La resolución definitiva podría tardar varios meses
Estudian apelación de PGR en el caso Artemisa Aguilar
El futuro jurídico de Artemisa Aguilar Moreno, suegra de Santiago Pando, ex publicista del presidente Vicente Fox, está en manos de la magistrada Rocío Graciela Santes Magaña, titular del segundo tribunal unitario del Distrito Federal.
La funcionaria recibió el pasado viernes del juzgado 17 de distrito, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, el expediente de más de 10 tomos relativo al caso de la banda de traficantes de indocumentados a la que supuestamente pertenecía Aguilar Moreno cuando laboraba en el Instituto Nacional de Migración (INM).
En noviembre pasado, la juez Isabel Porras Odriozola ordenó la inmediata libertad de Artemisa -quien estuvo presa más de un año- tras exonerarla de cualquier responsabilidad penal en esos hechos.
Sin embargo, el litigio no concluyó con esa resolución; la Procuraduría General de la República (PGR) pidió que el caso lo revisara un tribunal de apelaciones.
A partir de este lunes, la magistrada federal designará a un secretario proyectista del órgano jurisdiccional para que elabore el dictamen judicial correspondiente.
Como el tribunal unitario no cuenta con tiempo límite para revisar el voluminoso expediente, la resolución definitiva e inapelable para la PGR podría tardar varios meses.
Según fuentes judiciales, mientras no concluya el juicio en el tribunal unitario, Artemisa no puede exigir su reinstalación laboral, aunque sí puede buscar otro empleo, transitar por el país y aun abandonarlo.
Además de la apelación que afecta a la suegra de Santiago Pando, la PGR presentó el recurso contra otras 18 personas que también fueron acusadas de participar en una red mundial de traficantes de indocumentados que operaba desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En la apelación, la PGR consideró que Porras Odriozola no valoró adecuadamente las pruebas de cargo contra los inculpados, como el que los involucrados facilitaban papelería falsa a indocumentados para ayudarles a llegar a ciudades fronterizas.
Además, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada alegó que la juez omitió considerar que los 11 denunciantes, dado, que son extranjeros, desconocían los nombres de los acusados.