Editorial

Los espejismos de la militarización de la frontera

Ante el debate en Estados Unidos entre quienes consideran que el fenómeno de la migración está fuera de control y se ha constituido en una amenaza para el país y quienes defienden la necesidad de contar con trabajadores inmigrantes para mantener a flote ciertos sectores de la economía, el presidente George W. Bush presentó una propuesta que incrementará las medidas de vigilancia en la frontera con México. Las declaraciones del mandatario formuladas en los últimos dos días revelan que la Casa Blanca ha optado por un enfoque represivo y policiaco para abordar este tema, en un intento por congraciarse con los sectores conservadores. Si bien el jefe de Estado insistió en un programa de trabajadores temporales, sus palabras dejan entrever que los mayores esfuerzos en lo que resta de su administración estarán enfocados a garantizar lo que llamó la "seguridad fronteriza" con México, zona que consideró peligrosa.

El plan de Bush deja en claro que ahora los inmigrantes enfrentarán más dificultades para cruzar la línea divisoria, lo cual hará más peligroso su viaje para conseguir trabajo en territorio estadunidense y mantenerse a salvo de las autoridades migratorias. Las medidas propuestas implican deportar de inmediato a su lugar de origen a cualquier indocumentado que sea atrapado en la frontera; elevar y ampliar la capacidad de los centros de detención; contratar mil agentes más para la Patrulla Fronteriza; incrementar el uso de tecnología para detectar indocumentados ­léase el uso de aviones no tripulados, entre otros artefactos­ mediante una inversión de 139 millones de dólares; construir vallas y muros a lo largo de la línea divisoria, y endurecer las leyes sobre esta materia, entre otras iniciativas.

La experiencia demuestra que las medidas de corte policiaco constituyen un enfoque equivocado para abordar la problemática de la migración, ya que derivan en violaciones a los derechos humanos. La mayor vigilancia en la frontera ha orillado a los indocumentados a buscar rutas más aisladas, desérticas e inhóspitas para cruzar la frontera, provocando la muerte por inanición de muchos de ellos: en los últimos 11 años, más de 3 mil 600 personas fallecieron en su intento por ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con datos del Proyecto Fronterizo de California Rural. Asimismo, ante el temor a ser capturados, los migrantes prefieren ponerse en manos de traficantes de personas, que los tratan como esclavos: entre enero y abril de 2004 se rescató a mil 359 indocumentados que estaban cautivos en condiciones infrahumanas en casas de seguridad de Arizona. Además, las medidas represivas alientan la acción y proliferación de grupos antinmigrantes, como los Minutemen, que este año extendieron sus actividades ilegales a California.

Es prácticamente imposible frenar el flujo migratorio entre México y Estados Unidos: la frontera común mide unos 3 mil kilómetros de longitud y en territorio estadunidense viven unos 20 millones de mexicanos, de los cuales 40 por ciento no tienen documentos. Muchos de ellos migraron debido a la devastación del campo mexicano luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sumido en la miseria a miles de familias campesinas.

Por otra parte, estas iniciativas tampoco resuelven los problemas de fondo de la migración. En realidad, la economía de Estados Unidos depende de la mano de obra barata proporcionada por los inmigrantes en sectores como agricultura, servicios, salud, hotelería, restaurantes y producción industrial de diversas ramas, entre otros.

Un aspecto lamentable de esta situación es la respuesta del gobierno mexicano, que en vez de criticar la militarización de la frontera y la criminalización de los migrantes, insiste en un acuerdo migratorio que beneficiaría apenas a medio millón de trabajadores, convenio insuficiente si se tiene en cuenta que cada año 400 mil personas se suman a los mexicanos que ya están en Estados Unidos.