Hay que consolidar acciones que garanticen la equidad de la contienda, dice consejero
Busca el IFE evitar la injerencia de servidores públicos en los comicios
Podrían llamar a las instancias que vigilan los recursos a que realicen una supervisión estricta
Con el propósito de inhibir la injerencia de funcionarios públicos federales en el proceso electoral de 2006 y que esa conducta pudiera desequilibrar la contienda, el Instituto Federal Electoral (IFE) analiza opciones que podrían ir desde un exhorto para no utilizar su cargo con fines proselitistas, o bien la posibilidad de alcanzar convenios con las instancias responsables de vigilar los recursos públicos para que ejerzan una supervisión estricta de la forma en que se ejercen.
La intención, comentó el consejero electoral Virgilio Andrade, es consolidar el conjunto de acciones tendentes a garantizar la equidad de la contienda. En estas opciones no se descarta aún la posibilidad de dar viabilidad al acuerdo que los partidos políticos han alcanzado en la Comisión de Radiodifusión del IFE, para exhortar al instituto a ser la instancia negociadora de la publicidad ante las empresas de medios de comunicación, con tarifas únicas.
Andrade mencionó que este acuerdo no es vinculante para los consejeros electorales, pues se debe revisar su viabilidad, ya que involucra una decisión sobre lo que podrían ser tratos de orden comercial. En primer lugar se podría pensar que es una determinación que involucraría a una tercera instancia, en este caso los medios de comunicación, que podrían incidir en la viabilidad de dicho acuerdo.
En días pasados, el PRD planteó ante el Consejo General la posibilidad de que el IFE negociara tarifas únicas que permitieran garantizar una mayor equidad de la contienda, propuesta que recibió como ofrecimiento del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, una contrapropuesta que sería planteada en la próxima sesión del consejo, a efectuarse la próxima semana, donde se analizarían las opciones.
Las fórmulas para acceder a medios de comunicación tienen tres vertientes, comentó, los tiempos oficiales que son distribuidos, la adquisición de una bolsa de espots que adquiere el propio IFE para los partidos políticos y las negociaciones de orden comercial que realizan los partidos.
Los alcances
El punto medular, reconoció, es revisar cuáles son los alcances que puede tener una autoridad electoral en materia mercantil, es decir, en la negociación de los paquetes de espots que cada partido o coalición vaya a contratar con las empresas de medios de comunicación. La legislación electoral, dijo, establece que son los partidos los que tienen el derecho exclusivo de negociación con las empresas.
En la actualidad, disposiciones en diversos ordenamientos legales de orden local, principalmente, han permitido un mayor impulso a la "neutralidad gubernamental" durante los procesos electorales. A escala federal solamente existen algunas normas de orden penal que restringen el uso de recursos públicos, pero "no tenemos otro tipo de restricciones para esa neutralidad gubernamental", indicó.
"Se han esbozado ya algunas posibilidades, entre ellas un exhorto, un conjunto de reglas en las que sean los propios partidos políticos los garantes del cumplimiento de afiliados o que apoyen el involucramiento de otros poderes públicos para poder garantizar esta neutralidad gubernamental", comentó Andrade.
Podría llegarse, añadió el consejero electoral, a la posibilidad de concretar convenios de colaboración y compromisos de una más estricta vigilancia sobre el destino de recursos públicos. Estas medidas complementarían el conjunto de acciones que se han ido adoptando para consolidar una contienda electoral más equilibrada: reformas al reglamento de fiscalización, la denominada tregua navideña para que los candidatos y partidos políticos no realicen proselitismo entre el 12 de diciembre y el 18 de enero.