La dependencia federal debe explicar lo que ocurrió hace un año, señala diputado

PGR: habrá más detenciones por caso Tláhuac

No hay indicios de que Ebrard y Regino incurrieron en responsabilidad, reitera Encinas

A un año del linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la golpiza a otro en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha determinado si algún servidor público, federal o capitalino, incurrió en omisiones o responsabilidades de tipo penal.

Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de control de procesos de la PGR, dijo que es factible que se soliciten más órdenes de aprehensión en contra de habitantes de San Juan Ixtayopan y por lo que hace a Marcelo Ebrard y Gabriel Regino, ex secretario y subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como del ex comisionado de la PFP, José Luis Figueroa Cuevas, evitó hacer algún comentario, porque "estamos en una fase concluyente de esa parte, cuando la tengamos concluida diremos cuál es la situación legal en que cada uno quedará".

Higuera Bernal y el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas, indicaron que por estos hechos se consignó a más de 40 personas, en este momento hay 28 sujetas a proceso y 10 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Los abogados Miguel Angel Cuesta y Ana Santos, defensores de varios de los procesados, anunciaron que los familiares de los detenidos emprenderán diversas acciones de protesta para exigir a la PGR que consigne a los funcionarios que estuvieron implicados, a quienes "se está protegiendo, mientras que en la cárcel se tiene a chivos expiatorios".

Ebrard Casaubon, precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la jefatura del Gobierno, quien hace un año estaba al frente de la SSP, descartó que la PGR le finque algún tipo de responsabilidad por el linchamiento de los agentes federales.

Al afirmar que tiene la conciencia tranquila porque actuó conforme a la información que obtuvo en ese momento, confió en que en este caso impere la sensatez, pero de lo contrario "vamos a ver, ya reaccionaremos a lo que determine el Ministerio Público de la Federación", puntualizó.

Al respecto, Ortega Cuevas y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, expresaron su confianza en que la dependencia federal realiza una investigación profesional, apegada a derecho y alejada de cualquier influencia de orden político.

Esto, al ratificar ambos la postura que asumió en su momento el gobierno capitalino, de que no hay indicios de que Ebrard y Regino hubiesen incurrido en alguna responsabilidad por estos hechos.

Por su parte, el diputado local y ex presidente de la comisión especial para el caso Tláhuac, Julio César Moreno, sostuvo que "sigue siendo un secreto, un misterio", la labor que desarrollaban los agentes de la PFP en San Juan Ixtayopan y las autoridades federales han sido omisas en aclarar muchos "puntos oscuros" de lo que ocurrió aquel 23 de noviembre de 2004, como la versión de que investigaban presuntas actividades de miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Por ello, exhortó a la PGR a dar la cara ante la sociedad y explicar lo que ocurrió aquella tarde, cuyos elementos permitan fincar en definitiva responsabilidades y liberar a los que están hoy presos y que pudieran ser inocentes.

Ayer, Higuera Bernal, cuestionado sobre la posibilidad de que integrantes del EPR hubieran participado, indicó que "existe la hipótesis de que precisamente las personas que distribuían droga en la zona fueron las que azuzaron a la población para que atacara a los elementos de la PFP y así no fueran capturados", pero también aclaró que corresponderá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada determinar si miembros de grupos armados estuvieron involucrados.

Para Encinas, el problema fue producto de una falta de coordinación y de comunicación entre las autoridades federal y locales, así como con la misma comunidad, situación que ya fue corregida, y "en ese sentido creo que hemos mejorado sensiblemente los mecanismos de coordinación entre ambos órdenes de gobierno en tareas de inteligencia policial", lo que en el futuro va a permitir no solamente una mayor eficacia en las investigaciones, sino evitar que se afecte la vida de la comunidad, particularmente en el caso de los pueblos de la ciudad.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, un año es tiempo prudente para establecer responsabilidades judiciales, no permitir que los hechos se queden impunes ni favorecer los caminos para que surja otros casos similares. "Tenemos la obligación de reconocer que las instituciones tienen un déficit con las víctimas, quienes buscan hacerse justicia por su propia mano.

Gustavo Castillo, Erika Duarte, Rocío González, Raúl Llanos, Gabriela Romero, Angel Bolaños, Rosa E. Vargas y Alfredo Méndez