Muros, sí; acuerdo migratorio, no
El recrudecimiento del acoso a los trabajadores indocumentados y sus familias y el nulo avance en las negociaciones de un acuerdo migratorio con Estados Unidos son, sin duda, uno de los grandes fracasos de esta administración federal, una vez que han comenzado los balances de activos y pasivos, a menos de 12 meses del relevo sexenal.
Dar certidumbre a la residencia temporal, y legalidad a la relación laboral de nuestros connacionales en el exterior, fue la carta principal del área de política exterior de este gobierno, anunciada estruendosamente por un frustrado aspirante presidencial. Pero todo resultó un canto de sirenas. Nada tangible.
Ni siguiera ha prosperado la iniciativa del presidente estadunidense de otorgar permisos temporales a los trabajadores, sin esperanza alguna de regularizar su residencia, en el esquema "comes y te vas". Sin garantía alguna tampoco para quienes ya viven en Estados Unidos. Ninguna generación de derechos. Sólo una operación de mercado.
Según ese plan, los trabajadores migrantes recibirían visas de trabajo de tres años, que podrían extenderse por tres años más, pero tendrían que regresar a sus países natales durante un año para solicitar un nuevo permiso de trabajo temporal. Pero ni siquiera eso hemos visto.
Lo de hoy, lo real, muy lejos de las expectativas desbordadas de 2001, es una nueva legislación migratoria en Estados Unidos, derivada de la iniciativa HR4437, que ordena la construcción de cinco muros adicionales de contención de indocumentados en la frontera con México: Tecate y Caléxico, en California; Columbus, Nuevo México; Del Río, Texas; y Laredo, Brownsville.
Se ha fijado un plazo, que vence en mayo de 2007, para la construcción de las bardas, y de un sistema de seguridad para el año próximo.
Esta medida se suma a la Real ID (HR-418), que ya prescribe la construcción de muros en la frontera y dificulta la obtención de licencias de conducir para los migrantes, por lo que ha sido denunciada por grupos defensores de los derechos humanos como una legislación lesiva a la seguridad, al medio ambiente y a los derechos de los refugiados, y como un "paso atrás" en la ruta hacia a una reforma migratoria integral. Esa polémica ley hace más gravoso también el derecho al asilo político.
Como entonces, nuevamente la administración del presidente George Bush hizo público su "vigoroso respaldo" a la nueva legislación, "para asegurar la frontera y prevenir los cruces ilegales, arrestar a inmigrantes ilegales y asegurar que aquellos que sean detenidos sean devueltos a sus países de origen tan pronto como sea posible".
La nueva derecha estadunidense se niega a reconocer la contribución fundamental de los inmigrantes a la prosperidad de su país y la construcción de la mayor economía del mundo desde la segunda mitad del siglo XX y, todo parece indicar, del futuro mediato, bien entrado el siglo XXI. La aportación en trabajo, consumo e impuestos de la población migrante al país huésped se estima, en estudios públicos y privados, en más de 450 mil millones de dólares. Más que carga, pues, son un activo imprescindible. Un pilar que no puede demolerse por conveniencia propia.
Economías como las de California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois, superiores en PIB a la mayoría de países industrializados, incluidos los de la Unión Europea, ya no digamos los países expulsores de mano de obra, serían impensables sin el concurso de los trabajadores migrantes.
Después de los muros, está ahora a debate exigir a los patrones investigador en un registro electrónico si los aspirantes a empleados tienen o no un estatus migratorio regular, so pena de ser sancionados penalmente. Los trabajadores sin este requisito adquirirían, a su vez, condición de criminales.
Pero lo más grave ahora es la pretensión de negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos, lo que sería una flagrante violación de los derechos humanos en el país que se presenta ante el mundo como el paladín de los valores occidentales, la libertad, la democracia y los derechos universales del hombre.
Aun cuando la Comisión de Normas de la Cámara de Representantes ha rechazado esa iniciativa, su autor, el representante republicano Nathan Deal, de Georgia, afirma que volverá a plantear el tema, con el "argumento" de que la posibilidad de que los hijos sean ciudadanos representa un atractivo que "es un componente importante del problema de la inmigración ilegal, pues 10 por ciento de los bebés nacidos en Estados Unidos son hijos de indocumentados, unos 400 mil nacimientos por año, una cifra asombrosa".
Pero no sólo en el ámbito federal se presenta este ofensiva antimigrante. También en los estados. Después de Arizona, toca el turno a Arkansas, donde se pretende negar el acceso a los servicios públicos a los inmigrantes y sus familias, ante la pasividad del Estado mexicano.
En suma, hablar de la inminencia de un acuerdo migratorio, antes de terminar esta administración federal, cuando todo ha sido pasos hacia atrás, suena hoy a una quimera, un deseo loable con motivo de la temporada decembrina. Pero hacia allá tenemos que avanzar, tarde o temprano. Eso sí, no sólo por México. También por Estados Unidos.