En el se pide a la ALDF auditar gestión de Ebrard
Filtran diputados del PRI documento ministerial sobre compra de patrullas
La procuraduría capitalina solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) audite los contratos de adquisición de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) firmados durante la gestión de Marcelo Ebrard, según un oficio ministerial que fue filtrado ayer por diputados locales del PRI.
En ese documento -distribuido en el marco de la sesión ordinaria de la ALDF- también se pide que la Contaduría "revise" el dictamen de fincamiento de responsabilidades administrativas emitido por la Contraloría interna de la SSP, relacionado con los contratos de mantenimiento a las patrullas, pues hubo "omisiones administrativas o penales" de funcionarios de esa dependencia para resarcir daños.
Este asunto era rastreado por el diputado del PRI Mauricio López Velázquez, quien incluso tenía previsto dar una conferencia de prensa el domingo próximo para exponer este caso, pero al enterarse que perredistas hicieron público el tema, optó por socializar el documento.
El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones, Víctor Gómez Saucedo, dirige el oficio -fechado el 28 de septiembre de 2005- a la Comisión de Vigilancia de la ALDF, encabezada por el perredista Pablo Trejo, en el que menciona:
"De conformidad a la información que obra en la presente indagatoria, se presume una disparidad en los precios de mercado y factura, por concepto de vehículos, equipamiento, mano de obra y refacciones de las patrullas vendidas a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo anterior se solicita su intervención a efecto de que se verifique con planta General Motor (sic) los costos y suministros que se dieron a las patrullas de la misma marca", es decir, Malibú y Cavalier.
Asimismo, Gómez Saucedo requiere a esa comisión que "en apoyo de las labores de esta representación", la Contaduría Mayor de Hacienda revise el referido dictamen de la Contraloría interna de la SSP, pues resolvió que General Motor de México y Automotriz Mexicana tenían que devolver el 20 por ciento de los contratos de mantenimiento que se ejercieron hasta 2004, por un monto de 174 millones de pesos.
"Pero no está desglosado los vehículos Malibú y Cavalier, entre otros, por lo que se solicita su intervención con el objeto de determinar el monto exacto para el resarcimiento del daño patrimonial generado al gobierno capitalino a la fecha".
El representante social añade que tampoco se hicieron esas acciones para recuperar el dinero que debió entrar a las arcas locales, por lo que, de confirmarse eso, lo notifique a la PGJDF para integrar la denuncia correspondiente.