Adoptó un criterio para evitar "incumplimientos"
Ordena la Corte devolver fondos al tribunal electoral de BC
Determinan magistrados que el Ejecutivo local no tiene facultades para cambiar el presupuesto del Poder Judicial
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer un criterio novedoso que impide a los congresos estatates evadir su responsabilidad de restituir recursos a las entidades gubernamentales que resulten favorecidas por decisiones de la propia Corte en controversias constitucionales relacionadas con presupuestos de egresos.
Al resolver en sesión pública la controversia constitucional que interpusieron los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Baja California en contra del presupuesto de esa entidad, en el que el Congreso avaló la propuesta del Ejecutivo local de reducir a la mitad los recursos asignados al tribunal (casi 5 millones de pesos) para el ejercicio fiscal 2005, el pleno ordenó a los diputados la entrega de los fondos que indebidamente le quitaron y, en caso de que el Congreso bajacaliforniano no tenga dinero para cumplir su obligación, que cree una partida especial para el año próximo en la que se contemple dicha cantidad adicional para el organismo electoral.
Anteriormente, la SCJN desechaba muchas controversias constitucionales relacionadas con los presupuestos, porque si se pasaban del ejercicio fiscal eran desacatadas, con el argumento de que no se podía ordenar el cumplimiento retroactivo de la sentencia.
El ministro José Ramón Cossío señaló que ya era hora de que la Corte obligara a los legisladores a cumplir su obligación de entregar recursos que indebidamente dejaran fuera de un ejercicio fiscal determinado, porque les "salía muy barato" permitir que transcurriera el ejercicio fiscal impugnado y que las cosas quedaran como si nada.
En otro orden, para terminar la polémica que representa el monto presupuestal de los tribunales electorales y para que quede garantizado el ordenamiento constitucional de que ninguna entidad puede recibir una partida menor a la del año anterior, los ministros determinaron que, efectivamente, no se les debe asignar menos dinero que en el ejercicio anterior, pero con la salvedad de que se tomen en cuenta los "últimos años ordinarios y los electorales".
Es decir, los congresos tendrán que precisar en su presupuesto, si se trata de un año "ordinario" y que los recursos que reciban los tribunales electorales correspondan al "último de éstos", y si se trata de uno en el que haya comicios -cuando reciben mayores recursos-, se tome en cuenta como base el último ejercicio fiscal del año "electoral".
De acuerdo con ministros consultados, si bien en este asunto se abordó la problemática de los magistrados electorales de Baja California, lo cierto es que en la discusión del tema de alguna manera el pleno abordó el conflicto que afronta el Poder Judicial de la Federación en relación con su presupuesto anual, ante la necesidad de garantizar plenamente su autonomía e independencia de los otros poderes.
Desde hace años, la Corte ha demandado que la Judicatura Federal reciba una partida fija, con lo que terminaría la discusión recurrente en el Congreso sobre los recursos que se deben asignar a la impartición de justicia.
En la discusión de esta controversia estatal, los ministros sostuvieron que el Ejecutivo no tiene facultades para modificar el presupuesto de egresos que envíe el Poder Judicial al Congreso, en razón de que el gobernador sólo es el medio para que la judicatura local entregue su proyecto de presupuesto al Legislativo.
Por otro lado, los ministros determinaron que en caso de que el Congreso resuelva disminuir el presupuesto y las prestaciones económicas a que tienen derecho los magistrados y jueces, podrá hacerlo, pero deben "fundar y motivar" las razones de su decisión.