Ecos del rescate bancario que endosó a contribuyentes $1 billón 200 mil millones
Vedados a pobres, inmuebles que el IPAB remata a personas con conexiones políticas
Denuncia El Barzón que el instituto ha vendido activos para lucro de administradoras
En un barrio de clase trabajadora de la capital del país, un grupo de 27 familias ha chocado con puertas cerradas cuando ha tratado de comprar el edificio de departamentos donde rentan desde hace más de 30 años. El inmueble fue hipotecado por sus dos propietarios hace 15 años. No pagaron y la deuda fue transferida por el antiguo Banco Obrero, hoy en liquidación, al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
El caso de esos inquilinos ilustra una de las nuevas controversias que ha generado el proceso de rescate bancario emprendido por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo y que endosó a los contribuyentes una deuda de un billón 200 mil millones de pesos.
Mientras grupos de empresarios o personas con buenas conexiones políticas están adquiriendo a precios de ganga los bienes físicos y los activos financieros que ahora administra el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sucesor del Fobaproa, millones de personas han sido discriminadas del proceso de venta, lo que les ha impedido recuperar los bienes que perdieron -una casa, un terreno, el negocio- durante la crisis de 1995.
"Llevamos una batalla de varios años tratando de asegurar el lugar donde vivimos, algunas por más de 30 años, 27 familias", dijo Antonio de Luna Zermeño, presidente de la Unión de Arrendatarios Pro Vivienda Digna, AC. Esta organización agrupa a las 27 familias que viven en un edificio en el número 236 de la colonia Escandón, en el Distrito Federal.
Su historia, contada por De Luna Zermeño: "Los propietarios del inmueble, el matrimonio Hernández Vázquez, solicitó un préstamo de 1.8 millones de pesos (a valor actual) a una subsidiaria del Banco Obrero hace 16 años. Dejaron como prenda el edificio, donde vivimos en calidad de arrendatarios 27 familias. No pagaron y el acreedor inició un juicio de recuperación al que los propietarios no se presentaron. El edificio fue adjudicado a Banco Obrero. Este banco, a su vez, lo transfirió al Fobaproa durante el rescate bancario. Desde hace 11 años iniciamos el proceso para adquirir el inmueble, sin ningún resultado. La única respuesta concreta que hemos recibido es que no se nos puede vender".
Los bienes, tanto físicos como activos financieros de que se hizo el Fobaproa, fueron transferidos al IPAB en 1999. Este último tiene entre sus funciones legales vender esos activos y canalizar los recursos a la reducción del costo fiscal del rescate bancario. Entre esos bienes están desde las líneas aéreas nacionales, cadenas hoteleras o extensiones agrícolas hasta miles de edificios de departamentos, bodegas y terrenos urbanos y rurales.
La ley del IPAB establece que personas físicas o morales que hubieren causado un quebranto a alguna institución bancaria quedarían fuera de la venta de activos. La lógica de este ordenamiento, recuerda Mario di Costanzo, asesor de varias comisiones legislativas que han investigado el rescate bancario, era impedir que los grandes deudores pudieran recomprar sus activos a precios chatarra, que son los que ha estado obteniendo el IPAB por las ventas.
"Esto ha impedido que los pequeños y medianos deudores recompren sus deudas y el negocio ha sido transferido por el gobierno a grandes empresas -algunas extranjeras- administradoras y compradoras de cartera, quienes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos", añade.
En el caso de los vecinos de la colonia Escandón, ellos ni siquiera son deudores. Quieren comprar un inmueble perdido por el casero y hoy propiedad del Estado. Sólo que los liquidadores del Banco Obrero, en especial el responsable del área, Enrique Volante, han notificado que el edificio saldrá a la venta por subasta y que, si desean adquirirlo, deberán pagar ocho millones de pesos.
La desproporción de precios contrasta con la política aplicada hasta hoy por el IPAB. Este organismo vendió cientos de casas a una empresa relacionada con uno de los hijos de Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, a 3 mil pesos, según una comisión que investiga estas operaciones en la Cámara de Diputados.
Hasta ahora ha sido una política generalizada el remate de los bienes en poder del IPAB. Remates que han beneficiado a un puñado de grandes empresas.
El organismo de deudores El Barzón aseguró que las administradoras de cartera a las que el IPAB vende los activos se han dedicado a "lucrar" con la deuda de millones de mexicanos. Sólo actúan como intermediarios, en proceso de los que son excluidos los propietarios de pequeña escala. "Estas administradoras han adquirido cartera por 45 mil 619 millones de pesos, por la cual han pagado sólo 6 mil 952.9 millones de pesos. Es decir, por cada peso que ha vendido, el IPAB sólo ha recuperado un promedio de 15.2 centavos", añadió. La cifra es inferior a la de 30 centavos estimada por el gobierno del presidente Zedillo como meta de recuperación.
"Nosotros queremos comprar el edificio, no pedimos que nos lo regalen", dijo De Luna. "Si lo sacan a subasta, como nos han dicho que se hará, seguro lo darán a una de esas grandes empresas o personajes influyentes, con los que simplemente no podemos competir", agregó.