Cuentas claras ¿cuándo?
Los negocios públicos en México suelen ser una calamidad. El gobierno, sea quien sea que lo presida, no asume su responsabilidad como propietario de bienes que son propiedad de la nación. Esto ocurre especialmente cuando los activos son rentables y así actúa como socio de intereses privados.
Esta no es una fatalidad del mercado y del entorno en el que se mueven las empresas, sino resultado de las prácticas políticas imperantes en el país, es decir, business as usual.
Son muchos los casos en que la experiencia indica que con regularidad se socializan las pérdidas, una y otra vez, mientras con puntualidad de reloj suizo se privatizan las ganancias.
De manera perversa se confunde la identidad de lo que es público y lo que es privado. Es más, se crea la falsa idea de que el gobierno, por necesidad, es un mal administrador y que el sector privado lo es y, por eso, hay que transferirle la gestión de todos los negocios, sean los que sean y en cualquier condición financiera. En uno y otro lado de la identidad que se establece entre el gobierno y las grandes empresas se sabe que eso es falso; lo sabe también la gente, pero es muy conveniente para todos los involucrados.
La crisis de 1994 exhibió esta forma de actuar de modo muy notorio, con consecuencias que han sido sumamente graves en términos económicos, financieros e institucionales. Esta práctica contradice las bases mismas de la política pública que con tanto ahínco defiende el gobierno. No se maximizan los recursos fiscales, al contrario, se sacrifican. Si así operaran esos mismos funcionarios públicos, responsables de cuidar el patrimonio de la nación, como ejecutivos en el sector privado estarían ya hace mucho sin trabajo.
Ahí queda para ser analizada la política presupuestal que se ha aplicado para ajustar a la economía mexicana desde hace décadas, y de lo que tanta gala se hace hoy.
Aquella crisis nos dejó con un adefesio institucional que es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), involucrado en el más reciente caso de incapacidad de gestión económica: la venta de la compañía aérea Mexicana. Esta empresa era parte del grupo Cintra, del cual aquel organismo tenía 46.5 por ciento de las acciones.
La obligación del IPAB es deshacerse al mejor precio de los activos con los que se quedó luego de la crisis. No se olvide que en efecto éstos son bienes propiedad del Estado, o sea, de la sociedad, y que el valor que tienen no es en todos los casos sólo de tipo mercantil. El IPAB ha sido en este sentido un rotundo fracaso, ya que ha recuperado únicamente una fracción muy reducida de lo que valen los activos que administra, no tiene ningún criterio estratégico para su destino y, por si fuera poco, exhibe una patológica falta de transparencia en las transacciones que realiza.
El asunto de Mexicana de Aviación es de antología, como fue la privatización de los bancos mediante el Fobaproa y, luego, por el mismo IPAB.
No es claro por qué el gobierno debe vender al sector privado unas empresas que, como las de aviación (incluyendo Aeroméxico) son rentables. Esta situación se consiguió con el uso de recursos públicos y ya con ganancias se venden para beneficio privado. Si no, a qué se debe haberlas depreciado antes de venderlas dando concesiones para crear una serie de empresas aéreas como Azteca, Vuela, Clic y la más reciente Interjet, de Miguel Alemán. Una cosa es alentar la competencia en el mercado y otra es atentar contra el valor de los bienes públicos ¡y desde el mismo gobierno!
Cintra recibirá del Grupo Posadas, comprador de Mexicana, 165.5 millones de dólares y estima que el valor total del trato será de mil 460 millones, una cuenta que los analistas financieros cuestionaron de inmediato.
Ni Cintra ni el IPAB han aclarado las condiciones precisas del trato; tampoco han despejado la duda del valor general de la transacción. Esta es una cuestión que tienen que afrontar el presidente de Cintra, Andrés Conesa, quien ha quedado tan satisfecho con la operación, así como los responsables del IPAB, su secretario ejecutivo Mario Beauregard y la junta de gobierno.
No debe esperarse que esto suceda. Pero una vez más la turbiedad es la norma. ¿Se podrá saber por qué desde abril el banco BBVA Bancomer, que tenía 13.5 por ciento de las acciones de Cintra, las vendió por mil 805 millones de pesos, lo que prácticamente equivale a lo se recibirá por la venta de Mexicana? ¿Alguien podrá explicar por qué los jefes de BBVA Bancomer son tan astutos inversionistas, mientras los jefes de Cintra y del IPAB son tan mediocres?
La falta de exigencia para que se rindan cuentas claras es un signo ineludible de impunidad pública y privada.
La decisión de vender las líneas aéreas con una larga historia de intervenciones del gobierno para rescatarlas nunca fue aclarada por el gobierno del presidente Vicente Fox. Tampoco ha propuesto una política definida para un sector estratégico para la economía, como es el del transporte aéreo. La ineficacia de su secretario de Comunicaciones y Transportes es notoria.
Como en muchos otros casos, esa política de Estado es inexistente, lo único que importa es privatizar al costo que sea. Como ya es costumbre, lo que dentro del país es confuso, quiere promoverse fuera.
Así es mejor firmar un Acuerdo de Asociación Estratégica con Chile para aplicar conjuntamente políticas de Estado en una serie de temas difusos -que seguramente acabará en los cajones correspondientes de ambas partes- que tener un gobierno coherente.