposición, dijo, no estaba presente en el régimen fiscal y se incorporó de "contrabando" en la Ley de Ingresos.
El especialista aseguró que además se estableció el aumento en la obligación de obtener un mayor superávit en las empresas públicas por un monto aproximado a los recursos adicionales que debe percibir Pemex en 2006, por un monto de 23 mil 500 millones de pesos, lo que equivale a impedir que esta empresa pueda disponer de estos recursos para inversión o pago de deuda.
Detalló el experto que el proyecto de Ley de Ingresos 2006 enviado por el Ejecutivo federal contenía, en la parte C de la tabla de ingresos, un superávit de organismos y empresas de control presupuestario directo por 176 mil 600 millones de pesos; sin embargo, la minuta enviada por los diputados y votada por el Senado aumentó este rubro hasta 201 mil 700 millones de pesos, y se sabe que ese superávit lo forman en realidad los recursos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este resultado contrasta con lo afirmado por el presidente, Vicente Fox, quien desde 2004 y 2005 instó públicamente al Congreso aprobar su iniciativa. Los legisladores durante más de un año examinaron diferentes propuestas y finalmente, en junio de este año, votaron un dictamen que daría en 2006 un nuevo régimen fiscal a la paraestatal y 24 mil 700 millones de pesos (en el primer año), que sin ser suficientes permitirían enfrentar en mejores condiciones los diversos problemas.
Adicionalmente, la ley avanzó en transparentar las cuentas de la empresa cuya reputación se significa por lo malos manejos y la corrupción; el efecto, en el mismo ordenamiento se pusieron las bases para que la Auditoría Superior de la Federación fijara un sistema de evaluación de costos operativos para exigir a Pemex, sobre bases sólidas, mejorar su eficiencia.
Por otra parte, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) recibiría como parte de los ingresos por extracción, recursos para potenciar el desarrollo científico y tecnológico en esa materia.
Finalmente, las plataformas de extracción y exportación quedarían sujetas anualmente, en la Ley de Ingresos, para evitar el uso unilateral de un recurso que no es propiedad de Pemex sino de la Nación.
Sin embargo, el presidente vetó la ley de derechos el 6 de septiembre, aduciendo una pérdida extraordinaria de recursos para la federación y para los estados, y presentó un conjunto de observaciones entre las que destacan: la ampliación (un año) del periodo de transición para la amortización de las inversiones, garantizar ingresos a las entidades federativas, establecer un tratamiento diferenciado al gas natural; eliminar la fiscalización a los costos, la participación del Congreso en la fijación de las plataformas de extracción y exportación, y la entrega directa de recursos al IMP; introducir modificaciones al gobierno corporativo de la empresa y, finalmente, integrar los ingresos adicionales a la meta de balance financiero de la empresa.
Durante dos meses el Congreso procesó las observaciones del presidente y en definitiva el Senado votó una nueva fiscalidad para Pemex el pasado 8 de noviembre: retuvo las facultades para fiscalizar costos, para fijar los máximos de extracción y exportación de petróleo, la contribución al IMP y desechó la incorporación de particulares al Consejo de Administración de la empresa, así como la consolidación de sus ingresos adicionales al superávit financiero; el resto de las observaciones presidenciales fueron admitidas, en particular, se adoptaron medidas extraordinarias para garantizar y aumentar la contribución de Pemex a los estados.
Sergio Benito Osorio aseguró que derivado de una presión extraordinaria de los gobernadores, que han servido como ariete a la Secretaría de Hacienda, la negociación, en su última fase, dio como resultado la anulación de los beneficios que se buscaban para Pemex, como resultado de la rebatinga por los dineros de la bonanza petrolera que han escenificado los gobernadores desde hace tres años.
Contradicciones del Ejecutivo y Legislativo
El especialista precisó que en términos de dinero, el presidente veta el primer régimen porque considera que la transferencia de recursos a Pemex es extraordinaria (24 mil 700 millones de pesos) cuando el nuevo consenso alcanzado con la Secretaría de Hacienda aporta 23 mil 500 millones de pesos: menos de uno por ciento del presupuesto anual de ese organismo. "Pero además impide que lo use". Entonces, el experto se pregunta: ¿Qué mejora se pretendía para Pemex?.
La conducta es contradictoria pero, en esta ocasión, no sólo del Presidente sino también de la mayoría de los legisladores, comentó. "Es evidente que para Vicente Fox, para su obra de gobierno este resultado será recordado como un fracaso, porque se dejó llevar por el celo de la alta e incapaz burocracia de la SHCP, que ganó al mantener el control sobre Pemex -hay que recordar que hasta el mismísimo Carlos Slim ha pedido no privatizar Pemex y sacarlo del control presupuestal-".
El voto de los legisladores, agregó, seguramente tuvo en la mira su futuro político, pero no estuvieron a la altura para resolver uno de los principales asuntos presentes y futuros del país.
En cambio, los gobernadores (que no sus entidades) y sus partidos políticos ganaron porque pudieron concretar una operación política que pondrá en sus manos grandes cantidades de dinero en una coyuntura dominada por las elecciones federales de 2006.