Acuerdo del IFAI sobre unos 600 servidores públicos separados de sus cargos
La SFP deberá difundir los nombres de funcionarios cesados este sexenio
Aclara el instituto que la dependencia mantendrá ciertas atribuciones en los casos
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Luis Pazos, director general de Banobras, acusado de peculado FOTO Archivo
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Por primera ocasión, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) resolvió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe difundir la relación que contiene los nombres de los funcionarios federales, alrededor de 600, cesados en lo que va de la gestión del presidente Vicente Fox, por incurrir en diversas irregularidades.
El nombre del funcionario es "la llave" para tener acceso a una serie de datos (sanción, motivos, hechos, cargo, etcétera) que la SFP difunde en su página de Internet sobre las sanciones impuestas, los cuales el ciudadano común no podría conocer por la falta de ese dato.
Pese a ese avance, los expedientes conservan su carácter "confidencial" cuando prosiga un juicio ante diversas instancias del Poder Judicial de la Federación, para evitar "daños a la estrategia procesal", según la resolución del proyecto a cargo del comisionado Alonso Lujambio, el cual contó con el voto a favor de tres comisionados del IFAI.
Ante ello, la SFP mantiene sus atribuciones para decidir cuándo procede hacer pública, vía Internet, la sanción impuesta a algún funcionario y las razones que la motivaron, decisión por la cual el comisionado Juan Pablo Guerrero emitió un voto "particular", a fin de adicionar información a la resolución en cuestión, registrada con el expediente 1529/05.
En la sesión, Guerrero argumentó que una vez que la SFP hace pública la sanción a algún funcionario -mediante boletines o declaraciones de su titular, Eduardo Romero-, la dependencia está obligada a difundir una versión pública del caso donde, además de esos datos "mínimos", tendría que acreditar su desempeño en la sustentación de la resolución administrativa emitida, lo cual no causaría daño al proceso, porque de éste es notificado el involucrado, haya o no impugnación.
Sin embargo, Lujambio refirió que dar a conocer esos elementos podría poner en riesgo algún proceso jurídico, sobre todo si hay impugnación ante algún tribunal.
Juan Pablo Guerrero insistió en que es al IFAI "al que le compete poner la raya, con toda precisión, sobre lo que debe ser o no público. ¿O acaso le tenemos que preguntar a la SFP qué debe ser público por el estado procesal en que se encuentra una sanción administrativa?"
La presidenta comisionada del instituto de información, María Marván, indicó que sería muy "riesgoso" solicitar una versión pública de los 600 expedientes sin conocer en qué estado procesal se encuentran, por lo cual consideró inviable la propuesta de Guerrero.
Paradójicamente, la semana pasada los comisionados del IFAI votaron en favor de la reserva por dos años del dictamen y resolución de la SFP emitido contra el director de Banobras, Luis Pazos (por la difusión de su libro Los jardines secretos de Dios, con recursos del erario), ponencia a cargo de Juan Pablo Guerrero, quien obviamente votó contra la reserva.
En el debate salió a flote la diferencia de criterio que campea en diversas resoluciones, particularmente en ese tipo de solicitudes, por lo cual Lujambio insistió en la necesidad de "continuar" con los trabajos de la comisión creada ex profeso, que encabeza el comisionado Alonso Gómez Robledo, para "dirimir esas diferencias y establecer los criterios mínimos" que determinen cuándo debe o no abrirse esa información.