Editorial

Violencia contra la mujer: retos y propuestas

La violencia contra la mujer es un grave flagelo social en México, con miles de víctimas de agresiones, que muchas veces incluyen la violación y llegan incluso hasta el asesinato. En el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los Niños, celebrado ayer viernes, organizaciones de defensa de los derechos humanos y a favor de la igualdad de género exhortaron a las autoridades a aprobar leyes adecuadas, establecer campañas para fomentar la denuncia de este tipo de delitos y crear organismos especializados en la atención de las víctimas. Este llamado se debe a que en nuestro país los gobiernos federal y estatales, así como el Poder Legislativo, hablan mucho sobre el tema pero hacen poco para reducir los índices de violencia contra la mujer. De hecho, durante este sexenio el término feminicidio se ha vuelto una realidad casi cotidiana en los diarios nacionales.

Los datos sobre este problema reflejan un negro panorama para las mujeres. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 90 de los 150 homicidios de mujeres en este año ocurrieron en el seno familiar, y cerca de 50 por ciento de estos crímenes son cometidos por el cónyuge, el novio o la ex pareja. Pero también existen otro tipo de agresiones que tienen una motivación sexual y que son perpetradas por desconocidos, como es el caso de las muertas en Ciudad Juárez y la capital Chihuahua. Tan sólo en la primera urbe, los datos oficiales consignan unos 300 asesinatos, aunque organizaciones civiles aseguran que el número real es de poco más de 600.

Las mujeres son las personas que más sufren maltrato a escala mundial, ya que representan entre 90 y 98 por ciento de los casos. Este porcentaje pone en evidencia que las leyes no protegen los derechos de la mujer, y México no es la excepción. En 2005, la Procuraduría General de la República registró 4 mil 800 denuncias, de las cuales sólo 30 por ciento terminó en una consignación. Este bajo porcentaje se debe, entre otros factores, a la falta de una cultura de la denuncia, a la desconfianza hacia la actuación de las autoridades y a una normatividad inadecuada, producto de la carencia de una visión clara para tratar estos ilícitos. Un ejemplo sería la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tipifica como delito la violación en el matrimonio. Por un lado, la nueva ley constituye un avance en estados que no contemplan este crimen, pero por el otro, implica un retroceso en entidades como el Distrito Federal ­donde este abuso se perseguía de oficio­, ya que ahora estos casos dependerán de la denuncia para obtener justicia.

Para frenar la impunidad, organizaciones feministas y de derechos humanos han lanzado una serie de propuestas que el gobierno debería escuchar. Uno de los principales reclamos es el establecimiento de juzgados especializados en la atención de la mujer y de centros de apoyo sicológico a las víctimas de violencia. Y es que en el país, tan sólo la capital cuenta con este tipo de oficinas. También han exigido avanzar en la equidad de género en materia de leyes, ya que éstas favorecen al hombre en detrimento de los derechos de la mujer: en al menos 12 estados la violencia intrafamiliar no es causal de divorcio, dejando a la esposa en total indefensión.

Asimismo, es necesario que el Estado vaya más allá de las campañas publicitarias y asuma su responsabilidad para combatir a fondo este problema. En este sentido, el gobierno debería invertir más recursos para capacitar a los agentes del Ministerio Públicos y crear las condiciones propicias para perseguir y sancionar esos delitos.

Se trata, pues, de acabar con la indiferencia de las autoridades hacia el maltrato y asesinato de mujeres. Un primer paso sería que todos los partidos políticos incluyan este tema en sus programas de gobierno, como pretende el Partido de la Revolución Democrática, y cumplan sus promesas una vez en el poder.