Aumento indignante
Así califica, con razón, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) al ridículo incremento de 4 por ciento al salario mínimo general, equivalente a 1.87 pesos, que servirá de referencia el año próximo para el mundo salarial, establecido el pasado martes por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una vez más con criterios económicos fríamente tecnocráticos. Es decir, ni siquiera el costo de un boleto de Metro en la zona catalogada como más alta, ni el 4.5 por ciento que se fijó el año pasado, que ya causó tanto escándalo.
Para el Cereal, es además preocupante que el presidente de esa instancia, en la que los sindicatos y las empresas no hacen más que atender los intereses gubernamentales, haya declarado que esta es la única forma de impulsar el crecimiento económico y asegurar el crecimiento formal de empleos, recurriendo al mismo y gastado argumento de hace más de 25 años, cuando en los hechos ello evidentemente no se ha logrado y sí, en cambio, ha representado para los trabajadores una pérdida de 74 por ciento de su poder adquisitivo.
Además de que con esto el gobierno sigue incumpliendo con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos laborales, el Cereal considera que de esta manera se sigue promoviendo estructuralmente la informalidad en el empleo, la precarización laboral, la ilegalidad, la inseguridad y la migración.
En efecto, de acuerdo con un estudio realizado por el Congreso del Trabajo, un salario mínimo alcanzaba en diciembre de 1982 para adquirir 93.5 por ciento de la canasta básica. Veinte años después, sólo se podía adquirir 19.3 por ciento; y poco más de 15 por ciento el mismo mes del año 2003. El año pasado el Congreso del Trabajo afirmaba por estas fechas que los 2.5 millones de personas que percibirían el salario mínimo este año sólo podían comprar un kilo de jitomate, un kilo de cebolla, uno de calabaza, uno de zanahoria, uno de huevo y uno de retazo de pollo, sin que alcanzara para los servicios de renta, agua, luz, gas y transporte. Hoy el Cereal también se pregunta cómo se pueden costear con 47.05 pesos diarios estos mismos servicios, cuando sin contar otros alimentos como frutas y verduras, la leche tiene un costo promedio de 10 pesos, el kilo de bistec de 59.45 pesos, el kilo de tortillas de 5.20 pesos, y el costo del transporte es de entre 2.50 y 4 pesos.
La violación sistemática al derecho a un salario suficiente ha orillado a gran parte de la población a desarrollar estrategias de sobrevivencia, como la ocupación en actividades informales, que contribuyen a la precarización laboral y propician en algunos casos el desarrollo de actividades ilegales. Según cifras dadas a conocer por el INEGI, la población ocupada en el sector informal ascendió a 11.5 millones de personas durante el primer trimestre de este año, lo que equivale a 28 por ciento de la población ocupada y disminuye de manera considerable la capacidad recaudatoria del Estado.
De acuerdo con cálculos de la Comisión Económica para América Latina y la Organización Internacional del Trabajo, de cada 10 empleos que hoy se crean en el país, cuatro se generan en el sector informal. Por otro lado hombres, mujeres, niños y niñas han sido empujados por esta situación a realizar incluso actividades ilícitas, poniendo en riesgo su libertad y su integridad física. Un caso extremo es el de pescadores que se han alquilado como burreros (transportadores de droga) para los narcotraficantes en Yucatán, el Golfo de México y el Golfo de California, al no recibir recursos por parte del gobierno federal. O el de mujeres indígenas oaxaqueñas cuyos maridos tuvieron que emigrar a Estados Unidos, que ante la necesidad económica se han prestado para trabajar con los narcotraficantes, quienes les piden "llevar un paquete", a veces con conocimiento de causa y a veces engañadas por sus mismos familiares. Muchas de ellas están ahora detenidas y acusadas de delitos contra la salud.
México, por lo demás, se ha convertido en el primer país receptor de remesas a escala mundial, por la insuficiencia de empleo, pero también por la enorme disparidad de salarios en relación con Estados Unidos. Según cifras del Consejo Nacional de Población, el número de emigrantes ascendió a un millón 800 mil sólo durante la actual administración; y de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, a pesar de las condiciones adversas de trabajo en Estados Unidos y la disminución abusiva de sus salarios, 78 por ciento de los recursos que envían se puede destinar al alquiler de vivienda, comida y medicinas; 8 por ciento al ahorro; 7 por ciento a la educación, y el 7 por ciento restante a otros rubros. Por todo ello, para el Cereal es urgente la revisión de la estrategia económica impuesta hasta ahora por el gobierno mexicano, y urge una instancia de negociación que no considere al salario meramente como un índice económico, sino como un factor vital para el desarrollo equitativo del país.