Insisten en que su política fronteriza viola los derechos humanos de indocumentados
Apoya el gobierno de Bush a sectores más violentos y racistas, señala ONG
Organizaciones pro migrantes afirmaron que las acciones impulsadas por el gobierno del presidente George W. Bush para sellar la frontera con México y militarizarla son, además de violaciones a los derechos humanos, "una evidente muestra de apoyo a los sectores más violentos y racistas que, como los minutemen, han logrado consolidar una política que fomenta el miedo y la inseguridad".
Activistas de México y Estados Unidos advirtieron que medidas como la creación de un nuevo muro fronterizo, incremento del número de elementos de la Patrulla Fronteriza e instalación de sistemas de rastreo y detección de indocumentados, "sólo es una política fracasada que ha traído muerte, inestabilidad social y económica, así como mayor inseguridad para la población de ambos países".
Por ello, afirmaron que como parte de las acciones de resistencia se impulsará la denuncia ante tribunales estadunidenses de cualquier violación que cometa la Patrulla Fronteriza, a la que "se le han otorgado poderes extraordinarios para que pueda decidir, sin mediar juicio alguno, quién será expulsado y a qué personas se privará de su libertad, generando condiciones alarmantes de inseguridad y posible violación sistemática de los derechos humanos".
Isabel García, directora de la Coalición de Derechos Humanos Alianza Indígena Sin Fronteras, con sede en Tucson, Arizona, indicó que ese estado ha sido el "laboratorio" de la política antinmigrante del gobierno de Bush, creando las condiciones para una mayor inestabilidad económica y social y en el que se ha pretendido criminalizar el fenómeno migratorio para justificar mayores medidas de represión".
La muerte de casi 4 mil personas en los 11 años que tiene de vigencia el programa de la Patrulla Fronteriza y el constante incremento de indocumentados que se asienta en el país, es prueba fehaciente de que estas medidas no funcionan y en cambio han tenido un elevado costo en vidas humanas, sin que se garantice la seguridad y un trato digno a los migrantes.
Por su parte, Esmeralda Siu, coordinadora de la Coalición Pro Defensa del Migrante en Tijuana, Baja California, aseguró que con el evidente endurecimiento de las medidas antinmigrantes del gobierno estadunidense, la red de observadores fronterizos de ambos países redoblará esfuerzos para "estar muy atentos de sus acciones y denunciar cualquier agresión, e incluso acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por la violación sistemática de los derechos de los indocumentados".
Nuestra intensión, indicó, es presentar un caso ante el organismo internacional como evidencia de que los derechos humanos en la fronteras de nuestro país son atacados y vulnerados de forma sistemática, sin que el gobierno de México responda ante estos ataques y cumpla con su obligación de proteger a todos sus ciudadanos.
Por ello, calificó como "absurdo" que se pretenda sellar la frontera cuando ambas economías están fuertemente vinculadas, no sólo por los miles de trabajadores documentados que año con año se trasladan a los campos agrícolas de California para levantar las cosechas, sino por la negativa de ambos gobiernos a abrir un debate binacional en el que se construyan acuerdos de fondo, y no sólo se ofrezcan soluciones paliativas como nuevos proyectos de trabajadores temporales, "pero sin ningún derecho ni condiciones para una vida digna".
Amenazas terroristas
En tanto en Hermosillo, Sonora, el departamento de seguridad interna de Estados Unidos ((DHS, por sus siglas en inglés) anunció el despliegue de mil 700 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México durante el próximo año, con el propósito de proteger a ese país de alguna amenaza terrorista y frenar el cruce de indocumentados.
De ese total, 643 se sumarán al trabajo de vigilancia que realizan más de 2 mil integrantes de esa corporación sólo en la frontera entre Arizona y Sonora; 452 resguardarán la franja de Texas; 352 serán enviados a California y 253 a Nuevo México.
En la región Sonora-Arizona, conocida como el corredor de la muerte, las autoridades federales estadunidenses han reforzado las acciones y programas destinados a combatir la migración ilegal.
Por su parte, David Aguilar, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, consideró que este despliegue tendrá un "impacto inmediato en los esfuerzos para proteger al país de la amenaza del terrorismo, mejorando a la vez la calidad de vida de las comunidades fronterizas".