Menos de un tercio de los ejidatarios afectados aceptó el proyecto, afirman activistas

Ilegal, asamblea que aprobó La Parota

Señalan irregularidades en la convocatoria a reunión para decidir expropiación de tierras

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS Y ROSA ROJAS CORRESPONSAL Y REPORTERA

Acapulco, Gro., 14 de diciembre. Solamente 823 ejidatarios de los bienes comunales de Cacahuatepec firmaron el acta de la asamblea realizada el 23 de agosto en San Marcos, región de la Costa Chica, es decir, menos de 36 por ciento de los 2 mil 300 que, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aceptaron la expropiación de sus tierras para empezar a construir la presa La Parota.

Este descubrimiento lo hicieron integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) al acudir hoy a la segunda audiencia al Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en este puerto, para presentar pruebas testimoniales, confesionales y documentales de que la asamblea de San Marcos fue ilegal porque no se cumplieron todos los requisitos.

Marco Antonio Suástegui, uno de los voceros del CECOP, acompañó al TUA a Antonio Baylón Valente y Vicente Delgado, dos testigos que presentaron pruebas de que los asistentes a la asamblea recibieron dinero y llevaban un distintivo que les permitía entrar.

Antes de la audiencia hubo un jaloneo entre los miembros del CECOP y una decena de policías que resguardaban la entrada a solicitud del presidente del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco. Finalmente, ingresaron Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores Hernández, dos de los líderes del movimiento, los dos testigos y seis comisarios. El presidente del comisariado de los bienes comunales de Cacahuatepec, Crescencio Jerónimo Aparicio, no acudió.

Antonio Suástegui reiteró que la asamblea de San Marcos fue ilegal porque ''las autoridades dijeron que habían firmado el acta de aprobación más de 2 mil 300 comuneros, pero hoy que vimos el acta de asamblea sólo firman 823 comuneros, es decir, no hubo quórum, ya que somos 7 mil 231 comuneros legalmente reconocidos''.

Sobre la reunión del próximo viernes, convocada por la Procuraduría Agraria para realizarse en Dos Arroyos -uno de los tres núcleos agrarios que según la CFE faltan para aprobar el proyecto-, Suástegui aseguró que es ilegal porque la convocan 20 ejidatarios y no el 20 por ciento que exige la ley.

Además, dio a conocer un oficio del comisariado ejidal de Dos Arroyos, Juan Zapata Jiménez, dirigido al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y fechado el 21 de noviembre, en el que advierte que él no ha girado convocatoria alguna para la asamblea en la cual los comuneros decidirán sobre la expropiación de las tierras, y advirtió que no existen condiciones para realizarla porque hay ''mucho riesgo''.

Mientras, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) solicitó ayer al secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés; al secretario general de Gobierno, Armando Chavarria Barrera, y al presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, aplicar medidas cautelares y no enviar la fuerza pública a la asamblea de Dos Arroyos, ''convocada irregularmente'' para el viernes, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.