La maestra, ausente; el interrogatorio, a una silla

Responsable "confesa", declara el PRI a Gordillo

En una carta la enjuiciada rechaza todas las acusaciones

CIRO PEREZ SILVA

Frente a la silla que nunca llegó a ocupar Elba Esther Gordillo en la sesión de desahogo de pruebas, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI lanzó seis preguntas relacionadas con los dos recursos de expulsión presentados contra la maestra. El silencio tras cada una de las interrogantes fue interpretado como una confesión, y en este carácter se espera que en los próximos días la ex secretaria general sea separada de las filas del tricolor, si bien se prevé un largo proceso ante tribunales como respuesta de la afectada.

Aunque para la senadora Martha Tamayo, presidenta de la comisión, Gordillo estaba en libertad de decidir si asistía, explica que al no hacerlo renunció a su derecho de audiencia y se le declaró "confesa", al darse por ciertos los supuestos que se le plantearon. Precisó que "las posiciones se tienen que absolver de manera personal".

Mientras, la maestra enfatizó que no era obligatorio acudir a la sesión. Sólo envió, por conducto de su asesor jurídico, Luis Angel Martínez, un amplio texto de defensa en el que pide se le dé por "presentada" y se evalúen sus alegatos.

"De no tomarlos en cuenta se ocasionarían graves perjuicios contra mis derechos, que incluso se encuentran tutelados no sólo por la Constitución, sino también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", advirtió.

En el documento, Gordillo negó "categóricamente" todos los cargos que se le imputan "en el juicio amañado y sumarísimo" para expulsarla del PRI, y condena que ni el candidato presidencial del tricolor, Roberto Madrazo, ni el líder de ese partido, Mariano Palacios Alcocer, "tengan el valor y la gallardía para defenderse a sí mismos" en este proceso, ya que, asegura, quienes interpusieron las demandas "carecen de interés jurídico".

Sostuvo que son improcedentes las probanzas ofrecidas por la parte denunciante, ya que en los hechos reclamados y los agravios de los que se "duelen" no se afecta su esfera jurídica ni se acredita vulneración alguna en su persona.

"No cuentan con interés jurídico suficiente para poder asumirse como paladines de las causas partidistas y acudir a exigir en nombre de todos los priístas se proceda a sancionarme a partir de conjeturas, rumores y suposiciones sustentadas en meros recortes periodísticos e intrigas de corrillo", dice; tampoco representan al candidato Madrazo "ni al ilegítimo presidente sustituto, Mariano Palacios".

La maestra agregó: "Es necesario señalar, senadora Tamayo, que lo extraño de este procedimiento es que ni el señor Madrazo Pintado ni el señor Palacios Alcocer tienen el valor ni la gallardía para defenderse a sí mismos, pues es evidente que ninguno de ellos posee la calidad moral para hacer frente a quien puede decirles cara a cara la clase de personas que son y lo nocivo que pueden resultar para la vida del partido y del país".

Afirmó que dicha facultad se le reconoce únicamente a los partidos para, en su caso, pedir sanción por los cuatro elementos de que se le acusa a ella: promover la conformación de un partido distinto al PRI; insultar a Madrazo Pintado y afectar su buen prestigio ante la ciudadanía; apoyar a candidatos de institutos distintos al tricolor, e incurrir en continua inasistencia a las funciones partidistas encomendadas como secretaria general.

Poco después de las 13 horas, en conferencia de prensa, Tamayo enfatizó que la comisión "ha intentado abstraerse de cuestiones de orden subjetivo y de prejuzgamiento", y ayer se dio un "tiempo prudente" para que las partes pudieran concurrir. Al no presentarse la maestra, se le envió un apercibimiento, que ignoró.

Finalmente sólo concurrió el diputado José Javier Villacaña, representante común de la primera denuncia. En la audiencia, dijo, se desahogaron todas las pruebas ofrecidas por las partes y concluyó después de escuchar alegatos, sin que esté prevista una fecha determinada para emitir la resolución correspondiente.

Interrogada sobre el significado del término utilizado para definir la situación de la maestra, Tamayo apuntó que "confesa quiere decir que se reconoció como cierto todo lo que se le preguntó, y (el procedimiento) se calificó de legal".

Tamayo explicó que las partes hacen una sesión de preguntas, en este caso se hicieron seis. "Nosotros tenemos que calificarla y lo hicimos en relación con un artículo que señala cómo deben hacerse las preguntas. Y ahí les adelanto: deben referirse a un solo hecho, no deben ser insidiosas, deben corresponder a hechos de la propia absolvente, es decir, a la persona que se le está preguntando", comentó, aunque no dio a conocer las interrogantes formuladas.