Función Pública la inhabilita 10 años por anomalías en la ''compra de botas e impermeables''

Carmen Segura, cesada del Fonden y multada; Santiago Creel, intocado

Ninguna mención a la acusación de legisladores de que desvió recursos por $1,300 millones

Sanción económica de $1.7 millones a la panista y otros dos funcionarios, determina la dependencia

FABIOLA MARTINEZ Y RENATO DAVALOS

Sin tocar a Santiago Creel, ex titular de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel, hasta ayer coordinadora general de Protección Civil, fue destituida de su cargo, inhabilitada por 10 años para ocupar algún puesto en la administración pública federal y multada con un millón 773 mil pesos, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) comprobó compras irregulares con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

La SFP aplicó la misma medida de Segura Rangel a otros dos funcionarios: Ricardo Cícero Betancourt, ex director técnico del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) -quien de febrero a septiembre fue contratado por la Secretaría de Desarrollo Social como coordinador de programas de atención a la pobreza urbana-, y Clicerio Jiménez Fernández, coordinador administrativo de Protección Civil. Ambos fueron inhabilitados por 15 años y se les impuso una multa idéntica a la de la ex funcionaria, por incumplir la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Sin ahondar en detalles, la dependencia mencionó que "de las siete auditorías que se han realizado a la Coordinación General de Protección Civil", en dos se solventaron las observaciones; en una tercera se concluyó el procedimiento sin encontrarse responsabilidad administrativa alguna; en otra el Organo Interno de Control (OIC) de la SG sancionó a dos servidores públicos, y dos más están en el OIC, "en sendos procedimientos disciplinarios que se encuentran en trámite".

El séptimo procedimiento -agrega la SFP-, el cual concluyó ayer con las sanciones referidas, fue instruido por la dependencia que encabeza desde julio Carlos Abascal Carranza.

Adicionalmente la Auditoría Superior de la Federación investiga el uso de los recursos del Fonden correspondiente a 2004, cuyos resultados se darán a conocer en marzo próximo.

De la información de la SFP se desprende que sólo hasta que Creel Miranda renunció a la titularidad de la SG para contender por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República se habrían acelerado las indagatorias, iniciadas desde la gestión de aquél, pero que hasta entonces no habían arrojado ningún avance.

La celeridad fue justificada por la SFP con base en el ''interés que suscitó el caso entre la opinión pública'', por lo cual el 15 de agosto pasado la dependencia ordenó atraer el expediente a fin de que fuera la dirección general de Responsabilidades y Situación Patrimonial la que resolviera el caso.

Lo cierto es que desde septiembre pasado un grupo de senadores del PRI dio a conocer que los presuntos desvíos iban más allá de compras irregulares de botas e impermeables. Encabezados por la senadora Noemí Guzmán, los legisladores afirmaron que la malversación de fondos hacia fines electorales podría ser superior a los mil 300 millones de pesos, con el propósito de beneficiar a no más de 10 empresas privadas, así como inversión de dinero público en casas de bolsa, particularmente en IXE. Por ello, anunciaron, llevarían las denuncias al ámbito penal.

El 6 de julio la diputada priísta Martha Palafox pidió ante la Comisión Permanente que se investigaran las versiones de que una empresa, presuntamente propiedad de uno de los hijos de Marta Sahagún, fue una de las beneficiadas de compras millonarias a partir de recursos del Fonden sin previa licitación.

Segura Rangel había sido señalada además de promover la colocación de miles de carteles en todo el país, por medio de las tiendas gubernamentales Diconsa, con la fotografía de Creel Miranda, entonces ya aspirante presidencial.

Fuentes de la SG consultadas confirmaron que la SFP tomó la decisión de aplicar la sanciones y difundirlas ''de último momento'', pues hasta la una de la tarde el equipo de Abascal Carranza persistía en la versión de la renuncia o "salida decorosa" de Segura Rangel para preparar su defensa encabezada por su abogado, Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). Ante la inhabilitación ya no se le permitió dar su mensaje en la SG y, por la noche, optó por hacerlo en la sede del PAN.

En un comunicado de prensa, la SFP detalló que Segura Rangel autorizó la compra ''en forma discrecional'' de 20 mil pares de botas y 20 mil impermeables a un distribuidor cuyo domicilio resultó estar ubicado en un taller mecánico.

La irregularidad se sustenta también en que las autoridades de Chiapas solicitaron un número menor de los materiales señalados para atender las necesidades derivadas del huracán Isidore, que azotó el sureste del país en septiembre de 2002.

De acuerdo con la investigación de la SFP, tras integrar los resultados de diversas auditorías se comprobó que la entonces funcionaria permitió que sus subordinados adquirieran 25 mil juegos de cada uno de estos artículos cuando sólo había autorizado la compra de 20 mil.

A Jiménez Fernández se le aplicó la sanción por ordenar el pago de diversos bienes ''en cantidad superior a la requerida, a un proveedor que resultó ser un intermediario''. Además, por ''omitir coordinar, supervisar, planear y distribuir los insumos referidos para atender la emergencia de Isidore".

La SFP detalló que las sanciones administrativas surten efecto de inmediato, aun cuando la resolución ''no es firme en tanto que los sancionados pueden impugnarla en términos de ley''.