Es una pena que se encarcele a quien denuncia un ilícito y los criminales sigan impunes, dice
El acoso a Lydia Cacho recuerda la guerra sucia, afirma Sauri Riancho
Inocultable, el linchamiento contra la periodista encabezado por el gobernador poblano: PRD
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Foto: Jos�ntonio L�
La ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, advirtió que la rapidez de las autoridades judiciales para detener y decretar la formal prisión en contra de la periodista Lydia Cacho le recuerda la etapa de la llamada guerra sucia en México, cuando se ejecutaban también con gran celeridad las capturas de guerrilleros.
Sauri advirtió que las integrantes de las Comisiones de Equidad y Género y la encargada de seguir las investigaciones sobre los asesinatos contra mujeres en Ciudad Júarez exigirán al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, investigar a fondo la prostitución infantil y el comercio sexual de menores en Quintana Roo. Asimismo, dijo, harán llegar a la relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujeres, Yakin Ertük, el expediente sobre la persecución judicial que sufre Lydia Cacho.
Es una pena, dijo, que una luchadora social que se ha significado por defender las causas de las mujeres maltratadas, que ha documentado un gravísimo problema como es la prostitución y la pornografía infantil, vaya a la cárcel, mientras que los pederastas siguen impunes.
Mientras, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD anunció que pedirá la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y consideró que se debe frenar la persecución policiaca que el gobernador de Puebla, Mario Marín, ha emprendido contra la periodista Cacho Ribeiro.
En entrevista, la senadora Sauri comentó que en reunión con legisladoras, el entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, se comprometió a investigar a fondo las denuncias sobre la pornografía infantil y el comercio sexual con niños en la zona norte de Quintana Roo, especialmente en Cancún. "Recuerdo muy bien que habló de acelerar las gestiones para la extradición del señor Jean Succar Kuri, pero lamentablemente con el cambio de procurador parece que ese impulso y ese compromiso simplemente se perdieron."
Por ello, "ahora hay que hacer una seria llamada de atención al procurador Daniel Cabeza de Vaca para que con la misma tozudez que pone en otras causas, lleve a cabo la investigación sobre el tráfico sexual de menores. Casos tan graves como estos no deben quedar en la maraña burocrática de la PGR".
La senadora priísta no quiso "aventurar responsabilidades" de los gobernadores de Puebla y de Quintana Roo en el caso, pero resaltó que asombra la premura con que actuaron para detener a Cacho Ribeiro y para dictar luego la orden de aprehensión. En Yucatán, ejemplificó, después de más de dos años no se ha podido hacer efectiva la orden de aprehensión de una persona que cometió peculado en contra del Poder Judicial estatal.
"Llama mucho la atención la prontitud con la que se ejecutó la orden de aprehensión dictada por un juez en Puebla, que fue a cumplirse a Quintana Roo. Fue muy rápido el movimiento y la coordinación entre elementos policiacos de dos estados; no recordaba tal celeridad, tendría que remontarme a la época de la guerrilla, en los 60, cuando una persona era entregada en cosa de minutos".
Por otra parte, el CEN del PRD advirtió que el traslado de Cacho a Puebla puede contener elementos constitutivos del delito de secuestro y en el mismo está involucrado el gobernador de Puebla, Mario Marín.
Estamos frente a un caso de "linchamiento político" que debe tomar la CNDH, indicó el PRD. Hizo notar que Marín no ha respondido por su participación en el operativo de un grupo de judiciales en el que trasladaron a Cacho en una abierta violación a sus garantías individuales.
No cejaremos en la denuncia de este caso de persecución política de un gobernador que "repentinamente" mostró un interés supremo por ejercer una acción en contra de una periodista que documentó numerosos casos de pornografía infantil en el que Succar se encuentra directamente relacionado.
La decisión de decretar el auto de formal prisión a la reportera Lydia Cacho "significa una vileza contra el ejercicio profesional de una persona, y sobre todo una agresión a los derechos humanos de una periodista que simplemente denunció un delito que el Código Penal mexicano es incapaz de castigar con dureza", consideró el diputado perredista Gerardo Ulloa.