"Actuaron por cuenta propia y sin el consentimiento ni conocimiento de sus superiores"
Los agentes que asesinaron a sicarios no estaban en funciones, aclara la PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que participaron en la ejecución de sicarios del cártel del Golfo y que aparecen en una videograbación, no estaban en servicio cuando cometieron esos actos delictivos, y que la corporación policiaca cuenta con "medios de control y supervisión eficaces" para evitar actos desleales entre su personal.
Agregó que por eso "no es justificable que se descalifiquen las acciones por la conducta de algunos servidores públicos", y que "menos aceptable es todavía que se pretenda descalificar a la AFI, cuyos logros le han permitido gozar de un reconocimiento generalizado".
Lo anterior fue difundido por la PGR mediante un comunicado de prensa, en respuesta a los señalamientos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre los que destacan que la videograbación "exhibe un grave caso de infiltración criminal", además de "descontrol interno y falta de una debida supervisión sobre personas armadas que realizan funciones de autoridad y están investidas como servidores públicos".
La PGR respondió que "ha venido realizando una frontal lucha en contra de la corrupción y de la impunidad, y jamás ha dejado de investigar ni de sancionar con severidad a aquellos servidores públicos que han vulnerado la ley, desviándose de su función".
En ese contexto, explicó que "el 28 de mayo de 2005, con motivo de una denuncia por secuestro, que fue atribuida a agentes de la AFI adscritos a la subsede de Acapulco, Guerrero, se dio inicio a la averiguación previa PGR/SIEDO/UIEIDCS/106/2005, deteniendo unas cuantas horas después, entre otros, a cinco agentes, los cuales permanecieron sujetos a la medida cautelar de arraigo hasta que se ejerció la acción penal y se obtuvo la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada de inmediato en contra de los sujetos arraigados y tres elementos más que se encontraban en funciones".
Puntualizó que "respecto de estas ocho personas, el 5 de septiembre próximo pasado el juez decretó auto de formal prisión en contra de tres de ellas; a las cinco restantes les dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. Debe subrayarse que esta determinación fue apelada por el Ministerio Público Federal".
Además, menciona que la información dada a conocer por el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, no viola la confidencialidad de las indagatorias y "evidencia la actitud transparente y responsable del Ministerio Público" en este caso.
Según la PGR, "es de particular importancia insistir en que los servidores públicos señalados actuaron por cuenta propia, fuera de sus funciones y sin el conocimiento y, menos aún, el consentimiento de sus superiores. Dichos funcionarios no contaban con ninguna clase de orden de investigación ni mandato de autoridad judicial para realizar la detención de persona alguna.
"Por ello, desde el punto de vista jurídico, no se concreta el tipo penal de tortura", ya que los agentes actuaron por su cuenta.