En siete años la institución se abstuvo de ejercer acción penal
Ineptitud de la PGR deja a Chapa libre de toda culpa
El ex fiscal resultó exonerado de soborno y del escándalo de La Paca
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El ex fiscal (sentado) durante las pesquisas en la finca El Encanto, donde buscaba la osamenta de Mu�Rocha, en octubre de 1996 FOTO La Jornada
Foto: La Jornada
La falta de acciones jurídicas de la Procuraduría General de la República (PGR) a lo largo de siete años permitió que el pasado primero de diciembre un tribunal federal confirmara la prescripción de los delitos atribuidos a Pablo Chapa Bezanilla durante las pesquisas sobre el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, ex secretario general del PRI, ocurrido el 28 de septiembre de 1994.
Con la resolución judicial, el ex fiscal especial de la PGR quedó libre en definitiva de cualquier acción penal en su contra y de las imputaciones que se le hicieron por haber sobornado con 500 mil dólares a Fernando Rodríguez para que acusara a Raúl Salinas de Gortari de ser el autor intelectual del asesinato; por contratar a la vidente Francisca Zetina, La Paca, con el propósito de localizar la supuesta osamenta de Manuel Muñoz Rocha, y por manipular el expediente y falsear documentos ante tribunales en el juicio contra el hermano del ex presidente.
El proceso penal contra el ex funcionario de la PGR llamó la atención desde el principio en virtud de que fue un juzgado del fuero común el que inicialmente actuó en su contra, pese a que por la naturaleza de los delitos que se le imputaron era competencia de la justicia federal. Esto se confirmó después, cuando la novena sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) dejó sin efecto el auto de formal prisión con el argumento de que el asunto era de competencia federal.
Las acusaciones que formuló en 1997 la procuraduría de Justicia capitalina, y que un año después tuvieron que ser turnadas al ámbito federal, quedaron sin sustento con la resolución del jueves pasado del primer tribunal unitario del primer circuito.
En marzo de 1998, después de que la novena sala penal del TSJDF decretó la libertad con las reservas de ley en favor de Chapa Bezanilla -por no encontrar pruebas suficientes para juzgarlo por uso indebido de atribuciones y facultades, informes falsos dados a una autoridad distinta de la judicial, simulación de pruebas materiales y violación a las leyes de inhumación y exhumación-, el caso fue turnado a la justicia federal.
El asunto recayó en el juzgado 11 de distrito, y éste solicitó a la PGR, en marzo de 1998, que presentara los alegatos necesarios para procesar a Chapa Bezanilla, lo cual no ocurrió.
De esta forma, en abril de este año, el juez 11 de distrito del Reclusorio Oriente, Daniel Sánchez Montalvo, determinó en la causa penal 100/97 que los actos ilícitos que la procuraduría capitalina imputó en 1997 al ex funcionario prescribieron la segunda semana de ese mes.
Documentos judiciales a los que tuvo acceso La Jornada revelan que el pasado jueves el primer tribunal unitario del Distrito Federal, a cargo del magistrado Fermín Rivera Quintero, dio por concluido en definitiva el caso, al considerar que transcurrió el plazo de siete años que tenía de vigencia el delito de uso indebido de atribuciones y facultades -uno de los cuatro que originalmente se atribuyeron a Chapa Bezanilla.
Durante todo ese tiempo la PGR no ejerció acción penal contra el ex fiscal por esos hechos, y sólo hasta que el juez Sánchez acordó la prescripción de los delitos, el pasado 15 de abril, el Ministerio Público Federal procedió a impugnar la resolución de primera instancia con el presunto propósito de continuar sus investigaciones contra el ex fiscal.
Pero el tribunal unitario confirmó el fallo del juzgado la semana pasada, dentro de la toca penal 172/2005, y con ello el inculpado se libró en definitiva de toda responsabilidad penal en los hechos ocurridos hace 11 años, que le valieron la fama pública, primero, y el desprestigio después.
El ex fiscal fue uno de los funcionarios que se vieron favorecidos en la PGR con casos relevantes. A él correspondió encabezar las pesquisas del caso Ruiz Massieu y del homicidio del priísta Luis Donaldo Colosio, por mencionar algunos.
Ambos asuntos le valieron duras críticas de juristas destacados y hasta de quienes fueron sus acusados (Raúl Salinas, en el primer caso, y Othón Cortés, en el segundo), y de paso un desprestigio público a la PGR, entonces a cargo del panista Antonio Lozano Gracia.
En su resolución firmada el pasado primero de diciembre, el magistrado Fermín Rivera puntualizó: "Se confirma la sentencia recurrida y se declaran prescritos los delitos en favor del inculpado Pablo Chapa Bezanilla. Los agravios formulados por el Ministerio Público Federal resultan inoperantes y carecen de toda técnica jurídica, pues no combatieron todos los argumentos esgrimidos por el juez (Sánchez Montalvo) para declarar prescrita la acción penal".
En abril pasado la PGR argumentó que la prescripción de los hechos delictivos que se imputaron a Chapa debía darse a los 20 años de que se decretó el auto de libertad con las reservas de ley en favor del inculpado, el 24 de marzo de 1998; es decir, que los delitos supuestamente debieron prescribir el mismo día, pero del año 2018.
No obstante, el magistrado reviró a la PGR con el argumento de que el artículo 108 del Código Penal Federal establece que cuando existe concurso de delitos (que se le imputan varios a una persona) "las acciones penales que de ello resulten prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor".
En este caso era el de uso indebido de atribuciones y facultades, cuya pena va de dos a 12 años de prisión, siendo el término medio aritmético siete años, mismos que se cumplieron en el caso de la causa contra el ex fiscal el 15 de abril de 2005.