Usted está aquí: miércoles 23 de noviembre de 2005 Política Denuncian trabajadores de Pascual que se les quiere intimidar con la fuerza pública

Agentes de la PFP intentaron ingresar a la planta de Clavijero para "resguardarla"

Denuncian trabajadores de Pascual que se les quiere intimidar con la fuerza pública

PATRICIA MUÑOZ RIOS Y CAROLINA GOMEZ MENA

Ampliar la imagen Trabajadores de varias cooperativas se manifestaron en San L�ro en apoyo a la Pascual FOTO Jos�arlo Gonz�z Foto: Jos�arlo Gonz�z

Mientras los trabajadores de Pascual realizaban un mitin en la Cámara de Diputados, para demandar la intervención de los legisladores en su conflicto, tres camiones de la Policía Federal Preventiva (PFP) arribaron ayer a las instalaciones de la refresquera en Clavijero, lo que provocó la movilización de los cooperativistas, ya que quienes comandaban el operativo manifestaron que querían "ingresar las unidades a la planta para resguardarla", a lo que hubo una total oposición.

Los cooperativistas presentaron incluso una denuncia de hechos por esta "acción sorpresa", ya que consideraron que además de ser un acto de provocación se quiere intimidar con la fuerza pública la lucha que han iniciado por la defensa de su patrimonio.

En tanto, cientos de cooperativistas del país que apoyaron el mitin de Pascual presentaron un documento en el que denuncian las irregularidades en el conflicto de la refresquera y solicitan la intervención de legisladores para mantener las plantas como están y en favor de la refresquera.

Encabezados por integrantes del consejo de administración y sus abogados, los trabajadores buscaron sin éxito a los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN. En cambio, lograron entrevistarse con los perredistas Pablo Gómez, Pablo Franco, Francisco Carrillo Soberón y Francisco Saucedo, quienes se comprometieron a llevar este asunto hasta la mesa directiva, así como apoyar su movilización.

Eduardo Miranda, abogado de la cooperativa Pascual, explicó que se trata de toda una estrategia para acabar con la economía social del país, porque por ejemplo la Ley de Ahorro y Crédito Popular pone en riesgo de desaparecer a las cooperativas del sector, porque lleva en su contenido normativo la imposibilidad jurídica para que se pueda cumplir con la misma, porque son abundantes, costosos y complejos los requisitos que la ley les impone. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está ejerciendo una excesiva presión contra ellas.

En relación a la situación que viven los trabajadores de Pascual, señalan que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es "inconstitucional", porque no aplica el derecho social, además de que desconoce la historia de toda la lucha de estos trabajadores que sacaron adelante una cooperativa con base en el esfuerzo solidario y el apoyo de la sociedad civil, además de que anteponen el derecho privado por encima del derecho social.

Es decir, se requiere la unidad de toda la red de economía popular y figuras que integran el sector social, señalaron en el documento, el cual fue firmado por José Luis Cerda, presidente del consejo de administración de Pascual; Rafael Martínez Ponce, líder de la Alianza Cooperativista Nacional; Juan Gerardo Domínguez Carrasco, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Cooperativistas del Distrito Federal; Enrique Gómez, de Euzkadi; Alberto Guerrero Flores y David Chávez Cue, de Sociedades Cooperativas del Distrito Federal, y Miranda Esquivel.

Polos de desarrollo

De acuerdo con una investigación realizada en 17 estados, las cooperativas son importantes polos de desarrollo, señaló Juan Domínguez Carrasco, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas y Actividades Diversas, y miembro de la directiva de la Coordinadora de Organizaciones Cooperativas del Distrito Federal y Valle de Anáhuac, al precisar que derivado del mencionado estudio, la cooperativa Pascual fue reconocida como "polo de desarrollo regional".

De acuerdo con Domínguez, los argumentos esgrimidos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "no son válidos", ya que la determinación "contraviene la esencia de las sociedades cooperativas".

Detalló que el estudio, denominado Evaluación del impacto y perspectiva de los polos de desarrollo regional, se realizó durante tres años (de 2002 a 2004) y tuvo el respaldo del Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la Coordinadora Regional del Sur, Red Bioplaneta y la Unión de Sociedades Cooperativas de Actividades Diversas del DF.

En entrevista, Domínguez insistió en que la visión de los ministros no fue acertada, porque las cooperativas "no pueden ser tomadas como empresas mercantiles" y por tanto la Unión de Sociedades Cooperativas apoyará todas las acciones que emprendan los trabajadores de Pascual.

"Con ellos estamos haciendo un plan de lucha. En el Distrito Federal somos alrededor de 250 cooperativas, y todas estamos con Pascual, mientras que en el país hay alrededor de 15 mil, y sin duda la mayoría está con esta causa, que es de todos", agregó.

 
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