Evita comparecer ante el Congreso; envía a 2 secretarios a justificar gastos por $170 millones
El gobierno de Ramírez Acuña rechaza observaciones a la cuenta pública 2003
Guadalajara, Jal., 2 de diciembre. Con la ausencia del gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien había sido citado a comparecer, se reanudó este viernes la sesión de la Comisión de Inspección del Congreso local, a la que el Ejecutivo estatal mandó en su representación al secretario de Gobierno, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al titular de Finanzas, Ignacio Novoa López, con la consigna de defender la cuenta pública de 2003, que presenta irregularidades por casi 170 millones de pesos.
Durante la comparecencia, Solís Gómez intentó explicar los gastos excesivos y malos manejos administrativos de 2003 detectados por la Auditoría Superior del Estado, y pidió a los diputados que autoricen al mandatario estatal vender a particulares las empresas Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) y Servicios y Transportes.
De acuerdo con el órgano fiscalizador del estado, en la cuenta pública de 2003 se detectaron irregularidades en créditos que hizo el gobierno del estado por 126 millones de pesos a Servicios y Transportes, así como de 17 millones de pesos del Sistecozome; el gobernador prestó dichas cantidades, pero la auditoría estimó que "no los cobró debidamente".
Al respecto, Solís Gómez argumentó que haberlo hecho hubiera significado la quiebra de ambas empresas, y consideró que es mejor que la administración estatal se deshaga de ellas.
Sobre los "gastos suntuarios" denunciados por la Auditoría Superior, el secretario de Gobierno justificó los pagos excesivos en taxis y en viajes al extranjero -a los que el gobernador se hacía acompañar por una extensa comitiva- y vuelos en clase preferencial, y demandó a los legisladores definir las reglas:
"¿Cuándo se debe tener un acto de protocolo? ¿Cuándo se pueden dar obsequios, comprar vinos y licores, tomar taxis, rentar vehículos, viajar en clase premier? ¿En qué casos no?", cuestionó.
El funcionario estatal rechazó las observaciones a la cuenta pública al señalar que éstas reflejan criterios irracionales de interpretación.
Solís Gómez aclaró que las investigaciones y requerimientos derivados de la denuncia penal que interpondrá el Instituto de Transparencia e Información Pública contra Ramírez Acuña tendrán que esperar hasta que el mandatario estatal deje el cargo, ya que la legislación local no prevé al Ejecutivo como sujeto de juicio político ni de procedencia, por lo que habrá que aguardar a que pierda el fuero.