La transición y la derrota ideológica de la derecha
Mientras que por un lado se hacen esfuerzos para proyectar una imagen de que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, presente en tres años de encuestas, ya no es tal, en los hechos se hace todo lo contrario. Por ejemplo, el proyecto del PRIAN de cambiar la Constitución para que el siguiente gobierno no pueda nombrar a funcionarios importantes para la política económica y social, volviendo "autónomos" a los organismos relativos, muestra intentos desesperados de frenar lo que ellos están considerando, con sus acciones, inevitable.
Ya antes habíamos visto casos como el del llamado tren bala. Hace unas semanas, el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal anunció el próximo inicio de la construcción de un tren de alta velocidad de México a Guadalajara. No es más que lo que sería la primera etapa de uno de los trenes mencionados en el compromiso 29, de los 50 compromisos públicos de López Obrador.
Ya antes habíamos visto casos similares. Habíamos escrito sobre algunos de ellos. Los bancos, de los cuales por lo menos el mayor se había negado a adelantar el pago de los muy rentables pagarés del Fobaproa-IPAB, firmaron los pagos anticipados, ante el planteamiento, en los mismos 50 compromisos, de reconocer esos pagarés y otras formas de deuda no reconocida oficialmente como tal, como deuda pública, y restructurarla. Las autoridades de Hacienda tuvieron que hacer suyo el planteamiento que antes habían rechazado.
El director general de Pemex aceptó la necesidad de una reforma fiscal en la paraestatal, que hiciera menos depredador el régimen vigente; y de la integración de Pemex en una empresa, como lo era antes. El mismo funcionario sostuvo que "esta situación no es sostenible". Aunque agrega otros puntos para "colar" a la inversión privada en áreas que la Constitución reserva en exclusiva a la nación, está aceptando puntos del compromiso 22.
Los tecnócratas y otros funcionarios que han defendido la línea de "todo al gas natural" como medio para generar electricidad, y que a un año de dejar el cargo insistieron en que en los próximos 10 se va a seguir usando puro gas, ante los precios cada vez más caros de este energético han tenido que mezclar ese discurso con medidas, limitadas pero que antes no las había, de diversificación de fuentes de energía eléctrica. Aunque en términos -propios del actual gobierno, desde el pretendido aeropuerto de Atenco- de ganarse la enemistad de la población y de poner en riesgo los proyectos mismos, se han iniciado o tratado de iniciar proyectos hidroeléctricos y de generación con el viento. Ahora los datos oficiales son contradictorios entre sí, y en varios casos se nota que la electricidad generada con gas es más cara que la de otras fuentes.
Todo esto se da después de haber tachado las medidas resumidas, o sintetizadas, en los 50 compromisos, de populistas, de no ser viables, etcétera. La defensa del sistema vigente, que en algunas áreas ya se cae a pedazos, se va quedando sin sus bases ideológicas.
Hay otros planteamientos, que provienen de quienes defienden en mayor o menor grado la alternativa del cambio sintetizada en estos compromisos. Por ejemplo, se ha planteado que con recursos presupuestales no habrá suficiente dinero para las inversiones y que habrá que seguir un tiempo contratando Pidiregas, de manera decreciente. Es necesario ver cuál es el problema de fondo de los Pidiregas como tales, pues el hecho es que las industrias energéticas han complementado sus recursos para la inversión con crédito siempre. Lo que sucede es que se contrataba el crédito directamente y en el sistema financiero.
El problema de los Pidiregas es que se unen en la misma operación, y con la misma empresa o grupo de empresas, la adquisición de los materiales, la ejecución de la obra y su financiamiento. Esto hace que los proyectos sean carísimos, además de que se corta el proceso que había de acumulación de experiencia y conocimientos en la paraestatal respectiva. Siempre será más barato comprar los equipos directamente, y con esto se tendrá además un mejor control. Incluso si se contrata obra o parte de la misma, y se suministran los materiales a la empresa instaladora, el costo será menor. Si la empresa compra e instala, cargará sus costos indirectos y aumentará su margen; además, se va a reducir la competencia en los concursos, porque sólo los que tengan más recursos podrán participar.
Si, además, se junta lo anterior con el crédito, la empresa va a cargar costos todavía mayores. Un ejemplo reciente: en el concurso de la Comisión Federal de Electricidad de una planta eólica para generar electricidad, La Venta II, el costo fue de más de mil cien dólares por kilovatio instalado. Como referencia, el año pasado, en marzo, en China se concursó una planta bastante más pequeña (y por tanto, con menor economía de escala) y el precio de la misma fue de 620 dólares por kilovatio instalado. Casi la mitad. Aun agregando los costos de instalación y de financiamiento, es claro que la diferencia fue enorme.
Entonces, no es necesario seguir con Pidiregas. Primero, no hay que menospreciar los ingresos o ahorros resultantes del combate a la corrupción, la reducción de ingresos y privilegios de funcionarios, la restructuración de la deuda misma, etcétera. Segundo, lo que se necesite de crédito, se puede contratar como tal, y no con Pidiregas u otra modalidad similar basada, como éstos, en fusionar en un solo acto la contratación de bienes, servicios y financiamiento.
Los hechos que no pueden ser borrados muestran la sostenida ventaja de López Obrador en las encuestas y el éxito de las movilizaciones y concentraciones en el mismo sentido, incluso en partes del país en las que la izquierda había sido muy marginal. En los hechos y sucesos a los que nos referimos hay, además, un reconocimiento implícito e involuntario del fracaso de la ideología imperante.