La posible privatización del ejido provocó división entre los diputados priístas
La presión de CNC, Medio Ambiente y Economía logra frenar la ley agraria
La mesa directiva sustrajo del orden del día el debate en lo particular
Se pospone para febrero de 2006
Las llamadas telefónicas de Heladio Ramírez surtieron efecto
La presión ejercida por los secretarios de Economía, Sergio García de Alva, y de Medio Ambiente, José Luis Luege, así como por la del dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, contra la Ley Federal Agraria (LFA), aprobada en lo general el pasado martes en el pleno de San Lázaro, provocaron que la mesa directiva de la Cámara de Diputados sustrajera ayer del orden del día el debate en lo particular sobre dicha legislación, agendado con el propósito de enviar la minuta al Senado de la República.
En un hecho insólito, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) provocó que la ley aprobada se traslade al próximo periodo ordinario de sesiones para discutirse en lo particular, porque el contenido del dictamen dividió a la bancada del tricolor durante la reunión plenaria que sostuvo momentos antes del inicio de la sesión, programada para las 11:30 horas en el salón de plenos de San Lázaro.
Justamente cuando el presidente de la Cámara, Heliodoro Díaz, declaró la apertura de la sesión, se repartió el orden del día entre los diputados. En ese documento se incluía el debate en lo particular de la LFA. No obstante, no habían transcurrido más de 10 minutos cuando el vicecoordinador de los priístas, Wintilo Vega Murillo, solicitó la palabra para hacer una petición, que el presidente de la Cámara dio por buena:
"Señor, su excelencia -dijo Wintilo Vega-, siguen en la agenda dictámenes a discusión y correspondería entrar a la discusión y votación de la ley agraria en lo que corresponde en lo particular. Yo le pediría que pudiera consultar al pleno la posibilidad de que pudiéramos contar con más tiempo para analizar las reservas que estamos haciendo, (que) pudiera posponerse para otra sesión."
Heliodoro Díaz respondió: "Efectivamente, vienen los dictámenes a discusión y le solicito consulte a la asamblea, en votación económica y con el propósito de tener mayor tiempo para analizar las reservas presentadas". El pleno votó automáticamente por desechar el dictamen para su discusión en lo particular.
Priístas contra el dictamen
Y es que las llamadas telefónicas que hizo desde Honk Kong el líder de la CNC, Heladio Ramírez, a los diputados campesinos del PRI, surtieron efecto horas antes en el encuentro plenario de ese partido. Con el argumento de que la nueva ley propicia la privatización del ejido, la mayoría de los legisladores del Revolucionario Institucional la emprendieron contra el dictamen y advirtieron a Emilio Chuayffet que lo sacara del orden del día.
Con ese mandato, el coordinador de los priístas operó una salida con la mesa directiva, con el aval del PAN, para postergar la discusión en lo particular del dictamen hasta el año próximo.
En su momento, Chuayffet explicó que la ley se encuentra "en curso de discusión y de debate (...) ayer tuvimos una votación (en la reunión plenaria) de 110 contra 66 en relación con esta ley. En la tarde y hoy en la mañana me han seguido viendo diputados de todas las organizaciones que integran el PRI, unos con argumentos en pro, otros con argumentos en contra. Creo que si se salva el procedimiento cumpliendo las formas legales, ésta debería ser una ley que remitiéramos a febrero".
Y así quedó. Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria, defendió el contenido de su iniciativa, y con enojo le borró el estigma, que lo había señalado como reproductor de la ley Usabiaga, al comentar lo siguiente: "Dicen algunos compañeros que se trata de la ley Salinas, nada más falso, porque él fue quien privatizó el campo mexicano. Nosotros, con esto, le damos seguridad jurídica. Se nos dice que nosotros estamos propiciando la venta indiscriminada de la tierra, falso totalmente. En la ley del 92 ya viene establecido con toda claridad que se generaban situaciones para que se pudiera participar en la venta o compra de tierras.
"¡Nosotros lo que estamos haciendo aquí es protegiendo al ejido y a la comunidad. Por ejemplo, definimos que los convenios que se hagan entre particulares para proyectos productivos no pueden rebasar, como se establecía en la anterior ley, los 30 años de vigencia, y podían volverse a firmar por otros 30 años más."
García Corpus explicó que en los artículos 27, 84, y 86 de la nueva ley se prescriben medidas para proteger la propiedad social, al señalar que será el propio núcleo agrario, por medio de su reglamento interno, el que definirá los requisitos, los lineamientos y modificaciones. Con enojo, el legislador priísta reclamó a Heladio Ramírez, quien, dijo, "desde Honk Kong hizo llamadas a los diputados que dirigen organizaciones campesinas para que se impidiera la aprobación en lo particular del dictamen".
El PAN acusa a funcionarios federales de intervenir contra la ley
Fue Rubén Alfredo Torres Zavala, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la Comisión Agraria, quien endureció el tono al acusar a funcionarios federales de haber intervenido contra la ley:
"Puntualizo que tampoco es válido que algún secretario o algunos secretarios el día de ayer, en sendos telefonazos, de repente hayan argumentado, y en este caso voy a puntualizar que el secretario de Economía y el de Medio Ambiente hayan hablado 15 minutos antes de presentarse la iniciativa al pleno para decir que estaban muy preocupados por la inclusión de la fracción décima del artículo 213 (sobre la atribución de los tribunales agrarios en materia ecológica), y ahí sí es muy grave que dos secretarios se asuman como voceros de intereses muy particulares que están impugnando esta ley".
Refirió que en su partido se debatió con profundidad la reforma a dicho artículo, y se demostró, dijo, que aquellos que han insistido en que no se faculte a los tribunales agrarios para conocer en materia ecológica, "es la compañía Cemex, y esto lo puntualizo porque así ha sido, ha mandado oficios, hemos atendido a Cemex en el seno de la comisión, hemos recabado sus argumentos, los hemos debatido y hemos concluido que no tiene fundamentación".
De tal forma, atribuyó a los titulares de Economía y de Medio Ambiente el papel de defensores de los intereses de las empresas, al sugerir la reserva del artículo 213.
"Aquí lo grave es que dos secretarios de Estado se transformen en voceros de una empresa, para que a las 15 para las cuatro pidan que los diputados nos reservemos el artículo 213, y yo creo que eso es muy grave, porque viola el principio fundamental que hemos establecido en esta comisión de escuchar de manera institucional a todas las voces, y la Secretaría de Medio Ambiente ha tenido la oportunidad de presentar las observaciones y se han discutido en el pleno, y entre ellas no estaba la de derogar esta fracción".
Así, el PRI, con el respaldo del PAN, logró trasladar la discusión en lo particular de la Ley Federal Agraria para el próximo periodo ordinario de sesiones.